«Entre fines de abril y comienzo de mayo, el estado de Rio Grande do Sul, en la región sur de Brasil, fue palco de la mayor catástrofe climática de su historia. Una inundación sin precedentes, después de fuertes lluvias nunca antes vivenciadas durante esta época del año, devastó 401 de los 497 municipios de la región, resultando en 1.400.000 personas afectadas. Los números no paran de crecer y, en este momento, las estimativas son de más de 240.000 personas desalojadas. Hay muchos refugiados climáticos en albergues improvisados, además de, lo mínimo, más de 100 muertos, centenas de heridos y desaparecidos y casi 700.000 personas sin agua. En octubre de 2023, un evento semejante arrasó diversos municipios del mismo estado. Esta vez, fueron 14.200.000.000.000 litros de agua solamente en la primera semana de mayo, equivalente a mitad del reservatorio de la represa de Itaiú, segunda mayor hidroeléctrica del mundo2. El Guaíba, que tiene su margen junto a la ciudad de Puerto Alegre y que se comporta a veces como río, a veces como lago, llegó al nivel histórico de 5,33 metros, altura que puede aumentar con la continuidad de las lluvias actualmente en curso.
La catástrofe es resultado directo del saqueo desenfrenado provocado por grandes empresas capitalistas y sus representantes en el comando del Estado, vinculados al latifundio corporativo, a la especulación inmobiliaria, al extractivismo y, por lo tanto, a la financierización y mercantilización de la vida. Rio Grande do Sul es un estado cuyos biomas pampa y atlántico están siendo destruidos por la minería, por los monocultivos de soja y eucalipto y por la pecuaria. Además, los sucesivos gobiernos estaduales y municipales de las ciudades afectadas, con aval de los gobiernos federales de turno, fueron responsables por el desmonte de la vegetación ciliar, acúmulo de sedimentos en los ríos, destrucción de áreas de preservación permanente, violación de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y demás pueblos tradicionales, además de vender a las empresas privadas concesiones de gestión de agua, energía eléctrica y los loteamientos para las empresas inmobiliarias.»
Felipe Mattos Johnson
