Este es el Boletín Informativo de la Asamblea Contra las Rutas del Saqueo, espacio construido por diferentes asambleas territoriales y medios libres en pie de lucha en contra del avance del capitalismo extractivo en América Latina. Nuestra articulación surgió de la percepción de que se ha instalado en la región una nueva etapa del extractivismo, en la que la resistencia a la instalación de megaproyectos mineros, pesqueros, forestales, acuíferos y energéticos dejó de ser la única tarea de los pueblos.
Desde hace por lo menos 20 años, se ha llevado a cabo a lo largo de toda la región la construcción de un gran conjunto de obras de conectividad (carreteras, hidrovías, sistemas portuarios) que reorganizan los territorios en aras de facilitar el saqueo de nuestros bienes comunes para la empresa exportadora. Con el visto bueno de los gobiernos de turno y el financiamiento de la banca internacional, estas obras buscan disminuir los costos de operación de las transnacionales que operan en América Latina, aumentando sus lucros y garantizando que nuestro continente siga cumpliendo el mismo rol que viene ejerciendo desde la invasión colonial.
Las obras de infraestructura son un frente poco difundido y criticado de la lógica desarrollista, pero sin el cual la misma no se sostiene. Es en la circulación de flujos que el capital se realiza, y sin esta etapa, la extracción no cobraría ningún sentido.
A estas venas abiertas, les hemos llamado «Rutas del Saqueo¨.
Traemos noticias de las comunidades organizadas en contra del sangrado de nuestros territorios. ¡Buena lectura!
Especial sobre los parques nacionales
Desde la Asamblea contra las Rutas del Saqueo, dando continuidad a la reflexión sobre conceptos que, presentándose como cuidadores del ambiente, esconden en realidad una avanzada del control privado sobre los territorios, siempre con andamiajes legales que gobiernos de distintos sectores ideológicos desarrollan y sostienen por igual.
Ya en nuestro Boletín No 20 “Especial sobre la transición energívora” describimos las dinámicas tramposas con las que el capitalismo esconde detrás de la idea de transición energética un imaginario donde el reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables se vende como “alternativa ecológica automática” sin cuestionar el acceso, el destino y la gestión de la matriz energética ni el propósito principal al servicio de perpetuar las cadenas de acumulación por despojo que la ecuación de reemplazo tiene.
En este trabajo, y preparándonos para el carnaval, invitamos a descubrir algunas de las caretas con que el extractivismo camufla su avanzada detrás de los proyectos conservacionistas que financian multimillonarias ONGs internacionales, y el rol que juegan los organismos estatales vinculados a la administración de parques nacionales, áreas protegidas de conservación de usos múltiples e incluso las presentadas como áreas de conservación de pueblos indígenas. Sin la pretensión de abarcar la complejidad de la temática, hacemos un boceto con lo que sucede en cuatro territorios apenas un acercamiento crítico de lo que sucede en muchos territorios en conflicto.
ARGENTINA
Políticas de conservación de áreas naturales en Argentina: despojos y apropiación colonial
Asamblea por la Vida de Chilecito
En las últimas décadas, específicamente durante la presidencia de Mauricio Macri, en Argentina se registró una adecuación de la política de creación de Parques Nacionales que profundizó su forma verticalista incorporando con protagonismo a ONGs filantrópicas conservacionistas, la mayoría con origen de fondos en Washington (Estados Unidos). A raíz de esto, los pueblos y las asambleas territoriales comenzaron a organizarse y a manifestar desconfianza, sobre todo, ante los últimos sucesos que ponen al descubierto las lógicas de despojo y apropiación colonialista, principalmente, en zonas ricas en biodiversidad y agua.
La docente – investigadora y activista Warpe, Dra. Carina Jofre[1] escribió un artículo[2] clave para entender estas dinámicas. El artículo que citamos a lo largo de esta editorial, detalla la genealogía de las políticas conservacionistas en Argentina y su proceso actual. A principios del siglo XX Francisco Pascacio Moreno inspirado en el Parque Nacional Yellowstone (EEUU), consigue la donación de 25 leguas cuadradas para creación de áreas protegidas para preservar “recursos naturales únicos dentro del territorio argentino”, considerándose este hecho como el inicio de un proceso de patrimonialización sobre territorios de gran importancia por sus recursos naturales (bienes comunes de los pueblos) desterrando a las comunidades en sintonía con la política estatal de genocidio que tuvo inicio con la campaña del desierto. A partir de lo cual, la patrimonialización en nuestro país, se funda sobre el despojo del territorio a causa del exterminio de los pueblos originarios. En este sentido Jofre (2022) afirma que,
“La patrimonialización en Argentina es un proceso jurídico por el cual el Estado declara a sitios y lugares como bienes orden público. En términos más generales, esto involucra la expropiación de territorios en favor del Estado Nacional, y su conversión en nuevos espacios de reproducción capitalista para proyectos de conservación y desarrollo. Los objetivos de apropiación y despojo son lógicas inherentes a la idea de “conservación” y “preservación”. Idea que se profundiza en las últimas décadas con la aparición de nuevos actores: las ONGs internacionales dirigidas por empresarios filantrocapitalistas. El modelo de intervención internacional de las ONGs multimillonarias es un fenómeno inédito en nuestro país. Se trata de un modelo de creación de Parques Nacionales muy distinto al que se llevó a cabo hasta el momento, puesto que se apoya en un sistema opulento de compra de tierras por parte de estas ONGs, con uso de aportes de fondos privados de terceros millonarios para la condonación al Estado, bajo un sistema que también incluye el sistema norteamericano de “canje de deuda por naturaleza”.
Caso de Famatina: ni minería ni parque nacional
Desde el año 2012 organizaciones no gubernamentales extranjeras pretenden la declaración de Parque Nacional al Cordón del Famatina en la provincia de La Rioja (Argentina) pero, recién en el año 2016 el proyecto se hizo público argumentando que se trataba de una iniciativa que surgió del pueblo. En esa ocasión, el plan fue presentado a través de la cara visible del, por ese entonces, jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Marcos Peña y de Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales (hoy director ejecutivo de la fundación Banco de Bosques).
El diario La Nación publicó un artículo en 2017[3], buscando instalar la idea de que la creación del Parque Nacional Famatina era una propuesta aparentemente impulsada por pobladores que fueron parte de la resistencia del Famatina No Se Toca.
“Ahí se empezó a alinear una supuesta narrativa de resistencia y protección, donde la creación del parque representaría una estrategia de defensa ante el acecho de la minería, planteó promocionado por estas ONGs” (Jofre, 2022). En este sentido, el proyecto hizo hincapié en un artículo de la Ley Nacional N° 22.351 de Parques Nacionales que expresa la prohibición de la exploración y explotación minera en el área declarada (Art. 5 inciso b). Esta norma sirvió estratégicamente para apuntar a doblegar a las comunidades y obtener así la licencia social para concretar proyectos a varias provincias.
En este contexto se advierte que los pueblos del valle del Famatina (principalmente, dpto. Chilecito y Famatina) vienen resistiendo a la instalación de proyectos megamineros desde hace más de 18 años. Las ONGs, utilizan la figura de Parque Nacional como la máxima instancia legal de protección “a perpetuidad”, declaración que, según manifiestan, salvaría para siempre al cerro de los proyectos extractivos. Pero el argumento deja al descubierto dinámicas y lógicas de apropiación que las comunidades de todo el país vienen denunciando con énfasis. Para Jofre (2002) desde una perspectiva científica colonizadora, esta información es utilizada para reforzar el argumento que justifica la propia existencia de este estudio, ese que sostiene que estos territorios naturales necesitan protección (externa) de los socios corporativos conservacionistas que se sirven de la información provista por estos “exploradores naturalistas” del siglo XXI. Se trata de prácticas de extractivismo científico con fuerte impacto socioterritorial y político en los territorios y comunidades objeto de estos estudios inconsultos”. Además, en el caso de los Parques Nacionales incentivados por estas ONGs, el proceso de expropiación del Famatina sería realizado a través de la compra del cerro y su posterior donación a la Administración de Parques Nacionales.
Actualmente los embates del neoextractivismo minero no han dejado de sentirse en la provincia de La Rioja, sobre todo en los departamentos de Chilecito, Famatina, y Vinchina, donde venimos denunciando que existen más de setenta concesiones mineras metalíferas y de litio. Desde el año 2006 a la fecha, el gobierno provincial habilitó la actividad minera en el Famatina, otorgando el yacimiento a la empresa transnacional Barrick Gold y luego le siguieron otras empresas (Osiko Mining Corporation, Midais Rio Blanco, Shandong Gold y Seargen S.A.) en cinco intentos de explotar los minerales auríferos de la montaña. En este contexto de alarma permanente, la estrategia se aclara: “si bien la propuesta parece ir en línea con el rechazo al extractivismo minero, las estrategias de penetración en las comunidades locales para la inoculación de un “proyecto fantasma” -que nadie conoce a ciencia cierta – alarmaron a la población de una nueva dinámica expropiatoria más difícil de develar” denuncia Jofre (2022). También, advierte sobre el extractivismo científico y el proyecto Tierras Silvestres y Biodiversidad de Sudamérica:
“Entre 2017 y 2018 se conoció un informe en inglés con fecha de 2012 realizado por Peter Morrison y George Wooten para Pacific Biodiversity Institute, una organización estadounidense fundada por Peter Morrison y Aileen Jeffries, disuelta en 2017 y luego absorbida por Natura Internacional”. El informe era un estudio del Famatina que formaba parte de un proyecto mayor conocido como “Tierras Silvestres y Biodiversidad de Sudamérica” y donde también se integraban estudios de toda la Argentina y Chile. Sabemos que el proyecto originalmente se llamó “Área Silvestre Sierra de Famatina, Ojos del Salado y alrededores”. En dicho proyecto se informa que el área mencionada es parte de “un gran complejo de tierras silvestres que consta de seis áreas de tierras silvestres individuales que suman más de 2,8 millones de hectáreas (7 millones de acres) de tamaño que se extiende desde el centro de Argentina hasta el este de los Andes chilenos”.
En su proyecto, Pacific Biodiversity Institute mencionaba como socios internacionales potenciales interesados a: ESRI, Google, National Geographic Society, The Nature Conservancy (TNC), WWF-World Wide Fund for Nature, Rainforest Concern, Wildlife Conservation Society, Conservation International y Birdlife International, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, y Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de Estados Unidos. Y en Argentina, mencionaba como socios a Fundación Vida, Fundación Patagonia Natural, Ecosistemas Argentino, Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY) y al Instituto de Ecología Regional (IER), Universidad Nacional de Tucumán y Fundación ProYungas Sede Tucumán (sedes Yerba Buena, Aconquija, Salta y Jujuy), entre otras organizaciones.
Esta fue la base para la creación de todas las áreas protegidas y reservas de los últimos años en Argentina. Planteaban la existencia de un proyecto transnacional de varios años donde proponían realizar un mapeo sistemático de áreas silvestres y una evaluación de su contribución a la biodiversidad regional y global en Argentina y Chile, para luego extenderse por otros países limítrofes.
La información provista por las investigaciones de la ONG norteamericana Pacific Biodiversity Institute dio origen a las propuestas de zonificación y creación de áreas protegidas en Argentina en años recientes, entre ellas el Parque Nacional Patagonia (2014), Parque Nacional Aconquija (en las provincias de Tucumán y Catamarca, 2019), Parque Nacional Iberá (provincia de Corrientes, 2018) y, reciente la creación del Parque Nacional Ansenuza (provincia de Córdoba, 2021). También impulsó la creación de cinco recientes Parques Nacionales en Chile. En todos estos proyectos se involucraron grandes socios inversores bajo la figura de fundaciones filantrópicas.
Estas ONGs tomaron nuevo protagonismo durante la pandemia de Covid-19, tras participar de las asambleas mundiales por el Cambio Climático. Fue así que, en septiembre del año 2021, nueve fundaciones filantrópicas internacionales creadas por las corporaciones de empresarios más influyentes del globo, se comprometieron en lo que denominaron el «Desafío Protegiendo Nuestro Planeta».
Ante esta situación la Asamblea por la Vida de Chilecito y Mujeres Defensoras del Agüita del Famatina, tomamos la iniciativa y mediante campañas y documentos de denuncia vamos caminando el territorio informando a las comunidades y alertando sobre el riesgo de aceptar la creación de un Parque Nacional que implica pérdida de soberanía sobre el Apus y el despojo de los bienes comunes a los pueblos. Junto a los documentos de denuncia realizamos cartografía temática (imagen 1) a fin de que se pueda visibilizar el área que quedaría comprendida dentro del Parque Nacional que se pretende crear, advirtiendo el peligro que esto significa para nuestros bienes comunes, particularmente las cuencas de agua y los glaciares que se encuentran en el cordón del Famatina.
El accionar asambleario y popular, despierta desconfianza en las comunidades que muy pronto comienzan a solicitar información, sobre todo acceder al proyecto para analizarlo. Las autoridades de Parques Nacionales y las ONGs en cuestión (sobre todo Natura Internacional), hasta el día de hoy no ponen a disposición el proyecto. En tanto avanzan con estrategias de cooptación para convencer a los pobladores de sus buenas intenciones (capacitaciones, talleres, subsidios a guías de turismo, a emprendedoras teleras, etc.) invirtiendo gran cantidad de dinero en folletería, dádivas y penetrando en las escuelas, clubes, iglesias y toda organización comunitaria.
Este tipo de estrategias perversas, son denunciadas por la asamblea marcando la similitud y paralelismo con las estrategias de las empresas mineras de compra de voluntades para conseguir su objetivo. Resaltamos que no son pocas las comunidades que están anteponiendo resistencia.
Preocupa la injerencia no solo de estas ONGs sino también del Estado de Israel (sobre todo desde la asunción del actual presidente Javier Milei) en todo el territorio argentino, pero especialmente sobre la Patagonia. Esta presencia no solo es militar, sino con fines científicos aparentes. El gobierno de Argentina muestra al mundo corporativo un territorio a la venta y por tanto habilitado al despojo. La Empresa Estatal Israelí Mekorot se instaló en más de diez provincias para administrar y gestionar el agua dulce superficial, subterránea y de lluvia. La General del Ejército de los EEUU Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los EEUU (SOUTHCOM), visitó en varias oportunidades Argentina y Chile manteniendo reuniones con los principales líderes de defensa civil y militar donde se plantea la futura cooperación en seguridad entre las fuerzas armadas de EEUU en áreas interés común. Apuntalando, de esta manera, la injerencia estadounidense en la zona más austral del continente en el marco de la competencia con China. Bajo la premisa de reforzar la “cooperación en seguridad” la generala envió un mensaje respecto a la importancia estratégica de la región y sus recursos para la seguridad norteamericana.
Ante este panorama, nos queda la preocupación por la gran intromisión extranjera motivada por los mal llamados recursos naturales, muy apetecibles para los países del norte global. Más aun sabiendo que con la excusa de conservar y proteger, se proponen convertir para el 2030, el 30% de áreas protegidas, “mediante la creación y expansión de áreas protegidas, alentando a la comunidad internacional a establecer objetivos de áreas protegidas más ambiciosos e invirtiendo en ciencia», según anunció la Fundación Wyss.
En Argentina hoy tenemos un gobierno de derecha liberal y fascista comandado por Javier Milei, quien a pocos días de asumir como primer mandatario del Estado nacional puso en jaque la seguridad jurídica presentando un programa político que busca disolver el Congreso. La ley ómnibus y el DNU del gobierno nacional derogan y modifican 300 leyes que conceden derechos sociales, laborales, ambientales y que fueron resultado de largas luchas sociales del pueblo argentino.
En este marco, es fundamental reconocer el impacto de estas nuevas estrategias políticas de intervención territorial que representa la embestida de las ONGs con fondos millonarios en Argentina y el avance de la lógica colonial por parte de países como China, EEUU e Israel.
Notas
[1] *Activista warpe. Feminista antiextractivista. Investigadora Adjunta del Conicet con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de San Juan. Profesora Adjunta en el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja (Sede Capital).
[2] https://agenciatierraviva.com.ar/resistencias-contra-el-parque-nacional-famatina/
CHILE
La nueva ley de áreas silvestres protegidas y el modelo extractivista que no se toca
Asamblea en Defensa del Elki
En septiembre del 2023, luego de 39 años de la creación del sistema nacional de áreas silvestres protegidas en la dictadura cívico militar, es aprobada una ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas (SBAP) junto con un nuevo sistema de áreas silvestres protegidas, asunto que se viene discutiendo desde el año 2014 y que obviamente ha sido trabada y acomodada al servicio del capital. La ley que entró en vigencia en septiembre del 2023 tiene 4 años para ser implementada y contempla en su formulación la conservación de la diversidad biológica la protección del patrimonio natural como también la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas como también y con la intención de reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre ciertos territorios, creando áreas de conservación de pueblos indígenas; Establece en el papel regulaciones para la conservación de humedales y la restauración de ecosistemas degradados y amenazados. Dice incluir instrumentos de conservación para especies, genes y ecosistemas tanto dentro como fuera de las áreas protegidas y aborda el control de las especies exóticas invasoras. Establece también, regulaciones y una gestión integrada para las áreas protegidas privadas y comunitarias (actualmente son cerca de 300, teniendo dos de ellas en las nacientes del río Elki producto de la gestión de vecinos y vecinas como una estrategia en el marco de la lucha antiminera del año 2017-2018) y aumenta la dotación de guardaparques de 500 a mil y les provee facultades fiscalizadoras.
El antiguo, pero aún vigente, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado está compuesto por 108 unidades (46 parques nacionales; 45 reservas nacionales y 18 monumentos naturales; de la categoría de Reservas de Región Virgen que a la fecha no se ha declarado ninguna), con 18,8 millones de hectáreas. Esto es el 21% del territorio que se adscribe al Estado chileno en el continente.
Aunque el nombre genérico de las áreas protegidas se denomina «área puesta bajo protección oficial», los grados de resguardo son distintos de una categoría a otra por ejemplo no es la misma protección para un santuario de la naturaleza, parque nacional o monumento natural que sitio prioritario, reserva nacional o bien nacional protegido siendo los primeros más restrictivos en cuanto a las intervenciones y más aun, cuando éstas y otras categorías están bajo disímil jurisdicción y legislación, hecho que teóricamente la nueva ley corregiría al unificar la institucionalidad bajo una misma normativa, hecho que debería suceder el 2025 en teoría.
Un análisis realizado el 2018 por la fundación Chile Sustentable (basado en Praus, S., M. Palma y R. Domínguez: «La situación jurídica de las actuales áreas protegidas de Chile», 2011), estableció que de un total de 173 áreas estudiadas de las antiguas categorías de protección (parque nacional, reserva forestal, reserva nacional, monumento natural, santuario de la naturaleza, reserva de la biosfera, sitio Ramsar, área marina y costera protegida, reserva marina y parque marino), en 73 de ellas (42%), se ha desarrollado o ha habido intenciones de desarrollar actividades industriales en su interior (minería, proyectos hidroeléctricos, concesión eléctrica, otorgamiento de derechos de agua, gasoductos, entre otros). Y es justamente en este punto donde se visualizan las negociaciones de los capitales extractivistas transnacionales en la nueva legislación ya que por medio de las denominadas concesiones sectoriales permite actividades industriales dentro de tres de las seis nuevas categorías de áreas protegidas, Reservas Nacionales, Áreas de Conservación de Múltiples Usos y Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas. En ellas seguirán operando por ejemplo las más de 400 concesiones para cría de salmones en áreas marinas que tienen algún grado de protección, a pesar de todas las evidencias de los serios impactos que genera la industria salmonera en los ecosistemas, utilizando el argumento que las concesiones salmoneras no afectarían los objetos de protección de las reservas ni los parques nacionales, normalmente enfocados en la biodiversidad terrestre. Y, más aún, en el caso de los parques, hasta 2012 el argumento era que éstos sólo abarcarían las tierras superficiales, no siendo aplicable restricción alguna a las porciones costero-marinas.
En el papel de la nueva ley incorpora una nueva normativa que incluye, para las áreas protegidas, la zonas de amortiguamiento, como una especie de cinturón ecológico donde ciertas actividades industriales estarían restringidas en relación a esto una investigación publicada en Mongabay Latam el año 2022 dio a conocer que en Chile, existen 40 proyectos mineros que cercan 16 parques y reservas nacionales. Los proyectos se ubican al interior, en los límites o en zonas próximas a las áreas protegidas e incluso hay casos en donde hasta ocho proyectos se ubican alrededor de una sola área protegida. Así mismo es el caso del salar de Maricunga declarado por la corporación nacional del cobre (Codelco) como la segunda reserva de litio a nivel mundial y que se sitúa en el parque nacional nevado tres cruces junto a la laguna santa rosa designado como un sitio Ramsar, en el cual existen proyectos mineros tanto de minería tradicional de oro como es el proyecto minero Maricunga en explotación desde el año 1996 de la minera Kinross de capitales canadienses como también de la minería del litio con el proyecto salar blanco de capitales australianos (Lithium power international) con permisos de explotación desde el 2018 que se unen a los nuevos anuncios de Codelco para explotar dicho salar, hecho que nos da luces de la permisividad que tendrán las empresas mineras en esta restricciones en las áreas de amortiguamiento lo mismo ocurre referido a las concesiones turística al interior de estas nuevas categorías de áreas silvestres protegidas, en chile quizás se avance en nuevas legislaciones ambientales y de protección eso lo veremos una vez se construya la normativa y protocolos de ejecución, pero una cosa no está en duda el modelo extractivista no se toca y es el estado quien lo fomenta y protege.
ARGENTINA
Paravachasca como Reserva Provincial de Uso Múltiple y la patrimonialización de los territorios como despojo extractivista
Asamblea Paravachasca
¿Es posible resguardar la biodiversidad y la cuenca hídrica del Valle tras el saqueo que está produciendo la obra de la Autovía de la ruta 5? ¿Puede el Estado y los gobiernos que impulsan proyectos extractivistas proteger los territorios y comunidades?
Estas son algunas preguntas que venimos haciendo como asamblea sobre la toma de decisiones arbitrarias que realizan los gobiernos locales y provinciales en relación a nuestros territorios.
En diciembre de 2023 se aprobó la ley provincial 10.934 que declara como “Reserva de usos múltiples Paravachasca” al área ubicada en el valle homónimo que incorpora una superficie de 10.905,92 hectáreas al sistema de áreas protegidas de la provincia de Córdoba, quedando a cargo de la Secretaría de Ambiente. Las tierras, en su mayoría, son de uso privado, comprendidas dentro de radios municipales y zonas grises. Presenta enorme importancia biológica, ecológica, hidrológica y posee gran valor cultural, con usos productivos y actividades comunitarias.
Es importante aclarar que la ley fue tratada y aprobada en la legislatura luego de comenzada la obra de autovía Ruta 5 que solo fue posible gracias a la firma de los y las jefas comunales (entre ellos el entonces jefe comunal de La Rancherita, Alejandro Sosa, creador del proyecto de reserva) quienes otorgaron la factibilidad de uso de suelo.
La autovía es una obra de enormes dimensiones, con una extensión de 28 km. Atraviesa zonas de alto valor de conservación del monte nativo como también la cuenca del río Anisacate y arroyos afluentes, todas fuentes de agua que abastecen a la población del valle y sus sistemas productivos. Su impacto en la zona es grande, no sólo por la destrucción que conlleva su realización sino también por las consecuencias extendidas sobre el territorio profundizando las problemáticas existentes: crecimiento del negocio inmobiliario, aumento de la población, posibilidad de actividades recreativas en áreas prácticamente vírgenes. A esto se suma los incendios sistemáticos e intencionales que arrasaron con la mitad de monte nativo desde el año 2020, transformándose en cicatrices de fuego que luego derivan ilegalmente en cambios de uso de suelo para emprendimientos inmobiliarios, violando las normativas vigentes con el guiño de las comunas.
Esta es la antesala con la cual se aprobó la ley de reserva bajo la categoría de “usos múltiples” ¿Qué implica esto? Fundamentalmente encubre posibilidades de intervención humana con fines extractivistas, avance inmobiliario a través de ofertas hoteleras y otras vinculadas a la explotación turística.
Si el propósito verdaderamente era proteger este territorio debería haber bastado con cumplir la legislación vigente (Ley 9814 de Ordenamiento territorial de los bosques nativos, Ley provincial 10.208 de política ambiental, Ley nacional 26.331 de presupuestos mínimos), amplia en materia ambiental.
Sin embargo, deja en evidencia que las intenciones que subyacen serían otras. Por un lado, el proyecto de reserva se llevó adelante sin la consulta a las comunidades indígenas -como la comunidad comechingona de Paravachasca- violando el convenio 169 de la OIT; como tampoco hubo instancias consultivas a quienes habitan el Valle (compuesto de varias comunas y municipios).
Por otra parte, en este complejo entramado, otro de los interrogantes refieren al origen por lo menos sospechoso, de los fondos provenientes en su mayoría de inversiones extranjeras a través de ONGs como Fundación Natura -subsidiaria local de Natura Internacional- destinados al financiamiento de la reserva y su vínculo con el estado.
¿No se convertiría en una entrega de soberanía territorial? La propuesta incluye la compra directa de enormes extensiones de territorios por parte de estos fondos millonarios que luego establecen formas de condonación al Estado.
Todo esto se vuelve todavía más preocupante cuando la única fuente de agua del valle quedaría enmarcada dentro de esta área, pudiendo coexistir con proyectos extractivos como sucede desde hace tiempo en otras provincias.
Tomando en cuenta lo anterior ¿Cuál sería entonces el margen de decisión que les queda a sus habitantes sobre el lugar en el que viven? Dependería de una voluntad externa y sus acuerdos con el estado el lugar de participación real en cuanto a los usos y protección de su patrimonio natural y cultural. Un estado con pretensiones de proteger lo que viene descuidando y destruyendo hace años llevando a que la provincia cuente hoy con menos del 3% de bosque nativo dentro de un país bajo un modelo político territorial que profundiza la mercantilización y saqueo de sus bienes comunes.
La Asamblea Paravachasca realiza su Cuarto Encuentro Político de Problemáticas Territoriales, con la intención de discutir política y colectivamente, y articular acciones en los territorios.
La invitación es a vecinas, vecinos, trabajadores, campesinos, infancias, adolescencias, estudiantes, organizaciones sociales, asambleas de comunidades, colectivas organizadas, comunidades indígenas y habitantes de los diferentes territorios de Córdoba.
Tierra, agua, monte, salud, alimentos y autodeterminación de los pueblos. El trabajo digno, la desigualdad social y el empobrecimiento de las comunidades. La autonomía, autogestión, poder popular, vínculos y disputas con el Estado. La transformación social, feminismos y disidencias, militancias y organizaciones sindicales. La educación popular, arte, comunicación e identidad desde y para los territorios
Nos encontramos el jueves 1 de febrero – 9.00hs. en Villa La Bolsa – Valle de Paravachasca.
Inscripciones: https://forms.gle/AUtRsuCdtvVNCwCP7
ARGENTINA
La histórica tensión entre los parques nacionales y el conflicto mapuche
El Parque Nacional Nahuel Huapi, aunque fundado como tal en 1934, fue la primera área protegida de Sudamérica bajo el nombre de Parque Nacional del Sud en 1922, siendo Argentina, el tercer país después de Estados Unidos y Canadá en impulsar “áreas protegidas”. Surge de una “donación” que hace Francisco Perito Moreno para tal fin, quien a su vez recibió esas tierras del genocida Julio A. Roca en 1902, por servicios prestados en la delimitación limítrofe con Chile.
La creación del Parque consolidó la continuidad del despojo iniciado con “la campaña al desierto” o, sin eufemismos, la masacre sistemática de pueblos originarios por la élite conservadora y “patriótica”. Como señala el antropólogo Sebastián Valverde, el imaginario promovido con esta creación consolidó la impronta de Bariloche y Villa La Angostura un área pretendidamente “natural”, “virgen”, con reminiscencias “alpinas” (Bariloche es… “la Suiza” argentina, dicen…) cimentando así el proceso de despojo a las comunidades mapuche, ya por entonces consideradas, por indígenas o chilenas, ajenas a la argentinidad. Con este discurso, con la llegada del ferrocarril primero y la creación del Parque Nahuel Huapi después, se consolidó la definitiva criminalización de las comunidades rurales que aún permanecían en esas zonas rurales.
Ya desde entonces, la administración del Parque Nacional Nahuel Huapi significó el control territorial estatal con un criterio de presencia institucional que garantice el rápido control de la zona. Desde allí, el crecimiento urbano y la colonización en desarrollo con el turismo internacional fueron exponenciales. Sin embargo esto no significó para los pobladores preexistentes una asimilación, sino todo lo contrario, profundizó su desplazamiento y los mantuvo en los trabajos más precarizados.
Con el turismo y el aumento del valor de esas tierras, la disputa por el territorio se agudizó, así como los reclamos vinculados con una deuda histórica. En lo referido al Parque Nacional Nahuel Huapi, en noviembre de 2017, la lof Lafken Winkul Mapu anunció que había realizado la recuperación territorial de una zona cercana a Villa Mascardi. A pesar de haberse anunciado una negociación con funcionarios del gobierno de Macri y alcanzar un principio de acuerdo de traslado en tierras que serían asignadas, la fiscalía de Bariloche y el juez Villanueva ordenaron el desalojo, con la rápida intervención del grupo Albatros de la Prefectura. El resultado fue una violenta represión perpetrada por más de 300 agentes federales tras la cual, el 25 de noviembre, asesinan por la espalda a Rafael Nahuel, hirieron a otros dos miembros de la comunidad. Detuvieron además a 5 mujeres y 4 menores, incluido un niño de 1 año, que fueron liberados recién al otro día.
Con el de gobierno de Alberto Fernández, el rol de las autoridades federales no fue diferente: en agosto de 2022, Lautaro Erratchú presidente de la Administración de Parques Nacionales emite la declaración del Volcán Lanín como sitio sagrado mapuche y un Plan de Manejo del Sitio Natural Sagrado Volcán Lanín-Pijan Mawiza con criterios de uso y zonificación. Tras este hecho tuvo que renunciar, y el gobierno Federal dió revés a la declaración. Quien reemplazó al director renunciado fue Federico Granato, amigo del Ministro de Ambiente, quien, a pesar de invocar el diálogo para tener una “política integradora”, solo empeoró la situación, tanto del Parque Nacional Lanín, donde la comunidad mapuche se declaró en estado de alerta y movilización, como en el Parque Nacional Nahuel Huapi donde la tensión tras el asesinato de Rafitas Nahuel fue creciente.
Tras esto, también renunció Magdalena Odarda, quien dirigía el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Ella protagonizó varios conflictos con gobernadores patagónicos a raíz de su relación con la comunidad mapuche. En particular, resultaba incómodo su intento por resolver definitivamente “el conflicto” en el Lago Mascardi en diálogo con la lof Lafken Winkul Mapu.
Tras estas dos “renuncias” en agosto de 2022 lo que siguió fue la militarización con el Comando Unificado de Aníbal Fernández en octubre de 2022 y pocos días después, la detención de siete mujeres de la lof Lafken Winkul Mapu, de las cuales cuatro permanecieron detenidas por más de 7 meses con sus hijos, entre ellas la Machi Betiana Colhuan Nahuel (primera machi surgida en territorio argentino tras las masacres del lado argentino), junto con Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil. Fueron acusadas del delito de usurpación, es decir por exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales. Fueron alojadas en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incomunicadas y, luego, trasladadas al penal de Ezeiza en Buenos Aires sin motivos, para después regresarlas a Río Negro.
Para mediados de diciembre, el presidente Fernández convoca a formar, nuevamente otra mesa de diálogo con representantes de Parques Nacionales, los Ministerios de Medio Ambiente y de Seguridad, el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos, que se reuniría en enero y febrero con lonkos y referentes mapuches de comunidades de Río Negro, Neuquén y Chubut, y referentes de derechos humanos que acompañaron el diálogo. Mientras tanto, las detenidas permanecieron con prisión preventiva en condiciones humillantes junto a sus hijxs y por un delito excarcelable.
No fue sino hasta el 1°de junio que, por presión social, se reunió la tercera mesa de diálogo en Buenos Aires, logrando un acuerdo en el cual el Estado se comprometía a: por un lado ceder tierras públicas para un espacio ceremonial y para un asentamiento definitivo de la lof Lafken Winkul Mapu, “aptas y suficientes para su desarrollo” como marca la ley, en la zona de lago Guillelmo, a unos 10 km. del predio del que fueron desalojados; se comprometió también a reconocer el rewe (sitio sagrado), a fin de que la machi Betiana Coluhuan Nahuel pueda ejercer tareas espirituales y medicinales; por otro el compromiso de Parques Nacionales de retirar la denuncia por usurpación y por lo tanto que caigan las causas por las que detuvieron a las cuatro presas mapuche; y finalmente a desmilitarizar la zona.
Si bien las cuatro detenidas están en “libertad”, no queda claro que la denuncia por usurpación haya sido retirada por la Administración de Parques Nacionales, sobre todo porque el 11 de agosto de 2023 fue detenida con lujo de violencia Yéssica Bonnefoi Carriqueo Antimil, considerada como “prófuga” por la justicia en la misma causa. Yessica al día de hoy permanece presa y separada de sus hijxs.
Tras el cambio de gobierno, y con Patricia Bullrich como ministra de seguridad nuevamente, la misma que avaló la masacre donde asesinan a Rafael Nahuel, sumado al incumplimiento del acuerdo firmado el 1° de junio de 2023 por parte del Estado argentino, el conflicto en lago Mascardi está muy lejos de quedar resuelto.
El rol que la Administración de Parques Nacionales y el ministerio de Ambiente han jugado en este proceso deja en claro que, más allá de los discursos que justifican su función vinculada a la protección de áreas naturales, ya desde su origen la creación de los Parques, y del Nahuel Huapi muy en particular con la visión de Francisco Moreno, ha sido el fortalecimiento territorial de la presencia del Estado, principalmente para desplazar a las poblaciones originarias, controlando su estilo de vida, y para defender la “soberanía nacional” en zonas cercanas al límite con Chile, pudiendo con rapidez movilizar fuerzas militares de ser necesario. Sin duda, muy estratégico.
Página de las Asambleas contra las Rutas del Saqueo:
https://www.asambleascontrasakeo.com/
ASAMBLEAS TERRITORIALES
Asamblea en Defensa del Elki |Valle del Elki, Chile
Asamblea en Defensa del Limarí | Coquimbo, Chile
Asamblea Cachapoal Leufü | Chile
Asamblea Agüita Pura para San Juan | San Juan, Argentina
Asamblea Jáchal |San Juan, Argentina
Asamblea Paravachasca | Córdoba, Argentina
Asamblea de Punilla | Còrdoba, Argentina
Asamblea por un Mar Libre de Petroleras | Mar del Plata, Argentina
Asamblea Paren de Fumigarnos | Mar del Plata, Argentina
Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) | Argentina
Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA) | Neuquén, Argentina
Red Jarilla Plantas Saludables | Argentina
Asamblea por la Vida de Chilecito | La Rioja, Argentina
Asamblea de Fiambalá | Catamarca, Argentina
Autoconvocados por el Agua Pura de Tunuyán | Mendoza, Argentina
Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén | Mendoza, Argentina
Asamblea de las Heras por el Agua Pura | Mendoza, Argentina
Asamblea El Algarrobo | Andalgalá, Catamarca, Argentina
MEDIOS LIBRES
Periódico La Noche | Chile
Radio la Revuelta | Argentina
Lapeste.org | Chile
Grupo de investigación y editorial Kavilando | Colombia
IMPRESIÓN
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