2023 en Chile: 50 años del golpe militar y plebiscito constituyente:
Ajustes pos revuelta y la consolidación neoliberal
Chile vivió en 2023 la conmemoración de medio siglo desde que el golpe militar de septiembre de 1973 cambiara la historia del país y estableciera un laboratorio neoliberal cuyo modelo aún se expande por diversos rincones del planeta. Luego de 50 años aun no cicatrizan las heridas del pasado ya que continúa la impunidad para muchos violadores de Derechos Humanos, sigue vigente la Constitución redactada en la dictadura y, por tanto, no existe una condena oficial a las apologías del terrorismo de Estado.
En la previa a la conmemoración, el ambiente político estuvo marcado por el proceso abierto en 2019 con la Revuelta Popular que sacudió el país por varias semanas y que criticó fuertemente las décadas de precarización de la vida de los sectores populares a raíz del experimento neoliberal. El desencanto ante una clase política que desde el final de la dictadura y el retorno de la democracia en 1990 se dedicó a profundizar el modelo, se transformó en rabia que colmó las calles con violencia callejera y enfrentamientos con la policía y militares como no se habían visto antes. En paralelo, asambleas espontáneas emergían en los barrios y comunidades, discutiendo la contingencia y experimentando la política y organización social como nunca lo permitió la democracia.
Luego de casi un mes de iniciadas las manifestaciones, la clase política completa cerró filas a la insurrección y los partidos políticos firmaron el Acuerdo por la Paz, que incluyó la participación de la nueva izquierda institucional representada por Gabriel Boric, vitrina que le permitió elevar su posición mediática, pactar con la elite y ser electo presidente tiempo más tarde. El Acuerdo contemplaba el compromiso del Estado para elaborar una nueva Constitución, lo que se tomó la agenda política y sirvió a la elite para recomponer las confianzas populares en el Estado y sus instituciones muy desacreditadas desde la revuelta. En paralelo, la población volvía a sufrir masivas violaciones a los Derechos Humanos a manos de policías y militares, resultando en 31 víctimas mortales, 11 mil personas lesionadas y 460 con traumas oculares producto de los disparos de uniformados.
La institucionalización de las luchas generada por el Acuerdo, se sumó al desgaste natural de semanas de protesta callejera y las medidas de aislación y contención contra los sectores radicalizados de la revuelta, situación que hizo bajar la temperatura de las calles y que la pandemia del Covid-19 terminó por sepultar debido a las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno.
Con las calles controladas por los militares, el foco de atención volvió a la política tradicional y la energía de la revuelta fue hábilmente canalizada por la elite para consolidar el proceso de nueva Constitución como salida a la crisis. Dicho proceso ha significado un turbulento ciclo que ha tenido plebiscitos constitucionales, campañas electorales y elecciones presidenciales en menos de 3 años, situación que ha tenido dos efectos: por una parte, ha oxigenado a las instituciones políticas que estaban en cuestionamiento con la revuelta y, además, ha generado un profundo agotamiento y hasta aburrimiento de la ciudadanía con la política y las luchas sociales. Esto último es producto de los mencionados últimos 3 años, donde la vorágine política contempló el plebiscito constitucional de octubre de 2020 que con un mayoritario 78% resultó a favor de la opción “apruebo” a tener una nueva Constitución. Se encargó entonces la redacción de una propuesta de nueva Constitución a un grupo de “convencionales constituyentes” electos en mayo de 2021, que en su mayoría eran independientes de los partidos políticos y se mostraban en sintonía con las demandas que expresaba la calle. El trabajo de esta convención estuvo marcado por la campaña presidencial, donde la izquierda se manifestaba a favor del trabajo de la convención y la derecha en contra. Las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 dieron por ganador a Gabriel Boric, quien a pesar de hacer campaña enarbolando las banderas de la revuelta y en contra de la clase política tradicional, con el correr de los meses en el poder mostró su real cara haciendo gobierno con los partidos neoliberales y continuando el modelo.
En paralelo, el trabajo de la convención se vio empañado por escándalos mediáticos de algunos integrantes, lo que sumado a ciertos errores comunicacionales fue aprovechado al máximo por la derecha en una campaña mediática que logró infundir temor en la opinión pública ante los cambios que proponía la convención. Así las cosas, el plebiscito que debía decidir si aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución fue obligatorio para toda la población apta para votar, lo que cambió por completo el escenario y echó por tierra las proyecciones electorales ya que resultó en un sorprendente y mayoritario rechazo al trabajo de la convención en septiembre de 2022. No obstante, el proceso debía continuar para respetar el resultado del primer plebiscito, es decir, que Chile tenga una nueva Constitución. Para ello se debía elegir una segunda convención constitucional, pero ahora en un clima político de resignación y cansancio popular que se manifestó en menor efervescencia de las candidaturas independientes, lo que fue aprovechado por la clase política para resguardar la participación de los partidos políticos tradicionales y para ello fijaron cupos para parlamentarios que se unirían a quienes fueran electos/as. Así llegamos a las elecciones de mayo de 2023, en las que resultó ganadora la derecha pinochetista por amplio margen, que comenzó la redacción de la nueva propuesta constitucional en un clima de completa desafección de la población con el proceso.
En septiembre se cumplieron los 50 años del Golpe Militar, en un ambiente de polarización fomentada por la prensa y una amplia indiferencia de la población con respecto al tema producto del agotamiento de la política en general. Pese a todo, siguen en pie grupos organizados del mundo popular que a lo largo del país realizaron conmemoraciones por los 50 años, en un escenario político que aún no cierra las heridas del pasado y donde se mantiene viva la peor herencia de la dictadura: el neoliberalismo.
En este ambiente, la derecha intentó instalar una especie de revisionismo histórico para blanquear la dictadura, ejemplificado en la comparación realizada por el ex presidente Piñera entre el Golpe Militar y la revuelta de 2019 como momentos equivalentes de quiebre democrático. Esto explica la reacción de la clase política pos revuelta y la intención de prevenir futuras revueltas fortaleciendo las leyes represivas que dan más atribuciones a las policías. Una de ellas es la llamada Ley del Gatillo Fácil que fue aprobada en abril y establece la «legítima defensa privilegiada», es decir, en caso que un policía o militar utilice su arma de servicio se presumirá que «han sido correctamente empleadas» cuando actúen en defensa propia.
Luego se sumó la Ley Anti Tomas que facilita los desalojos de propiedades y terrenos ocupados, afectando a miles de personas que recurren a la ocupación de tierras para poder vivir, además de acentuar el conflicto del Estado con el pueblo Mapuche que reclama sus tierras ancestrales usurpadas por terratenientes y empresas forestales. El 27 de noviembre, a 3 días de promulgada dicha ley, la comunidad mapuche Aylla Varela se convertía en la primera en ser desalojada tras ocupar un fundo en la comuna de Collipulli en el marco de su reclamo por dichas tierras. En un plano simbólico, ya se anunciaba el respaldo a las fuerzas represivas por parte del nuevo gobierno “progresista” cuando asumió Boric y mantuvo en el mando a Ricardo Yáñez, General de la policía responsable de la represión durante la revuelta. Además, Boric tuvo un giro en su discurso de campaña versus su discurso una vez electo, ya que en la previa a las elecciones apuntaba duramente al expresidente Piñera culpándolo por su responsabilidad en la represión durante la revuelta, pero que con el pasar de los meses ya lo consideraba un “demócrata”.
Esta actualización del modelo no sólo implica sofisticación represiva, también está acompañada de una modernización del extractivismo neoliberal que ahora incluye una faceta en apariencia más ambientalista con el nuevo gobierno, pero que continúa la depredación capitalista con nuevos proyectos forestales, de extracción de litio y plantas de hidrógeno verde.
Así llegamos al final del año con el plebiscito del 17 de diciembre en que fue rechazada la propuesta elaborada por la segunda convención constitucional de mayoría derechista, la que proponía un texto igual o peor que la Constitución vigente desde la dictadura. Así se cerró el proceso constituyente abierto por la clase política como respuesta a la revuelta, dejando una sensación de que todo cambió para que todo siga igual en la cuna del neoliberalismo.
Asamblea Anarquista del Biobío, región chilena.
Recibido el 21 de febrero de 2024
Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net
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