Boletín asambleas contra las rutas del saqueo, n°9, 6 enero 2023

by • 6 enero, 2023 • Abya Yala (América Latina), Biblioteca & Hemeroteca, Noticias, comunicados y columnasComments (0)1029

Este es el Boletín Informativo de las Asambleas Contra las Rutas del Saqueo, espacio construido por diferentes asambleas territoriales y medios libres en pie de lucha en contra del avance del capitalismo extractivo en América Latina. Nuestra articulación surgió de la percepción de que se ha instalado en la región una nueva etapa del extractivismo, en la que la resistencia a la instalación de megaproyectos mineros, pesqueros, forestales, acuíferos y energéticos dejó de ser la única tarea de los pueblos.

Desde hace por lo menos 20 años, se ha llevado a cabo a lo largo de toda la región la construcción de un gran conjunto de obras de conectividad (carreteras, hidrovías, sistemas portuarios) que reorganizan los territorios en aras de facilitar el saqueo de nuestros bienes comunes para la empresa exportadora. Con el visto bueno de los gobiernos de turno y el financiamiento de la banca internacional, estas obras buscan disminuir los costos de operación de las transnacionales que operan en América Latina, aumentando sus lucros y garantizando que nuestro continente siga cumpliendo el mismo rol que viene ejerciendo desde la invasión colonial.

Las obras de infraestructura son un frente poco difundido y criticado de la lógica desarrollista, pero sin el cual la misma no se sostiene. Es en la circulación de flujos que el capital se realiza, y sin esta etapa, la extracción no cobraría ningún sentido.

A estas venas abiertas, les hemos llamado «Rutas del Saqueo¨.

Cada 15 días, traemos noticias de las comunidades organizadas en contra del sangrado de nuestros territorios. ¡Buena lectura!


PUEL WILLI MAPU

Situación de las Presas Políticas Mapuche de Fürilofche/Bariloche

Entre el 12 y 15 de diciembre de 2022, una comitiva de Autoridades Tradicionales del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche, viajaron a Buenos Aires con el fin de conseguir una audiencia con el Presidente Alberto Fernández; la cual se logró que tuviera lugar  el miércoles 14. En la misma, las Autoridades originarias expusieron el avance del extractivismo en el Puel Mapu, lo cual conlleva a la militarización de la región, conflictos con las comunidades que defienden el territorio para un Buen Vivir y situaciones violentas como la que vivió la Lof Lafken Winkul Mapu el pasado 4 de octubre a manos del Comando Unificado, y cuya situación legal mantiene con prisión domiciliaria a las lamgen Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y la Machi Betiana Colhuan, junto a sus pichikeche.

En dicha reunión, el mandatario argentino prometió a la comitiva una mesa de diálogo para llegar a una solución, en la cual también participarían Parques Nacionales y otros actores locales. Lo que se está percibiendo es que no hay voluntad para cumplir dicho acuerdo, y en los medios de comunicación comenzaron nuevamente a circular «noticias» de incendios de los cuales las comunidades son acusadas como responsables. De hecho, en los últimos días, se avisó desde el gobierno que por falta de recursos, no sería posible realizar la mesa de diálogo y se reprogramó para enero. Paradójico es que al gobierno nacional no le falten fondos para subsidiar a las empresas extranjeras que lucran con los territorios en sacrificio o cuando le toca reprimir a quienes defienden la vida de estos negociados.

Algo similar ocurre con la fecha de juicio, que mantiene aisladas a las lamgen y la Machi en la Ruka comunitaria de Fürilofche, ya que en el medio de un entramado de artimañas de las cuales la fiscal Cándida Etchepere y el juez Hugo Greco son los principales artífices; se pasó la instancia judicial para el 13 de febrero de 2023. Es evidente que no se trata tanto de decisiones judiciales, sino de voluntades políticas que reconozcan las autonomías de los Pueblos Originarios que aún viven, pese a las prácticas genocidas que perduran hoy en día.

Se sigue solicitando solidaridad con esta situación, ya que el 4 de enero se cumplen tres meses de la represión en Lof Lafken Winkul Mapu, y el panorama no ha cambiado: se sigue vulnerando los derechos de las infancias, hay pu weychafe resistiendo en el cerro para defender el territorio, las lamgen continúan detenidas y la Machi no puede volver a su rewe que está militarizado.

Para seguir las novedades, los canales oficiales de información son la página de Facebook, Instagram y canal de Telegram «Wiñotupe taiñ Machi ñi rewe mew».

Glosario (Se utilizó grafemario Azümchefe en la escritura del mapudungun):

Puel Willi Mapu: Nombre ancestral de la zona cordillerana, en el Sudeste del Territorio Histórico Ancestral Mapuche, donde actualmente se encuentran localidades de Chubut, Río Negro y el Sur de Neuquén, Argentina.

Fürilofche: Nombre ancestral de la ciudad de Bariloche

Lof, Lofche: comunidad

Machi: Autoridad Espiritual, Política, Medicinal y Social del Pueblo Mapuche. Figura de gran importancia para la cosmovisión mapuche, ya que se le confiere la facultad de sanar a las personas física, psíquica y espiritualmente, además de poder dialogar con las demás vidas del Territorio, en lo que se conoce como Itxofill Mongen (Todas las vidas, Biodiversidad), para mantener la armonía en él.

Pichikeche: niñas, niños, niñes.

Ruka: casa

Pu Weychafe: guerreros, guerreras, guerreres (el morfema “pu” se refiere a un plural)

Rewe: Espacio sagrado de gran importancia espiritual para el Pueblo Mapuche,  donde la/le/el Machi realiza su actividad ceremonial y medicinal.

Wiñotupe taiñ Machi ñi rewe mew: “Que vuelva nuestra Machi a su rewe”

 


ARGENTINA

Cerro Amarillo – Mendoza

Resumen; Asamblea de Guaymallén de:  Blog de Federico Soria de la

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata

 

Al departamento de Malargüe se intenta declararlo zona de sacrificio por medio del Proyecto de Zonificación minera, luego el Proyecto de Modificación de la Ley Guardiana del Agua, 7722/07. El Proyecto activado por el Gobierno de la Provincia Cerro Amarillo de extracción de cobre.

Resumen de Blog Federico Soria: “…Recientemente volvió a tomar impulso el proyecto megaminero Cerro Amarillo (Malargüe, Mendoza), debido a que el Gobierno de Mendoza remitió a la Legislatura su Declaración de Impacto Ambiental para habilitar su exploración, con la expresa orden de tratarlo de manera express, aprovechando la distracción del mundial y las fiestas, tal como hicieron con la fallida ley 9.209. En esta nueva oportunidad tampoco se está informando respecto del conflicto de intereses que involucra a sus dueños, Jorge Bengochea y Lydia Espizua, y que dada la reserva que se hace de tal situación, evidentemente representa un verdadero escándalo de corrupción que se está pretendiendo ocultar.

Incongruencias legales y administrativas:

Este proyecto megaminero ya fue rechazado por la Legislatura de Mendoza en 2014, debido a que podía afectar ambientes glaciares y periglaciares protegidos por la Ley Nacional 26.639. Sin embargo, nuevamente fue remitida la DIA de 2014, que desde ya, está vencida y debería haber sido actualizada, más allá de que fue realizada por la empresa Meryllion Resources Corporation, que hoy ya no es más parte del proyecto. Pero además de eso, no ha cumplido con los presupuestos mínimos de Estudio de Impacto Ambiental, Audiencia Pública y Consulta Pública de los expedientes, según lo establecido en la Ley Nacional 25.675.

El proyecto megaminero está inserto en un ambiente donde predominan las geoformas glaciares y periglaciares, existiendo además una gran cantidad de humedales altoandinos y lagunas de altura, junto a las cuales se pretenden realizar las perforaciones y la apertura de caminos. Las sustancias que pretenden utilizar en esta explotación están comprendidas dentro de las «otras sustancias tóxicas similares» que menciona la Ley Provincial 7722. Tal es el caso del xantato y la poliacrilamida, que bien conviene recordar, ya fueron rechazadas por la Legislatura de Mendoza en 2011, para la explotación de Minera San Jorge.

Ahora, diferentes voceros de la UTE (Unión de Trabajadores del Estado) conformada por gobierno, lobbystas, medios hegemónicos y empresas, ha declarado que según el inventario de glaciares del IANIGLA no habría glaciares en Cerro Amarillo y por eso ahora pretenden avanzar.

Además  Cerro Amarillo involucra a bienes naturales compartidos por el Estado Provincial de Mendoza con otras jurisdicciones provinciales y municipales, que al día de hoy no han sido consultadas, ni se les ha dado participación alguna en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta situación indudablemente ha de terminar en planteos administrativos y jurídicos, como ya ha ocurrido anteriormente.

En la foto de la zona del proyecto megaminero Cerro Amarillo, se observa que el mismo no solo afectaría ambientes glaciares y periglaciares, sino también humedales y lagunas altoandinas, así como también nacientes de cursos de agua.

Laguna de Cajón

Inconsistencias económicas

El proyecto megaminero Cerro Amarillo, no sólo es inviable ambiental y socialmente, también lo es desde lo económico, ya que los titulares de las concesiones mineras actualmente no cuentan con espalda financiera o garantías para llevar adelante la exploración del yacimiento y tampoco cuentan con inversores que se hagan cargo de dicha tarea. Consecuentemente, una vez más, estamos ante la posibilidad certera (teniendo en cuenta que ya ocurrió, no una, sino dos veces) de que el Estado Provincial termine subsidiando la aventura megaminera de los señores Bengochea y Espizua.

Conflicto de Intereses

De acuerdo al Boletin Oficial y al Catastro y Padrón Minero de Mendoza, las concesiones mineras del proyecto megaminero Cerro Amarillo pertenecen a Jorge Bengochea y Lydia Espizúa. Ambos son esposos.Lydia Espizúa además es una renombrada y reconocida investigadora del IANIGLA, institución a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, con lo cual indudablemente existe un conflicto de intereses de alguien que al mismo tiempo es investigador del IANIGLA y es titular de concesiones mineras localizadas en ambiente glaciar y periglaciar. El ocultamiento deliberado de este tipo de conflicto de intereses, representa para la opinión pública un acto de corrupción, no sólo por parte de los propios involucrados, sino además de las autoridades que avalan tal situación (Gobierno de Mendoza, Legislatura Provincial y CONICET)…”


CHILE

Defensa del Humedal La Capilla, Malloa

Asamblea Cachapoal Leufü

 

«… Más allá de las nubes que surgen

de estas aguas y estos suelos

nos sueñan los antepasados.»

Elicura Chihuailaf.

Los humedales y su función vital para el planeta, se destacan como parte de los ecosistemas más importantes para el equilibrio dinámico de los ciclos biológicos. Ya se reconoce su relevancia como reservorio de agua y sumidero de CO2, su rol en la regulación de las crecidas de agua, puente entre la vida acuática y terrestre, refugio de diversidad de especies, tanto migratorias cómo endémicas, fuente de alimento y sitio sagrado para pueblos originarios con asentamiento ancestral.

El humedal de la Capilla se ubica en el valle central de la provincia del Cachapoal en Chile, alimentado por napas superficiales, quebradas de cerros y antiguos canales de regadío, se descubre como un refugio sobreviviente de una antigua Laguna para diversas especies, varias de ellas con categoría de conservación y en peligro de extinción. Arrinconado por el entramado vial de la Ruta 66, conocida como carretera de la Fruta y su conexión con la Ruta 5 sur, muy próximo a este empalme que conduce desde y hacia el puerto de San Antonio, se encuentra constantemente intervenido y amenazado por la actividad extractiva principalmente Agropecuaria y de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica. Instalando monocultivos de exportación que incluyen tratamiento con agrotóxicos, drenaje de sus aguas para fines de explotación de la tierra y aprovechamiento para el riego, torres de alta tensión para la transmisión de energía, contaminación con desechos agrícolas, basura y plásticos, ocupándolo de vertedero y alimento de ganado que pasta en sus bordes y tierra pantanosa.

Actualmente está en total desamparo legal, sin ninguna figura de protección, ya que por encontrarse en zona rural queda discriminado por la Ley de humedales urbanos 21.202, entrada en vigencia el 2020. Y a la vez por el delicado tema de la propiedad privada, que para el caso posee categoría de uso de suelo agrícola, donde problemáticamente se distribuye en terrenos de al menos 4 propietarios distintos.

Como Agrupación Defensa Humedal La Capilla, denunciamos la precarización de la vida en sectores rurales, como herencia colonial que significa la discriminación por estratificación social y geopolítica, el conflicto de la propiedad privada que prioriza y protege los intereses particulares por sobre los ecosistemas esenciales y calidad de vida de las diferentes especies incluida la humana. La irresponsable y muy conveniente inacción y falta de voluntad política para detener la violación de la naturaleza, avalada por actitudes de “patrón de fundo» que en colusión con la industria agroexportadora, se impone en los sectores rurales, reproduciendo el patriarcado que asesina sistemáticamente día a día todo lo sano que va quedando para la sostenibilidad de la vida.

Porque somos testigos de la resiliencia y poderosa capacidad regenerativa que nos enseña nuestro humedal y sabiendo las presiones a las que está sometido, es que nos activamos en conjunto y reaccionamos frente a la problemática, dejando evidencia del conflicto socioambiental en el territorio, sin respuesta concreta. Hemos puesto y continuamos a disposición de la causa con nuestro conocimiento y trabajo dentro del espacio, realizando identificación y registro sistemático de especies de flora y fauna, estudios en terreno del  patrimonio arqueológico -protegido en teoría por la Ley de Monumentos Nacionales (Ley 117.288)-, denuncias ciudadanas a las autoridades pertinentes y una propuesta de Educación Ambiental, gracias a las herramientas disponibles por parte de los voluntarios de distintas organizaciones, que ha significado la presentación de estos estudios preliminares a los habitantes de La Capilla, funcionarios Municipales, habitantes de comunas vecinas, aportando con la sensibilización, concienciación y socialización del conocimiento como herramienta de poder.

 «La tierra es nuestra madre y está viva, nosotros la defenderemos y pelearemos hasta el final por ella, nuestra tierra no tiene precio».

Nicolasa Quintreman


CHILE 

Corredores bioceánicos BIOCEÁNICOS: IIRSA después de IIRSA

Asamblea en Defensa del Elki

La Iniciativa de Infraestructura de Integración Regional Sudamericana (IIRSA) fue una plataforma de proyectos viales, energéticos y comunicacionales que se constituyó el año 2000, en el Primer Encuentro de Presidentes Sudamericanos, realizado en Brasilia. Siguiendo los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La iniciativa operó como una planificación neoliberal de los territorios, al reconfigurar el mapa sudamericano en 10 Ejes de Integración y Desarrollo (EID) que funcionan con la lógica de corredores bioceánicos. En tiempos de hegemonía neoliberal, las obras IIRSA buscaron acelerar la circulación de mercancías, y con ello los emprendimientos extractivistas. En este sentido, IIRSA potenció un nuevo ciclo de colonización y despojo. El año 2009, en el periodo de gobiernos que se declaran progresistas y postneoliberales, la iniciativa fue adoptada por UNASUR, que la redefinió como foro técnico de su consejo de infraestructura y planeamiento, COSIPLAN. Paradójicamente, la iniciativa se consolidó en dicho periodo, expandiendo violentamente la frontera extractivista y actualizando la inserción subordinada de la región en las dinámicas globales de acumulación capitalista.

Bajo los gobiernos progresistas, la cartera de proyectos IIRSA-COSIPLAN llegó a 581 proyectos, cada uno articulado a una red de proyectos locales no inscritos en la plataforma, pero que en conjunto permitieron a IIRSA-COSIPLAN abarcar el 97,7% del territorio sudamericano. La implementación de los proyectos intensificó la conflictividad política, evidenciando la coexistencia de discursos postneoliberales y estrategias neoliberales de ocupación territorial. Lo anterior, sumado a la escalada de corrupción asociada a la implementación de las obras, explica en gran medida, las crisis que cerraron el ciclo progresista. Con el retorno de las derechas y el colapso de UNASUR, el año 2018 deja de operar la institucionalidad IIRSA-COSIPLAN, pero nuevamente la cartera de proyectos y la estrategia territorial que la sostiene se mantiene. En el nuevo contexto, la vigencia de las obras se explica por dos fenómenos articulados: (a) La continuidad de las alianzas subnacionales gestadas bajo IIRSA-COSIPLAN, las que vinculan regiones, provincias y estados de diferentes países, y (b) La promoción de los corredores bioceánicos por parte de otras plataformas regionales: MERCOSUR y PROSUR. En ambos casos, sigue siendo clave el rol del Banco Interamericano de Desarrollo.

Como ejemplo de este proceso, destacamos el caso del EID Capricornio, conocido en este nuevo escenario como Corredor Bioceánico Capricornio, que vincula Mato Grosso do Sul (Brasil), Carmelo Peralta (Paraguay) Salta y Jujuy (Argentina) y los puertos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique (Chile), que ha logrado concretarse con el financiamiento del BID y el fuerte apoyo de MERCOSUR, que estratégicamente busca una salida hacia el Bloque Asia-Oceanía-Pacífico. Otro caso es el EID Mercosur-Chile, conocido como Corredor Bioceánico Central, este es un caso singular, pues su materialización está atravesada por la disputa interna asociada a los puertos de salida al Pacifico, que ha generado dos bandos, por un lado, Mendoza (Argentina) y Valparaíso (Chile), y por otro, San Juan (Argentina) y Coquimbo (Chile). De este caso, destacamos la fuerte alianza entre los gobiernos de San Juan y Coquimbo, que han enfrentado como bloque la decisión del gobierno de S. Piñera de renunciar al préstamo del BID para el Túnel de Agua Negra, obra también promovida desde MERCOSUR. Con PROSUR la situación es más confusa, pues hasta mediados del 2022 esta plataforma había adoptado incluso la nomenclatura IIRSA, por ejemplo, en la definición de los Programas Territoriales de Integración (PTI), aunque su valoración positiva de IIRSA contrasta con su fuerte crítica al trabajo IIRSA-COSIPLAN de UNASUR. En este sentido, la propuesta de PROSUR ha sido retomar el sentido técnico original de la iniciativa, dejando atrás lo que llaman ‘politización’ de la plataforma, que atribuyen a UNASUR.  El segundo semestre de 2022, la elección de gobiernos que se denominan progresistas, cambia nuevamente el escenario, PROSUR queda en la incertidumbre y resurge la idea de retomar UNASUR u otra instancia de integración regional acorde a la orientación de los actuales gobiernos. Sin embargo, el momento histórico es distinto, los gobiernos progresistas llegan al poder en alianzas que los debilitan, cuando aún están presentes la pandemia y sus secuelas, sin el boom de los commodities, con economías cada vez más dependientes de China y pueblos que han aprendido de sus propias luchas. En este contexto, el legado de IIRSA-COSIPLAN es reivindicado tanto por el progresismo que ha asumido la ‘cooperación’ china, como por los sectores que ven en IIRSA-COSIPLAN una estrategia territorial propia frente a la expansión de la nueva potencia.

Más allá de los vaivenes gubernamentales de la historia reciente, la trayectoria de la cartera de proyectos IIRSA da cuenta de un consenso extractivista transversal a nivel estatal, consenso que permea el orden social, instalando un ‘sentido común’ neoliberal que legitima la ocupación territorial y con ello la sobreexplotación capitalista de la naturaleza, incluida la humana. La cartera de proyectos IIRSA, aunque hoy no se reconozca en ese nombre, es la materialidad de la estrategia colonizadora gestada por los neoliberales a inicios de siglo, y la prueba concreta de la subordinación del progresismo sudamericano al capitalismo global.


  • Asamblea Agüita Pura para San Juan
  • Asamblea Jáchal, San Juan
  • Asamblea Paravachasca. Córdoba
  • Asamblea de Punilla, Córdoba
  • Autoconvocados por el Agua Pura de Tunuyán, Mendoza
  • Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata
  • Unión de Asambleas de Comunidades  (UAC), Argentina 
  • Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA) – Neuquén
  • Red Jarilla Plantas Saludables
  • Asamblea en Defensa del Elki, Chile
  • Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, Mendoza
  • Asamblea en Defensa del Limarí
  • Asamblea por la Vida de Chilecito, La Rioja
  • Asamblea de las Heras por el Agua Pura, Mendoza
  • Asamblea Cachapoal Leufü
  • Asamblea de Fiambalá

Impresión (carta)

Descarga: boletin 9


 

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