Colombia ha perdido el miedo: Continúa un levantamiento a nivel nacional frente a la violencia estatal

by • 6 mayo, 2021 • Abya Yala (América Latina), Noticias, comunicados y columnasComments (0)1998

Después de décadas de conflicto armado y violencia paramilitar, durante el último año y medio Colombia ha visto cómo los movimientos de protesta regresaban con fuerza. Las poderosas manifestaciones que tuvieron lugar la semana pasada, superan incluso los puntos álgidos del levantamiento nacional de noviembre y diciembre de 2019. En respuesta, el gobierno más fuertemente armado de América Latina ha llevado a cabo una brutal represión.

La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas han golpeado duramente a Colombia. El país está llegando a un punto de no retorno mientras la clase dirigente intenta exprimir las últimas gotas de beneficios de una población que ya estaba sufriendo y era mantenida a raya mediante una intensa violencia policial. Aunque estas condiciones son especialmente extremas, no son exclusivas de Colombia; se parecen a situaciones similares en Grecia, Brasil y otras partes del mundo. No se trata de coincidencias, sino de manifestaciones paralelas de fenómenos globales. En todas partes, la pandemia ha intensificado las desigualdades en riqueza, poder y acceso a los medios de subsistencia, al tiempo que sirve como excusa para aumentar la represión estatal. Al aprender de aquellxs que se enfrentan a la violencia estatal y paramilitar en América Latina—en gran parte apoyada y dirigida por Estados Unidos y otros gobiernos e instituciones capitalistas—y ofrecerles nuestra solidaridad, nos enfrentamos a las mismas fuerzas globales que amenazan nuestra propia libertad y nuestro bienestar.

Después de escribirse el siguiente texto, el presidente de Colombia, Iván Duque, realizó un comunicado el domingo 2 de mayo en el que pedía al congreso de Colombia que retirara el proyecto de ley de la reforma fiscal que había provocado las protestas en todo el país. Esto recuerda la victoria que un movimiento social similar logró en Ecuador en octubre de 2019, inspirando levantamientos en Chile y otros países. Sin embargo, hoy en día las protestas en Colombia continúan—especialmente en la ciudad de Cali, posiblemente epicentro de las manifestaciones—porque esa fallida ley es solo la medida más visible de un paquete de reformas que también incluye la privatización de la sanidad.

A continuación, presentamos la adaptación de un informe de Medios Libres Cali, organización de medios independientes de Cali, una de las ciudades colombianas que ha vivido las protestas y la represión más feroces. Avispa Midia publicó una versión adaptada del texto original en tres partes. Para más información sobre la situación en Colombia, recomendamos nuestro informe sobre el levantamiento popular que tuvo lugar el pasado mes de septiembre contra la violencia policial.

Todas las fotos salvo la primera son de Medios Libres Cali (Por CrimethInc)

“S.O.S nos están matando el narcoestado”.


Un Pueblo sin Piernas, Pero que Camina

A pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular), que supuestamente pondría fin al conflicto armado en Colombia, el paramilitarismo y el narcotráfico siguen alimentando la guerra en el país. El Centro Democrático (partido del expresidente Álvaro Uribe y del actual presidente Iván Duque) es el responsable de perpetuar esta guerra; enfocando su poder en reafirmar su control político y financiero del país.

Hasta febrero de 2021, 252 exguerrillerxs de las FARC, que se habían desmovilizado y habían tomado parte en la firma del acuerdo, fueron asesinadxs. Hoy, cuatro años después de la firma, el gobierno ha implementado menos del 75% del acuerdo de paz adoptado y no ha tomado ninguna medida sobre elementos fundamentales que debían abordar las causas estructurales del conflicto, como el acceso, la redistribución y la posesión de la tierra—que históricamente ha sido una de las causas de la profunda desigualdad dentro del país.

Esta desigualdad se intensificó con la llegada de la pandemia, mostrando claramente la ineficacia, incapacidad y desinterés del Estado por el bienestar de su pueblo. La tardía decisión de cerrar los aeropuertos aceleró en gran medida la propagación temprana del virus. Ahora, mientras Colombia experimenta su tercera ola COVID, la nación se enfrenta a una ola aún peor de violencia, pobreza y corrupción, en la que el hambre es uno de los peores problemas. La guerra está bañando el territorio en sangre. En los primeros meses de 2021 han sido asesinadxs al menos 57 influyentes integrantes de movimientos sociales, 20 de ellxs indígenas, la mayoría de la provincia del Cauca. Además, en los tres primeros meses del año tuvieron lugar 158 feminicidios además de otras muchas masacres.

Un joven combatiente se protege tras un escudo.

Colombia es el país de las ejecuciones extrajudiciales. Un informe de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) documentó 6.402 asesinatos ilegales de civiles entre 2002 y 2008, asesinatos que el ejército y la policía presentaron como “muertxs en combate”. Estos asesinatos alcanzaron su punto máximo en 2007 y 2008 durante la presidencia de Álvaro Uribe Véles. El número de asesinatos se acerca al total de bajas de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla en Argentina; y es más del doble del número oficial de víctimas desaparecidas o ejecutadas por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia, la gente ya no se pregunta quién dio las órdenes de estos asesinatos. Saben que las órdenes vinieron de Uribe y ya no temen decirlo en voz alta. Colombia ha perdido el miedo.

Desde el acuerdo de paz, el gobierno de Iván Duque (protegido de Uribe) ha buscado socavar la paz a toda costa, y lo está logrando. Según INDEPAZ (Instituto de Estudios en Desarrollo y Redes de Paz), en 2020 y 2021 se han producido 124 masacres, con un total de más de 300 víctimas. Más de 1.000 activistas han sido asesinadxs en Colombia desde que se firmó el acuerdo. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de austeridad de un gobierno cuya única respuesta a las necesidades de la gente es una bota en la cara. Junto con los programas económicos que fomentan la miseria y la desigualdad, los programas políticos genocidas tienen como objetivo exterminar cualquier identidad colectiva fuera del orden imperante o que se oponga a él.

Un pan a medio comer y un arma improvisada muestran las duras condiciones en Colombia—y el único camino de salida.

COVID-19 El Menor de Nuestros Problemas

En medio de la tercera ola de contagios por COVID-19, miles de personas tomaron las calles para participar en la huelga general del 28 de abril. ¿Qué podría hacer que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles contra el gobierno más sangriento de América Latina?

La corrupta y negligente gestión de la administración Duque en la crisis generada por la COVID-19 ha llevado al país a un aumento exponencial de la pobreza. Según cifras del gobierno, en 2020 se invirtió el equivalente a $ 11,5 millones de dólares en infraestructuras hospitalarias y ayuda humanitaria en forma de transferencias económicas; sin embargo, ha habido miles de denuncias de corrupción en relación con la gestión de estas políticas. Mientras tanto, el gobierno de Duque ha rechazado implementar una propuesta de Renta Básica que recogió 4.000 firmas, incluidas las de al menos 50 parlamentarixs, como medio para sostener los hogares más necesitados. Día tras día, estas personas tienen que salir a las calles y arriesgarse a exponerse al virus solo para sobrevivir.

“Si no nos mata el COVID-19, nos mata este gobierno perverso”.

En cambio, el gobierno se ha enfocado en brindar apoyo a los bancos, asegurando su liquidez financiera a través de fondos transferidos directamente del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) creado a raíz de la pandemia. Expertxs han afirmado que, únicamente a través de transferencias conocidas como “Ingresos solidarios”, los bancos se embolsarían al menos $ 6,3 millones de dólares tomados directamente del tesoro público. Esta “Renta Solidaria” nunca llegó a las personas que realmente la necesitan. Incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo que la gran mayoría de la gente se empobrece mientras que lxs ricxs se hacen más ricxs.

Nada de esto es nuevo. Durante décadas, la clase política conservadora y de derechas se ha presentado como intermediaria entre el país y la economía hegemónica global. Mantienen sistemáticamente esta posición exterminando pueblos, robando tierras y sometiendo a la mayoría trabajadora. Esta es una dictadura disfrazada, con suficientes armas y recursos como para mantener al país encadenado durante muchas décadas más.

El levantamiento popular que se está produciendo hoy no es espontáneo. Más bien, es una reacción a años y años de dominación e injusticia. La gota que colmó el vaso y que desató las protestas que vimos el pasado abril, fue la mal llamada propuesta “Ley de Financiamiento Solidario”, una reforma tributaria que empobrecerá a la mayoría de la población.

Con el pretexto de reducir el déficit creado con la última reforma, al gobierno de Duque se le ocurrió la terrible idea de aumentar el coste de la vida, en uno de los países más desiguales del mundo. Es impactante que, en medio de una crisis, el gobierno colombiano decidiera aumentar los impuestos de los alimentos de primera necesidad (Canasta Básica Familiar) de las clases media y baja. No tiene sentido subir el precio de los alimentos cuando la población pasa hambre. Es aún más indignante que las reformas propuestas no sólo perjudiquen a la gente corriente, sino que enriquezcan aún más a los monopolios más ricos del país.

Las tácticas de escudo han sido cruciales para defenderse de los ataques policiales desde la huelga general de 2019.

Si la Reforma Tributaria nos Arruina, la Reforma a la Salud nos Mata

Las decisiones que determinan la dirección del país y el futuro de millones de personas son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos, legislan a favor de los intereses financieros Norteamericanos, Asiáticos y Europeos, legislan para mantener su impunidad después de robar los recursos de todxs, legislan para mantenerse en el poder tanto a nivel local como nacional. Estas leyes se aprueban a puerta cerrada, sin debate público. Uno de los ejemplos más obvios de esto es la reforma legal que introducirá cambios en el sistema de salud colombiano. Presentada el 16 de marzo de 2021, aún no se ha aprobado en el congreso, pero sus partidarixs realizaron movimientos secretos la noche del 26 de abril para tratar de impulsarla mientras la atención se centraba en la reforma fiscal.

Esta reforma sanitaria podría ser peor que el propio COVID-19. Básicamente, se pretende implementar la privatización total del sistema de salud colombiano. Tendremos que pagar pólizas por patología, o la EPS (seguro público de salud de Colombia) nos negará la atención médica. Las personas que requieran atención médica a través de la EPS deberán demostrar que se están cuidando bien y que no hicieron nada para causar su enfermedad o lesión; si su proveedor de seguros puede probar lo contrario, podrá negarles la asistencia, obligándoles a pagarla de su bolsillo. Este programa también tiene como objetivo poner fin a los programas públicos de vacunación de los municipios—¡en el pico de la pandemia!—y dar autoridad a los proveedores de seguros para decidir cómo ofrecer estos servicios y a quién.

Esta reforma permitiría a multinacionales y empresas farmacéuticas transnacionales imponer precios y reglas de mercado para la atención sanitaria en Colombia. Terminaría con los descuentos del seguro médico para quienes ejercen profesiones como la educación, la manufactura y las fuerzas armadas. Los hospitales tendrán que demostrar resultados, en una propuesta espantosamente similar a los “resultados” que el gobierno de Uribe exigió a lxs soldados, que se tradujeron en más de 10.000 “falsxs positivxs”—la práctica de ejecución extrajudicial en la que el gobierno y lxs militares secuestraron y asesinaron a jóvenes, y luego lxs denunciaron falsamente como combatientes de las FARC-EP, con el fin de cumplir con las cuotas.

Asimismo, se estima que la ley de salud actual, que privatizó el sistema sanitario en 1993, ha provocado un millón de muertes por falta de atención médica o negligencia, provocando incluso más víctimas que el conflicto armado.

Cinco Días de Movilización, Protestas y Huelga General

Desde el comienzo de la pandemia, lxs más pobres se han enfrentado a la cruel elección entre quedarse en casa para evitar el virus y trabajar para sobrevivir. A las pocas semanas de estallar la pandemia, comenzaron a aparecer pañuelos rojos en las ventanas de las casas de los barrios marginales, lo que significa que la familia pasa hambre. Pronto serían vistos por miles.

Por eso, un año después del inicio de la cuarentena, cuando el gobierno propuso una reforma tributaria que golpearía aún con más fuerza a las clases media y baja, la gente no dudó en salir a la calle. En ese momento de crisis, ya no había elección—solo rabia y frustración. Era el momento de parar Colombia en defensa de la dignidad humana.

“Corrupción y la opresión se acaban con rebelión”.

No hubo líderes, solo una fecha propuesta por los sindicatos—el 28 de abril—y eso fue suficiente para que familias, amigxs, vecinxs y barrios se autoorganizaran a través de las redes sociales. La gente confluyó en un gran río de comunidades que marchaban hacia los principales puntos de concentración y entradas a la ciudad. Esta fue una forma eficiente de hacer realidad la huelga, asegurando que nadie pudiera entrar o salir.

El primer día estuvo lleno de gritos, discursos, cantos y bailes en la calle. Así somos en Cali: alegres y valientes, dignxs y festivxs, bailarinxs y guerrerxs. La gente regresó a sus casas esa noche cansada, pero con la sonrisa de complicidad de quienes han logrado algo. En los días siguientes, los bloqueos se multiplicaron y el número de participantes aumentó, inspiradxs en ejemplos de resistencia para superar el miedo a la represión.

Pero el gobierno también tiene experiencia, particularmente experiencia violenta y paramilitar. Comenzó a detener, matar, hacer desaparecer y violar a jóvenes. Esto solo incrementó la intensidad de la resistencia en las calles.

A pesar de que todavía se aplicaban medidas restrictivas en algunas ciudades de Colombia, el gobierno declaró el toque de queda a partir de las 8 pm del 28 de abril en un intento de romper la continuidad de las movilizaciones. A las 10 de la mañana del día siguiente, ya habían modificado la medida en respuesta al descontento en las calles, con el pretexto de buscar evitar situaciones de hacinamiento se presionó a las personas a través del toque de queda.

El 30 de abril, tercer día del paro, las autoridades pasaron a una estrategia de terror de Estado—el mismo terror que han utilizado en otras ocasiones para paralizar a las comunidades. Las medidas restrictivas, supuestamente necesarias por la pandemia, sirvieron de excusa para que los organismos policiales llevaran a cabo detenciones ilegales masivas al amparo de órdenes municipales, así como graves abusos de autoridad, incluidos asesinatos, fuerza excesiva, amenazas, detenciones irregulares, destrucción de las pertenencias de lxs manifestantes y abusos sexuales.

No obstante, el 1 de mayo, la asistencia a las protestas superó todas las expectativas y muchas otras ciudades se unieron a ellas. A estas alturas, las manifestaciones se estaban llevando a cabo en más de 500 ciudades de todo el país. Nuestro recuerdo de luchas difíciles de otros tiempos, transmitidas a nosotrxs por nuestrxs padres/madres y abuelxs, nos recuerda que no hay poder más transformador que el del pueblo unido.

Para el 01 de mayo a las 11 pm, la organización de derechos humanos Temblores había recibido, a través de su plataforma de denuncias de abusos policiales “GRITA”, informes de 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia policial física, 21 personas asesinadas por la policía, cuatro víctimas de violencia sexual a manos de agentes de policía, y 12 personas con disparos en los ojos realizados por la policía.

Numerosas personas salieron a las calles en toda Colombia.

Cali: Capital de la Resistencia

La ciudad de Cali se ha volcado en la protesta, organizándose de forma espontánea para conseguir que la gente se reúna. La gente ha acudido a los principales lugares de concentración desplegando una hermosa creatividad. La comida siempre está en el centro de estos lugares—comidas variadas y deliciosas distribuidas de las ollas comunitarias. Ahí está la línea del frente, y otras líneas de atención y defensa de la juventud en resistencia. Muchas zonas de la ciudad han sido rebautizadas: la Loma de la Cruz, ahora se llama la Loma de la Dignidad; el Paso del Comercio, ahora se llama el Paso del Aguante, “el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada del Mar es ahora la Portada de la Libertad.

En todo Cali se levantaron y defendieron barricadas.

Sin embargo, la represión ha continuado a diario. Haciéndose eco de la frase “siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla”, la gente ha vivido intensos días de resistencia, defendiendo al menos siete bloqueos permanentes en toda la ciudad. El pueblo de Cali protestó en gran número y con determinación desde el primer día de las movilizaciones. En la mayoría de los puntos de concentración, la gente fue provocada por las fuerzas policiales, lo que provocó enfrentamientos entre lxs manifestantes y la policía antidisturbios (ESMAD). La alcaldía de Jorge Iván Ospina, asignó al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional la tarea de vigilar las manifestaciones.

A continuación, presentamos una descripción general de las atrocidades cometidas por la policía en Cali cada día de la huelga, recopilada por varias organizaciones de derechos humanos.

“Asesinos, violadores. #ESMAD #policias”

N.º 28A — 28 de Abril de 2021

  • Ocho personas sufrieron heridas graves y 50 sufrieron heridas leves por los botes de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras lanzadas por el ESMAD.
  • La policía disparó a Marcelo Agredo Inchimad, de 17 años, en la espalda, en el barrio de Mariano Ramos. Murió en la Clínica Valle del Lili.
  • La policía asesinó a Jaison García, de 13 años. Ingresó sin constantes vitales en el Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
  • Seis personas fueron trasladadas a comisarías y puestas en libertad con multas por violar el toque de queda decretado por el alcalde Jorge Iván Ospina.
  • Numerosos videos grabados por manifestantes mostraban a la policía utilizando armas menos letales de manera inapropiada.1 y armas de fuego para disparar contra lxs manifestantes.

N.º 29A — 29 de Abril de 2021

  • Agentes de la policía asesinaron a Miguel Ángel Pinto, de 23 años, en el punto de concentración llamado “Puerto Resistencia”.
  • La policía detuvo a 106 manifestantes y lxs trasladó a comisarías, donde fueron golpeadxs, torturadxs y despojadxs de sus pertenencias y equipos audiovisuales. Se reportaron al menos 31 desapariciones.
  • Un manifestante en la calle Quinta fue alcanzado en el ojo por un bote de gas lacrimógeno y resultó gravemente herido.
  • Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien tras ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando su madre llegó le informaron que su hijo no se encontraba allí.

“Puerto Resistencia: Contra la Reforma”.

N.º 30A — 30 de Abril de 2021

  • Durante las protestas, Edwin Villa Escobar, comerciante, y Einer Alexander Lasso Chará, jubilado, fueron asesinados en el barrio El Diamante. Jovita Osorio, maestra de preescolar, fue asesinada en el barrio Paso del Comercio y otras tres personas no identificadas fueron asesinadas en el barrio El Poblado en el oriente de Cali. Estos incidentes se grabaron en video.
  • Angely Vivas Retrepo recibió un disparo en la pierna izquierda en el barrio de Julio Rincón, cerca del punto de concentración de Calipso. Mientras tanto, dos mujeres y un hombre resultaron heridxs en el barrio de Las Américas. Además, la policía hirió a 105 personas más.
  • Dos miembrxs de la organización de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente, Daniela Caicedo y José Cuello, fueron detenidxs en el punto de concentración de Sameco. La policía robó los artículos que lxs identificaban como parte de la organización.
  • La policía llevó a 94 personas a las comisarías desde diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchxs fueron golpeadxs y torturadxs por la policía dentro de las comisarías. Se denunció la desaparición de José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.

1M — 1 de mayo de 2021

En el momento de redactar estas líneas, aún no existe un informe de derechos humanos del 1 de mayo, a pesar de la gran cantidad de manifestantes que cubrieron gran parte de los puntos de concentración en el centro de la ciudad. Se informó de ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso y Puerto Resistencia. La policía aprovechó la noche para atacar los puntos más vulnerables de las manifestaciones del 1 de mayo. Ha habido informes por toda la ciudad de civiles armadxs disparando contra los barrios próximos a estas áreas. Esa noche se declaró el estado de “Asistencia Militar” para legalizar la militarización de las ciudades donde continuaban las movilizaciones y la resistencia civil contra la reforma tributaria.

Una familia joven en las barricadas.

Las Herramientas de lxs Enemigxs: Respuesta Militar a la Protesta Social

Ha sido difícil encontrar información sobre gastos militares en fuentes oficiales. Parece que pretenden ocultar la verdad sobre el gasto público en material de guerra. Colombia gasta actualmente en el Ministerio de Defensa alrededor de 40 mil millones de pesos colombianos ($ 10,5 millones de dólares) cada año. El presupuesto militar ha sido históricamente alto, ya que el conflicto interno ha continuado y se ha intensificado durante varias décadas. A pesar de los esfuerzos por establecer conversaciones de paz, hoy en día el conflicto se ha diversificado e intensificado en muchas partes del país, y los gastos de defensa representan ahora alrededor del 11% del gasto del gobierno de Colombia—un porcentaje alto para un país con una economía debilitada. Esto coloca a Colombia en el puesto 25 del ranking mundial de gasto público en defensa, muy por encima de países como Francia (con un 3,3%), España (2,9%) o incluso Brasil (3,86%).

El ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), una de las divisiones del aparato policial nacional, se creó en 1999 para reprimir las movilizaciones en el país. Se suponía que era una fuerza especial temporal, pero ahora existe desde hace ya más de 20 años y se ha fortalecido con los sucesivos gobiernos. Hoy consta de 3.876 agentes con un presupuesto de 490 mil millones de pesos ($ 131 millones de dólares). En el transcurso de su existencia, el escuadrón ha asesinado a, al menos, 20 civiles mediante lo que denominan “excesos de la fuerza”.

Hoy, el gobierno de Duque-Uribe, alejado del pueblo y anticipando un fuerte descontento popular derivado de las medidas antes mencionadas, ha destinado millones para fortalecer sus fuerzas de seguridad. El gobierno se ha estado preparando desde hace algún tiempo para utilizar la represión frente a los disturbios. En marzo de 2020, ante el inicio de la crisis social y económica provocada por la COVID-19, compró cinco vehículos blindados por 8 mil millones de pesos ($ 2.1 millones de dólares) junto con 9.515 millones de pesos ($ 2.5 millones de dólares) en municiones y armamento para el ESMAD. El presupuesto militar de 2021 se ha incrementado en casi mil millones de pesos. En definitiva, este gobierno responde a la protesta social como si estuviera en guerra.

Y, sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado contener la huelga general. Es por eso por lo que el presidente Duque aprobó la instauración de la “Asistencia Militar” en aquellas ciudades que lo necesitaran—una medida que permite el uso de fuerzas militares para responder a los desórdenes públicos y desastres. La presencia de estas fuerzas en las calles restringe los derechos como en un estado de sitio. La presencia militar en las calles aumenta la posibilidad de actos de guerra durante las manifestaciones, porque el Estado aborda la situación desde una perspectiva militar.

Una multitud se enfrenta a la ESMAD (policía antidisturbios colombiana) fuertemente blindada.

Calles Desbordadas

El pueblo colombiano se reunió en cada esquina, cerrando todas las ciudades. Los barrios salieron a las calles a rechazar la reforma fiscal bajo el lema “Si no nos unimos, nos hundimos”. Colombia se convirtió en un río de personas. Se extendió un gran fuego de unidad en honor a aquellxs que dieron su vida por el pueblo. Su pérdida nos duele profundamente, pero su muerte no puede ser en vano. Las voces de todo el país se hicieron oír y multitud de marchas difundieron la voz de la resistencia.

Colombia se ha quitado el miedo. No nos queda nada que perder.

¡A PARAR PARA AVANZAR!

“Por nuestrxs muertxs: un minuto de silencio y toda una vida de combate”.

CrimethInc

Fuente: https://es.crimethinc.com


Nota

Nota del editor: Esto no quiere decir haya una manera apropiada en la que la policía utilice “armas menos letales”.


Región colombiana: Abolir el Estado, Constituir las asambleas !!!

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