Análisis de coyuntura de América Latina para 2021

by • 3 marzo, 2021 • Abya Yala (América Latina), Noticias, comunicados y columnasComments (0)543

En este texto se presenta una reflexión sobre la coyuntura socio política de América Latina y el Caribe para principios del año 2021. Para tal fin se presentan en primer lugar, algunas tendencias generales en materia de salud pública, economía y política en la región, para ocuparse en segundo término del análisis de la realidad local de la mayoría de Estados y territorios del subcontinente y finalizar en tercer lugar, con el análisis de algunas tendencias de los movimientos y luchas populares latinoamericanos.

Tendencias generales

La coyuntura regional estuvo marcada fundamentalmente, como toda la situación global, por la pandemia del nuevo Coronavirus y la crisis histórica que esta supuso. Con el primer caso reportado del SAR-COVID-2 en Brasil el 26 de febrero y las primeras medidas de cuarentena tomándose en marzo, la región se convirtió para el mes octubre en la zona del mundo con más muertes por la enfermedad, siendo rebasada por Europa solo en para final de año. Según la base de datos de Google, en el continente se presentó hasta el 31 de diciembre de 2020, 15´680.323 casos de coronavirus confirmados, advirtiéndose un enorme sub registro, con 117.440 casos diarios, así como la lamentable cifra de 508.948 personas fallecidas por la enfermedad y 2.772 decesos diarios[1].

En total los 5 países más poblados de la región rebasaron el millón de casos con el natural predominio de Brasil, mientras 8 regiones superaron los doscientos mil y 16 territorios los 100 mil casos. En esa dirección 2 estados, Brasil y México rebasaron las 100 mil muertes, con Brasil una vez más en el límite de la estadística con 194.949 decesos, 3 más superaron los 30 mil fallecimientos con los casos de Colombia, Argentina y Perú y 7 territorios en total se anotaron más de 10 mil decesos. Se presentaron situaciones críticas de desborde del sistema hospitalario en Brasil y Ecuador en la primera mitad del año, que se repitieron en México, Colombia y Perú en la segunda. Notable fue el rápido deterioro de Argentina tras la reapertura, así como las situaciones malas en Panamá y Guatemala según las proporciones. En general contra lo esperado en términos de infraestructura sanitaria, Centroamérica y el Caribe tuvieron un desempeño notablemente mejor que sus vecinos. Se presentaron casos paradigmáticos de éxito en Nicaragua pese a la desorientación gubernamental, Uruguay, Guyana y Surinam, todos  con menos de 200 muertes registradas.

Las medidas de aislamiento social implementados en general de forma tardía, descoordinada, sin rastreo de casos y sin garantías sociales por los Estados, sumadas a la caída mundial de la producción, el consumo y la inversión, generaron en una región, recientemente marcada por una situación de crecimiento débil, una profunda crisis económica, mayor a la gran recesión de 2008-2009 y aún a la gran depresión de 1929, con una caída estimada de entre el -8.1% y el -7.4% en el PIB en la región, según el FMI. La depresión súbita llevo a un gran aumento del déficit y la deuda pública en las economías del sub continente, que además se vieron afectadas por la caída histórica de la demanda de materias primas. Así mismo la región fue las más afectada del mundo por el desempleo, que ya era alto y venía creciendo desde antes de la crisis, con el registro de 41 millones de desempleados y una tasa de desocupación superior al 10.6% según la OIT, que llego al 13% a mediados de año, y en países como Colombia  llega a proyectarse con cifras desconocidas hace un siglo, sobre el 20%, lo que dejo al desnudo la extendida precariedad de las condiciones laborales y sociales de la población.

A su vez la región concentra 4 de los países del mundo con la mayor inflación del mundo a la cabeza de Venezuela, y con muchas más distancias Surinam, Argentina y Haití. Como contra cara de este fenómeno se presentó una situación de caída económica e inflación negativa en Puerto Rico y Panamá. Así mismo en un panorama de disminución de ingreso y aumento sustancial del gasto, se presentó un agravamiento general de la deuda que llegaría el 81.6% del PIB en la región según el FMI. Los casos más grandes de endeudamientos exterior son los Belice, Brasil, Argentina y El Salvador, si bien las más severas crisis de deuda se presentan en lugares como Ecuador, Venezuela, Argentina y Surinam, con los últimos dos países pactando renegociaciones de sus deudas con la banca internacional.

En términos demográficos, se presentaron retornos masivos de migrantes residentes en Estados Unidos, Europa y los países ricos de la región, con los casos especialmente críticos de los migrantes haitianos residente en República Dominicana y venezolanos en la Suramérica andina. Por otro lado el impacto combinado de los huracanes Eta y Iota, y en menor medida Nana en Centroamérica y el Caribe, afecto fuertemente poblaciones rurales empobrecidas del Caribe, lo que estimulo nuevas caravanas migratorias de mayoría hondureña con integrantes salvadoreños y cubanos, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad de Guatemala y México.

En el terreno político, la tendencia de giro a la derecha continúo en zonas claves que anteriormente figuraban como fortalezas progresistas como República Dominicana, así como Surinam y de forma menos acentuada en Guayana. Sin embargo, una notable y al parecer creciente contra tendencia de giro a la izquierda, se presentó con la estratégica victoria electoral en Bolivia, así como en Belice y de forma más difusa en Panamá. El 2020 cierra con una situación de 10 estados bajo administración progresistas y 15 bajo administraciones conservadoras, si bien los gobiernos social liberales de Costa Rica y Ecuador de hecho manejan agendas económica y políticas con elementos fuertemente conservadores. La criminal incompetencia de Bolsonaro frente a la crisis debilito el liderazgo conservador del continente, aunque también fue patente un pobre manejo de la crisis por parte de las administraciones progresistas de López Obrador en México y Ortega en Nicaragua.

En la región se experimentaron profundas crisis políticas en países como en Perú donde se produjo la caída de dos gobiernos, El Salvador donde se presenta un fallido auto golpe de Estado y en Guatemala donde esta situación se planteó pero no se materializo. En menor medida se presentan también profundas crisis electorales, con elecciones pospuestas, acusaciones cruzadas de fraude y resultados largamente demorados, en República Dominicana, Guayana, Surinam y Bolivia. Así mismo, se presentaron administraciones de gobiernos interinos no electos en Puerto Rico y Bolivia, lo que hacía final de año término en ambos países. Al tiempo se proyecta un significativo proceso de cambio constitucional en Chile presionado por la movilización popular y la larga y fracasada asamblea constituyente en Venezuela, que se disuelve en silencio. En este último país, que sigue representando una gran centralidad en el panorama continental, se mantiene la inestable situación de doble poder, pero se presenta una evolución en materia legislativa y de división interno de la oposición derechista, favorable hacia el gobierno de Maduro.

A nivel local

En México continua la gestión del político Andes Manuel López Obrador del izquierdista Movimiento de Renovación Nacional (MORENA). Con su mayoría legislativa, el gobierno ha adelantado su política de seguridad con base en la Guardia Nacional con escaso éxito, diversos proyectos en torno a su propuesta de Estado de bienestar y actividades diversas de su plan nacional de infraestructura, mientras mantiene su política de represión tercerizada contra los migrantes centroamericanos. La economía que venía de un año de estancamiento, experimento la fuerte crisis del coronavirus con una caída del -8% del PIB, pese a las reticencias del gobierno por imponer cierres productivos. Se presentaron huelgas de trabajadores de prensa y conflictos de obreros automotrices por aumentos salariales, así como acciones del movimiento feminista, como la convocatoria el 9 de marzo de un día sin nosotras de parcial acogida, en protesta contra los feminicidios y la violencia sexual contra las mujeres.

En Guatemala asume el gobierno del político Alejandro Giammattei del partido derechista Vamos y una coalición electoral conservadora. El gobierno del antiguo consultor empresarial y director de prisiones Giammattei, electo en las controversiales elecciones presidenciales de 2019, inicia su gestión con la promesa de mano dura y levantar un “muro de oportunidades” para evitar la migración, lo que no ha impedido que intensifique por presión estadounidense su actividad represiva contra los migrantes. La situación del país estuvo marcado por la crisis política abierta en noviembre, tras la aprobación del presupuesto de 2021 que incluía importantes recortes sociales, la irrupción de la protesta popular que condujo al incendio del parlamento, la suspensión de la ley y la propuesta lanzada por el vicepresidente de renuncia del gobierno, que no se materializo. En medio de la crisis económica generada por la pandemia en la que se produjo una caída del -2% del PIB, la agricultura del país se retrajo, y hubo afectaciones por terremotos, deslizamientos y la temporada de lluvias. Además de la jornada contra el recorte presupuestal, hubo protestas populares en demanda de ayudas sociales.

En Belice se presentó un giro de izquierda con la asunción del nuevo gobierno del empresario Johnny Briceño del social liberal Partido Popular Unido (PUP) tras vencer ampliamente en las elecciones generales. Tras tres periodos de gobierno conservador, la nueva administración esboza su Plan Belice de reactivación económica, tras recibir un país con cierta afectación por la última temporada de huracanes, así como por el cierre temporal de la zona de libre comercio, mientras se mantiene las tradicionales tensiones fronterizas con Guatemala. La economía del país vive una situación crítica, siendo la más endeudada del sub continente y recibiendo el impacto de la crisis mundial con un decrecimiento del -13.5% del PIB.

En El Salvador bajo el gobierno del empresario Nayib Bukele de la derechista Gran Alianza por  la Unidad Nacional, se desarrolla una importante crisis política tras el intento de auto golpe de Estado de Bukele del 9 de febrero, cuando su gobierno en minoría en el legislativo, intervino militarmente el congreso para forzar su la aprobación de su política de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. En medio de una crisis económica que implico un decrecimiento estimado del -8.6% del PIB, el gobierno del presidente milenial mantuvo sus políticas de negación de la crisis de agua a principios de año y de represión brutal y violación de derechos humanos en los centros penitenciarios del país. En el año se presentaron protestas obreras contra los despidos masivos en la industria de maquila, del movimiento de mujeres exigiendo la libertad de las detenidas por abortos espontáneos y de las personas confinadas en centros de detención preventiva por coronavirus.

En Honduras continúa el segundo mandatado del autoritario gobierno del político evangélico Juan Orlando Hernández del conservador Partido Nacional de Honduras (PNH). El gobierno heredero del golpe de Estado y del fraude electoral, mantiene su agenda de seguridad y cero tolerancia con el crimen, con resultados escasos, así como su política de conservadurismo cultural que busco darle rango constitucional a la prohibición del aborto. La crisis económica del país por la pandemia que supuso un decrecimiento del -8% del PIB, disparo la deuda externa y una profunda crisis de deserción educativa en masa. Se desarrolló una huelga de enfermeras en enero por reajuste salarial, al tiempo que se presentaban protestas populares contra el gobierno y la corrupción reprimidas por la policía, movilizaciones feministas contra los feminicidios y las leyes que restringen los derechos sexuales de las mujeres.

En Nicaragua continua el deslegitimado gobierno del antiguo líder guerrillero Daniel Ortega y el socialdemócrata Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La cabeza de lo que viene convirtiéndose en el clan Ortega, mantuvo un manejo irresponsable de la pandemia, lo que sin embargo no impidió el buen desempeño del país en los indicadores de salud pública. La situación de recesión económica reforzada por las sanciones de Estados Unidos, empeoro sensiblemente por la pandemia que llevo a una contracción del -5% del PIB, aunque se presentó un paralelo incremento de las exportaciones mineras. La actividad represiva se mantuvo, con la prisión para algunos activistas opositores y la expropiación de algunos bienes de organizaciones no gubernamentales críticas del gobierno, al tiempo que se presentaron también asesinatos y desplazamientos de indígenas en la costa caribe. Se presentaron protestas cívicas lideras por la derecha reprimidas por la Policía, así como movilizaciones del movimiento de mujeres contra los feminicidos y la violencia sexual.

En Costa Rica continua el gobierno del académico Carlos Alvarado del social liberal  Partido de Acción Ciudadana (PAC). El gobierno continúo su Plan Fiscal de recortes sociales, en medio del agravamiento de la ya débil situación económica por el coronavirus, que llevo a la contracción del -4.5% del PIB. El gobierno promovió una nueva legislación que restringe la actividad huelguística, se destapo el escándalo de la Unidad de Análisis de Datos gestionada desde la presidencia, y se presenta la continuación de la violencia contra activistas indígenas. El gobierno perdió frente a la derecha las elecciones municipales, aunque en estas jornadas electorales también perdieron capacidad los partidos evangélicos. Desde septiembre se presentaron dos semanas de grandes protestas populares con bloqueo de carretas contra el proyecto del gobierno de solicitar un mego préstamo al FMI y realizar reformas neoliberales, protestas que resultaron victoriosas. Así mismo se presentaron protestas ambientales contra la industria pesquera.

En Panamá se desarrolló el gobierno del empresario Laurentino Cortizo del centro izquierdista Partido Revolucionario Democrático (PRD). El nuevo gobierno ha promovido el llamado Pacto del Bicentenario así como una reforma a la Caja de Seguro Social. Sin embargo, su proyecto de reforma constitucional presentado en 2019 fue retirada por la protesta popular. En materia económica el país vio su fuerte crecimiento afectado de manera sensible por la pandemia que llevo a un decrecimiento del -6.5%, lo que no impidió que se presentara una situación de inflación negativa del -0.8%. En el año se presentaron protestas sindicales contra los decretos de flexibilización laboral, movilizaciones de jóvenes trabajadores demandando su inclusión en los programas gubernamentales de apoyo y el nuevo año inicio con la protesta popular de la ciudad de Colón por trabajo y saneamiento básico. Se presentaron manifestaciones cívicas de la derecha y contra manifestaciones de protesta contra el gobierno en enero, así como dispersas protestas populares contra la escases de alimentos, medicinas y por la interrupción de servicios públicos.

En Cuba continuo el gobierno del político Miguel Díaz-Cannel del burocrático Partido Comunista de Cuba (PCC) con su agenda de apertura económica y continuidad política. El gobierno heredero de los Castro, tras promulgar la nueva constitución de 2019, implemento una reforma económica que unifica la doble moneda existente en el país, lo que disparo los precios de los productos esenciales. La pandemia agravo la situación previa de crisis económica y llevo a un decrecimiento estimado del -11% del PIB, afectada por el endurecimiento del bloqueo estadounidense y la baja del turismo. Se presentaron protestas populares dispersadas por las autoridades contra la brutalidad policial, y desde noviembre la actividad de las artistas del Movimiento San Isidro con huelgas de hambre, contra decretos gubernamentales que limitan las expresiones artísticas.

En Haití el gobierno del empresario Joven Moise del derechista liberal Partido Haitiano Tet Kale, se mantuvo en el poder tras surcar las protestas anti gubernamentales de 2019. Sin embargo, y en medio del fortalecimiento de la criminalidad, el gobierno experimento en marzo protestas policiales armadas que terminaron en choques con el ejército. El antiguo presidente de la patronal haitiana gobernó por decreto, con un parlamento clausurado desde el mes de enero, en medio de su proyecto de reforma constitucional para fortalecer el poder ejecutivo. En materia económica el país experimento el fuerte choque de la recesión mundial con un decrecimiento estimado del -4% del PIB, y una inflación alta del 22.4%. Se presentaron protesta de las fuerza opositoras desde noviembre que fueron reprimidas por fuerzas de seguridad y que hoy desembocan en una nueva situación de rebelión y crisis política.

En República Dominicana se presentó un giro a la derecha y asumió la jefatura del Estado el empresario Luis Abinader del social liberal Partido Revolucionario Moderno (PRM). Tras las protestas de febrero lideradas por la derecha ante el aplazamiento de las elecciones generales por supuestos fallas técnicas y contra el gobierno de Danilo Medina, los sectores opositores resultaron vencedores de las elecciones presidenciales en julio, que mostraron al progresismo desgastado tras 14 años de gestión. El gobierno de Abinader, antiguo dirigente de la patronal hotelera, expuso su interés de alinearse con Estados Unidos, lo que facilito la firma de un Tratado de Cooperación con ese país y esbozo una ley general de presupuestos que impone recorte de gasto público en momentos en los que la economía sufre una contracción del -6% del PIB, al tiempo que mantuvo la política suprapartidista de expulsión y exclusión de los migrantes haitianos. En el país se presentaron las protestas cívicas lideradas por la derecha, las más grandes en dos décadas, así como protestas populares contra la suba de impuestos a la población y contra los cortes de energía eléctrica en algunas zonas de la capital.

En Puerto Rico se presentó el gobierno interino de la abogada Wanda Vázquez del conservador Partido Nuevo Progresista (PNP). La ex secretaria jurídica del gobierno Roselló, desarrollo su impopular gestión bajo la promesa de revisar los cuestionados contratos del anterior gobierno, al tiempo que afrontaba la polémica por su mala gestión de las ayudas para los damnificados de los terremotos de 2019. La larga depresión económica del país en reestructuración desde 2016, se agravo por los efectos de la pandemia, lo que sin embargo condujo a una situación de inflación negativa del -1.6%. En las polémicas elecciones generales de noviembre salió elegido como nuevo presidente Pedro Pierlusi del PNP y su propuesta de plena anexión a los Estados Unidos Se presentaron protestas populares contra el gobierno de Vázquez reprimidas por las fuerzas de seguridad en enero, así como luchas de los damnificados por las catástrofes naturales y movilizaciones del movimiento feminista contra los feminicidios.

En Jamaica continuo el gobierno del político Adrew Holness del derechista Partido Laborista de Jamaica (JLP), que renovó su mandato y amplio su mayoría legislativa en las poco concurridas elecciones anticipadas de septiembre. El primer gobierno conservador relecto en medio siglo, impulsa sin mayores éxitos un proyecto de lucha contra la corrupción institucional y construcción de viviendas de interés social e infraestructura, en el que sigue siendo el país con más crímenes violento de la región. La economía que venía sufriendo una cierta crisis agrícola, experimento un fuerte golpe con una contracción que se estima en -10.7% del PIB. En el país se presentaron protestas populares contra la brutalidad policial en mayo.

En Colombia continua el gobierno del político Iván Duque del ultraderechista Centro Democrático (CD) y una coalición de gobierno conservadora. El gobierno del antiguo asesor bancario, afronto los escándalos de corrupción de la ñeñe política y la fuga de Aida Merlano con la complicidad de los entes de investigación y la gran prensa. La situación de débil crecimiento económico dio un salto por la profunda crisis del coronavirus que llego a un decrecimiento del -6.8%, que no alcanzo a ser mitigada por los muy limitados programas de ayudas sociales. Mientras tanto se recrudeció el conflicto armado en ciertas zonas de colonización, se profundizo la fracasada estrategia de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito que llevo a múltiples choques con campesinos cocaleros, mientras las fuerzas de seguridad realizan operaciones militares contra las estructuras ELN, y continuaba la violencia contra los líderes y lideresas sociales, especialmente rurales que defienden el proceso de paz y el medio ambiente. Se presentaron importantes protestas sociales en torno a las conmemoraciones del paro nacional de 2019 con centro el 21 de octubre y revueltas contra la brutalidad policial el 9 y el 10 de septiembre con eje en la sabana de Bogotá. Por otro lado, se presentó el paro de las mineras del Cerrejón por 91 días en demanda de su convención colectiva, así como conflictos obreros en educación por presupuesto, petróleo contra la privatización y biblioteca públicas contra los despidos masivos. También se sucedieron movilizaciones y huelgas de hambre de las estudiantes universitarias por gratuidad en la matrícula, con resultados desiguales y la importante movilización de la Minga indígena y popular del sur occidente del país hacia Bogotá.

En Venezuela se mantiene la situación de doble poder, con el autoritario gobierno del antiguo líder obrero Nicolás Maduro del estatista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico a la cabeza del Estado, y del ex líder estudiantil Juan Gaudio de la conservadora Voluntad Popular (VP), como gobierno paralelo del legislativo, apoyado sobre todo por Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima. Tras la disolución de la fallida Asamblea Constituyente, se presentaron en el país las elecciones legislativas del 6 de diciembre boicoteadas por la mayoría de la oposición, que resultaron en una nueva mayoría madurista en la Asamblea Nacional, así como en el poder regional, mientras en paralelo se desarrolló una Consulta Nacional liderada por una derecha dividida. El gobierno Maduro ha promovido el programa “Vuelta a la patria” que ha significado el retorno de 300 mil migrantes al país, aunque sigue predominando la irregularidad y aún la salida de personas que ACNUR estima en 5.4 millones de personas desde 2016. La depresión económica continua, agravada por la pandemia que llega a un estimado de descrecimiento del -25% del PIB, en medio de una hiperinflación que el FMI calcula en 6.500%. En el país se presentaron protestas cívicas lideradas por la derecha en enero, así como una multitud de protestas populares en reclamo de alimentos, medicinas y servicios públicos.

En Guyana se presentó un cambio político, con la asunción del gobierno del político Irfaan Alí del socialdemócrata Partido Progresista del Pueblo. Asesor de la banca internacional y joven musulmán de ascendencia india, Ali triunfo en las controvertidas elecciones generales de marzo, cuyos resultados demoraron 5 meses en publicarse, consiguiendo una leve mayoría en el parlamento y el poder local, con un programa pro empresarial y de reducción de impuestos. En medio del mayor auge económico del mundo, que se estima en un crecimiento del 50% del PIB, explicado por los nuevos descubrimientos petroleros, el país vio fuertemente resentido por la pandemia los demás sectores económicos. Al tiempo se presentó un aumento de la tensión fronteriza con Venezuela por la zona disputada del Esequibo, en parte debido a los ejercicios militares que la ex colonia británica realizo con Estados Unidos. En marzo se presentaron protestas por la demora en los resultados de las elecciones, en septiembre se presentaron violentas protestas juveniles por el asesinato de dos jóvenes que fueron reprimidas por la policía, así como importantes motines de la población encarcelada.

En Surinam asume la presidencia el antiguo jefe nacional de policía Chan Santhoji del social liberal Partido de la Reforma Progresista y una coalición de centro derecha, tras el triunfo en las polémicas elecciones generales de mayo en las que se hundió el proyecto de segunda relección de Bouterse. Con su imagen de mano dura, el ex ministro de justicio Santhoji de ascendía india, plantea un programa de reforzamiento de la seguridad, posible encarcelamiento de Bouterse y acercamiento a Estados Unidos, intención sin embargo limitada por la importancia de la figura del vicepresidente Brunswijck condenado en Países Bajos por tráfico de drogas. En materia económica el país, logro una reestructuración de su deuda externa, aunque experimento una fuerte caída de su actividad económica con una contracción del -4.9% del PIB, con una muy alta inflación del 49.8%, en medio del aumento de su deuda.  El país experimento protestas cívicas por las controversias en los resultados electorales.

En Ecuador se dio el último año de gestión del empresario Lenin Moreno del partido social liberal Alianza País. El antiguo vicepresidente de Correa ahora enfrentando política y judicialmente con su antecesor, busco recomponer sin éxito su legitimidad y popularidad tras la derrota parcial que sufrió ante la protesta de 2019. Al tiempo el gobierno mantuvo sus planes de ajuste económico y liberación progresiva del precio de los combustibles. La crisis económica, se profundizo por la pandemia y las restricciones a la actividad económica que llevaron a una contracción estimada del -8.9% del PIB. Se presentaron protestas populares de mayoría obrera y estudiantil contra recortes gubernamentales desde en mayo y septiembre, así como bloques de pobladoras rurales por infraestructura.

En Perú se reabrió la crisis política, produciéndose en noviembre la destitución por el senado del presidente Martin Vizcarra por cargos de corrupción, el breve gobierno interino del empresario y presidente del congreso Manuel Merino del derechista Acción Popular y tras la caída del gobierno por la protesta popular, la nueva administración del antiguo senador y antiguo ejecutivo del Banco Mundial, Francisco Sagasti del centroderechista Partido Morado. En el país se presentaron elecciones legislativas con una victoria de la derecha y hundimiento de los partidos políticos tradicionales, así como una condena judicial por corrupción contra la líder derechista Keiko Fujimori. En el aspecto económico, el país vivió una profunda crisis que llevo al decrecimiento del -12-7% del PIB. En materia de protestas, sobresalió la jornada contra el gobierno interino de Merino que se saldó con la muerte de dos manifestantes en manos de la policía, así como la importante huelga con bloqueo de carreteras de trabajadoras agrarias en Ica y la Libertad contra la ley agraria, así como paros de médicas y trabajadores de la salud en septiembre y octubre y huelga de controladoras aéreas y trabajadoras del turismo en Cuzco, así como movilizaciones ambientales contra la mega minería.

En Bolivia se presentó un gran cambio político, que supuso el fin del gobierno golpista de la política evangélica Jeanine Añez del conservador Movimiento Demócrata Nacional y la amplia victoria en las elecciones generales de noviembre del economista y tecnócrata Luis Arce del indigenista Movimiento al Socialismo (MAS). Durante la mayor parte del año, el gobierno dictatorial de la presentadora televisiva Añez, ejerció la censura de prensa, hostigo a los países que brindaron asilo diplomático a Evo Morales, enjuiciado por cargos de terrorismo, reforzó el ideario reaccionario de las fuerzas armadas encubriendo las masacres de Senkata y Sakaba de 2019 y revirtió parcialmente la parcial reforma agraria. En materia económica el país vivió un decrecimiento del -6.2% del PIB, en parte por las caídas en rubros como la construcción y la minería. En el país se presentaron protestas cívicas en torno a las elecciones, principalmente de los partidarios del MAS contra el aplazamiento de los comicios en julio y agosto, así como más localizadas protestas de la derecha santacruceña ante su derrota electoral. También se presentó la huelga de trabajadores aeronáuticqs por atraso en el pago de salarios, una huelga de hambre de las autoridades locales de Cochabamba demandando recursos para enfrentar la pandemia, y movilizaciones de comerciantes en demanda de la reapertura económica.

En Brasil continua el autoritario gobierno del ex militar Jair Bolsonaro y de la nueva formación ultraderechista Alianza por Brasil, tras su estrepitosa salida del PSL. El entusiasta golpista de ayer y hoy Bolsonaro, afronta escándalos judiciales y políticos, en un país con una importante crisis ambiental por la continuación de los incendios de la amazonia, con un recrudecimiento de la violencia policial contra la juventud pobre y negra y de la violencia contra la población trans. Tras una interrupción de la dinámica de crecimiento lento, el gigante suramericano tuvo una caída de la actividad económica del -4.05% del PIB, limitada por un nivel record de su deuda pública y el aumento de la exportación de hidrocarburos. En el país se dio durante más de un mes la huelga de las trabajadoras de los correos contra la suspensión de derechos laborales y los planes de privatización, así como paros de las obreras de la Renault contra los despidos masivos y de las petroleras de la estatal Petrobras contra el cierre de empresas conexas, movimiento este último que fue declarado ilegal. Así mismo se presentaron protestas populares por el desastroso manejo gubernamental de la pandemia en junio y en noviembre protestas del movimiento negro contra la brutalidad policial.

En Paraguay continua la gestión del empresario Mario Abdo Benítez del conservador Partido Colorado.  El hijo del antiguo secretario privado de Stroessner y admirador del dictador, enfrenta un escándalo de corrupción en el manejo de los fondos para afrontar la pandemia, mientras se presentaba una sequía histórica del rio Paraguay y se mantenían las operaciones militares contra el EPP y en uno de estos hechos se produce el asesinato y el encubrimiento oficial del asesinato de dos niñas. El país que venía de una ola de crecimiento previo, experimento una caída limitada de su actividad económica en -1% del PIB, por los planes de inversión pública y la actividad del sector primario, aunque registro también un aumento su nivel de déficit fiscal. Se presentaron movilizaciones campesinas e indígenas en los meses de octubre y noviembre en demanda de la condonación de deudas bancarias y apoyo gubernamental, así como protestas cívicas contra la corrupción gubernamental.

En Chile se mantiene el debilitado gobierno del empresario Sebastián Piñera y la coalición derechista Chile Vamos. Como hecho central se resalta la celebración del Plebiscito nacional de octubre sobre la constitución, que por más del 78% lleva a la formación de una Asamblea Constituyente para remplazar la constitución de la dictadura de Pinochet. En este tramo del segundo gobierno de uno de los hombres más rico de Chile, hubo una pequeña mejora de la impopular imagen presidencia, mientras de destapaba el llamado caso correos de manipulación de la información de salud pública por parte de la administración gubernamental. En el terreno económico la economía del país vivió una contracción del -6.25% del PIB. Se presentó huelga de más de un mes de las obreras del cobre de la mina Candelaria, huelga de sectores obreros de centrales hidroeléctricas de Nehuenco, protestas populares por la libertad de las detenidas durante la rebelión popular y huelgas de hambre de más de 20 presos políticos mapuches. También se presentó el paro empresarial de camioneros exigiendo medidas de seguridad y represión contra las mapuches en el sur del país, que afecto fuertemente el transporte nacional.

En Argentina continua el gobierno del abogado Alberto Fernández del centrista Partido Justicialista (PJ) y la coalición Frente de Todos. El gobierno Fernandez-Fernandez logro la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al tiempo que instalaba una lenta agenda progresista en el legislativo que incluyo proyectos como el impuesto a las grandes fortunas o la legalización del aborto. La crisis económica abierta hace varios años se agravo por efecto de la estricta cuarentena con una caída estimada del PIB del -12.9% y aunque la inflación disminuyo sigue a un nivel alto del 36.1%. En materia de luchas se presentaron la huelga de las estratégicos trabajadoras aceiteras en diciembre que se extendió también a los puertos y el transporte de grano, así como paros de periodistas y trabajadoras de la salud, así como la masiva movilización del movimiento de mujeres por los derechos sexuales y los reclamos del movimiento de trabajadoras desocupadas.

En Uruguay asumió el nuevo gobierno derechista del político Luis Lacalle Pou del conservador Partido Nacional (PN) y de la tradicionalista coalición multi color. La administración heredera del herrerismo del partido blanco, presento un programa de seguridad con grandes gastos en el equipamiento de las Fuerzas Armadas y aprobó su presupuesto general con recortes sociales así como la autoritaria Ley de Urgente Consideración que aumenta ampliamente las facultades de la policía, endure penas, ilegaliza bloqueos de calles y ocupaciones fabriles y pena los actos de desobediencia contra las autoridades públicas. Se experimentó una importante caída de la actividad económica con un decrecimiento del -4.5% del PIB, con aumento del déficit fiscal, en medio del programa del gobierno de recorte del gasto público. En el país se presentó la semana por la educación en agosto con paros provinciales de maestros en defensa del presupuesto educativo, así como huelga de trabajadores del transporte terrestre por incumplimiento de la convención colectiva y protestas populares contra el recorte del presupuesto en junio y octubre.

Movimientos y protesta social

Aunque 2020 supuso un relativo reflujo frente a la gran explosión social experimentada en varios países de la región 2019, este fue un año rico en movilizaciones sociales y populares. Por su magnitud, las principales jornadas de protesta del año se presentaron en Costa Rica con la huelga general con paros, corte de calle y marchas contra el mega préstamo al FMI, y en Perú donde las movilizaciones callejeras llevaron a la caída del gobierno de Merino y despertaron una secuencia posterior de protestas agrarias. También resultaron importante las protestas en Guatemala contra la aprobación del presupuesto de 2021 y las movilizaciones en Bolivia contra el gobierno interino y el aplazamiento de las elecciones, así como las movilizaciones sindicales y populares en Ecuador contra el programa de recorte social y la revuelta juvenil contra la brutalidad policial en Colombia. Las más grandes protestas populares siguen teniendo por eje la lucha contra los recortes sociales, aunque también resultan claves las crisis políticas y la respuesta contra salidas autoritarias.

En el movimiento obrero, los conflictos más importantes se presentaron en demanda de convenciones colectivas de trabajo tanto en Argentina, con la huelga de extensión nacional de las trabajadores de la industria aceitera, que se extendió a puertos y terminales de transporte de grano y asomo en convertirse en un conflicto general en Rosario, como en Colombia donde sucedió el paro de 91 días de las obreras carboníferas del Cerrejón, la mina a cielo a vierto más grande del continente. Resultaron también importantes los dos paros nacionales parciales de trabajadoras domiciliarias tercerizadas en Brasil, así como el llamado a paro internacional de repartidoras del 8 de octubre con repercusiones en Brasil, Argentina, México, Colombia, Ecuador y Perú, en demanda de mejores condiciones laborales; lo mismo que huelga internacional de obreras de Amazon durante el Black Friday en la que participaron empleadas México y Brasil para exigir mejores condiciones de trabajo y cese de la persecución laboral en una de las compañías que más gano con la pandemia. También resulto clave la actividad de las trabajadoras de la salud, muy movilizados en esta crítica coyuntura, una de cuyas expresiones fue la protesta de los trabajadores de la salud del cono sur del 20 de noviembre, con movilización en Chile y huelgas sectoriales en Paraguay y Uruguay, además de conflictos en Honduras, México, Colombia y Perú.

En el movimiento campesino fue clave la actividad de Perú, donde fueron centrales las huelgas con bloqueos de vías realizadas por las trabajadoras agrarias de Ica y la Libertad, que convocaron paros nacionales, contra la ley agraria. También fue importante en Paraguay la movilización nacional y el campamento campesino en Asunción, en demanda de la condonación de deudas prometida por el gobierno y por programas de tierra y ayudas gubernamentales, así como de forma más localizada la protestas de los campesinos cocaleros en Colombia.

En el movimiento estudiantil por su parte, se presentaron algunas movilizaciones con huelgas de hambre por la gratuidad de la universidad pública en Colombia, así como por mejores condiciones de estudio en Brasil, amén del gran protagonismo estudiantil de las protestas de Guatemala, Costa Rica y Chile.

Mientras tanto el movimiento indígena mantuvo importantes niveles de movilización en Colombia con la minga indígena y popular de mayoría nasa que se movilizo hacia la capital en reclamo de atención urgente, Chile donde se agudizo la situación de conflicto social en la Araucanía y se desarrollaron las huelgas de hambre de presos políticos mapuches y regiones de Centroamérica.

En el terreno de las protestas cívico-populares la crisis histórica genero múltiples medidas de protesta frente a la cuarentena y por reivindicaciones económicas. Por un lado, se presentaron movimiento de protestas popular, de trabajadoras desempleadas o informales por ayudas sociales frente a la crisis como en Argentina o Colombia. Por otro lado se dierón conflictos localizados contra reapertura apresurada y sin medidas de bioseguridad como en México; y finalmente ambiguas protestas de liderazgo empresarial por la reapertura de diferentes sectores y actividades económicas sobre todo de servicios, en medio de la quiebra generalizada de empresas. Por último se presentaron con mucha visibilidad mediática y poca fuerza social, protesta negacionistas de la pandemia, fuertemente influenciadas por la extrema derecha, con repercusiones en Brasil y todo el cono sur.

En el movimiento de mujeres se vivió la enorme victoria feminista en Argentina que llevo, bajo la presión de la calle, a la legalización del aborto en el parlamento, en lo que supone un ejemplo para el resto de la región. Por otro lado tuvo una gran importancia la movilización masiva de mujeres en México contra los feminicidios y la violencia patriarcal, así como el crecimiento del movimiento en Centroamérica, el Caribe y la región alto andina.

En el movimiento de la población negra, se sucedieron en Brasil, las grandes protestas antirracistas contra la brutalidad policial, así como movilizaciones sintonizadas con las demandas del movimiento las vidas negras importan en Cuba y Jamaica.

Entre otros sectores sociales, se presentaron protestas de la población privada de la libertad, protestando por pésimas condiciones sanitarias y contra supresión de régimen de visitas, que asumió la forma de motines y huelga de hambre en 11 países de la región, 6 de los cuales se presentaron asesinatos, siendo el caso de Colombia el más sangriento conocido.

En medio de una pandemia, una recesión y una crisis de proporciones histórica, la lucha y la resistencia popular continúan. Sigue siendo una tarea de las anarquistas organizadas pensar nuestra realidad para seguir contribuyendo a fortalecer las luchas.

Grupo Libertaria Vía Libre

24 de febrero

Bogota, región colombiana

Fuente: https://grupovialibre.org/2021/02/24/analisis-de-coyuntura-de-america-latina-para-2021/


Notas

[1] Cálculos propios con base en información disponible en Google Noticias sobre coronavirus de 25 países de América Latina y el Caribe.


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