Debates entre anarquistas y comunistas en la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de 1925

by • 2 noviembre, 2020 • Artículos, Coyuntura política, Estado, Historia anarquista, Historia social, Investigación, Memoria, OrganizaciónComments (0)437

A continuación les compartimos la parte 4 del artículo La asamblea de asalariados e Intelectuales de marzo de 1925: articulación, oportunidad y proyecto. Perspectivas históricas para la coyuntura actual de Ignacio Ayala Cordero, que trata sobre los debates ideológicos del movimiento social en la asamblea constituyente popular de 1925. Rescatamos esta sección debido al enorme valor de este debate en la coyuntura actual, toda vez que nos topamos nuevamente con un proceso constituyente que amenaza, por medio de la convención constitucional dirigida por los partidos políticos, de excluir nuevamente a los sectores populares en el desarrollo de una nueva constitución (Nota Lapeste.org).


4. Debates y conclusiones: la diversidad ideológica del movimiento social

4. 1. Debates ideológicos: anarquistas vs. comunistas

La Asamblea de Asalariados e Intelectuales fue escenario de la pugna entre diversos idearios políticos que convivían de manera más o menos conflictiva en el seno de las manifestaciones del movimiento social. No obstante, los debates más acalorados durante la convención de marzo de 1925 fueron protagonizados por ácratas y comunistas. Ello a pesar de que la postura mayoritaria de los militantes y organizaciones anarquistas en la región chilena fue la abstención de participar en el evento. Días antes de su inauguración, la anarquista Federación de Obreros de Imprenta emitió una “publicación oficial” en la prensa, por medio de la cual manifestaba que “la Federación no ha tenido ni tiene ninguna participación en el CON, ni se hará representar en la Constituyente Chica”54.

Aunque una parte significativa de la corriente anarquista se mantuvo al margen de la convocatoria, la participación de algunos militantes y simpatizantes ácratas tuvo la capacidad de proponer y levantar mociones, intervenir activamente en el debate e, incluso, reflejar la ascendencia de numerosos principios propugnados por el anarquismo entre los asambleístas. Uno de ellos fue la decisión de impedir la representación oficial de partidos políticos entre las organizaciones convocadas, incluido el Comunista que “siendo partido era similar a los partidos burgueses”55. Ello no implicó la inexistencia de representantes de la política electoral en la Asamblea, donde hubo militantes radicales, demócratas y comunistas, pero su participación debía estar supeditada a su papel en organizaciones sociales funcionales. En el caso de los comunistas, su representación estuvo garantizada por el amplio predominio de los cuadros sindicales de la FOCH entre la cuota proletaria de la convocatoria.

Así, la disputa entre los colectivos de ascendencia ácrata y los partidarios comunistas ya se planteaba antes de comenzar las sesiones de la “Constituyente Chica”. Esta querella fue definida en los siguientes términos por los redactores del periódico Justicia –órgano de la FOCH y el PCCH–: “es un hecho ajeno a toda duda que en el mencionado Congreso se advirtieron dos corrientes ideológicas claramente definidas: comunista y anarquista”56.

Si bien la finalidad explícitamente trazada por el CON durante la preparación y convocatoria a la Asamblea fue la de “darse un proyecto de constitución que sea bandera común tras la cual han de cohesionarse todas las fuerzas explotadas del país para hacerla triunfar en la Constituyente”57, la primera indicación aprobada, por gran mayoría, fue del anarquista Alberto Baloffet. El delegado de la Federación de Zapateros y Aparadoras de Santiago propuso que “los acuerdos a que llegue la Asamblea de Asalariados e Intelectuales tendrán sólo carácter de principios generales, por considerar que no es de interés para la clase productora elaborar una Constitución Política”58. De este modo, es necesario reconocer que las decisiones tomadas por los asambleístas superaron los lineamientos del CON, los cuales se restringían a un horizonte constitucional.

El debate entre ácratas y comunistas nuevamente se instalaría en la sesión nocturna del segundo día de la convención de trabajadores y estudiantes. En esta ocasión sería nuevamente el libertario Alberto Balloffet, junto con sus compañeros Armando Triviño, Miguel Ruz y Quiterio Chávez, quienes formularon una indicación “en la que se pide la abolición de la propiedad privada y del principio de autoridad que la sostiene”. Esta indicación pasaría a la Comisión Informante y, durante la tarde siguiente, fue reformulada y aprobada bajo los siguientes términos: “La tierra es propiedad social en su origen y en su destino. La propiedad de la tierra y de los instrumentos de producción y de cambio deben estar socializados”59. De este modo, a partir de esta reformulación habría sido traicionado el espíritu anarquista de la propuesta original, que se había expresado en términos de “abolición de la propiedad privada”, convirtiéndola en una moción que representaba los postulados comunistas, mayoritarios en la Comisión, expresados en la “socialización de la tierra y de los medios de producción y de cambio”60.

Inmediatamente antes del cierre definitivo de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, el estudiante Enrique Rosell, presidente en ejercicio de la FECH, suscitó acalorados debates, rechiflas y conatos de riñas entre los asistentes, al denunciar que “vemos con profunda pena que en esta asamblea se haya obedecido ciegamente a un Comité Político determinado que ha levantado la mano para imponer acuerdos y tras él ha seguido parte de la asamblea, predispuesta con anterioridad a acatar ciegamente a ese Comité Político”61. En el mismo tono, Gregorio Guerra, representante de la Unión de Empleados de Chile, se lamentaba del papel desempeñado por el PCCH en la “Constituyente Chica”, el cual se expresaba en la actitud de “un grupo de obreros”, quienes “durante todos los debates y votaciones han obrado gregariamente, uniformados por una voz de mando. Esto es risible, es triste, de que los hombres se muevan así, como simples muñecos presionados por una voz de mando”62.

El ya mencionado Alberto Baloffet también reclamó contra la presencia de militantes de diversos partidos políticos “que querían desviar los fines de la asamblea para hacer aprobar una Constitución, la que tomarían más tarde como plataforma política para servir a sus intereses y ambiciones”63.

Con motivo de una polémica doctrinaria sobre regímenes sociales y, más concretamente, sobre la tesis de la “dictadura del proletariado” esbozada por el militante comunista Ramón Sepúlveda Leal, se promovió otro acalorado debate con la representación de los profesores y otras entidades de ascendencia libertaria. Al término de la discusión, un miembro de la Asociación de Profesores declaró lo siguiente: “la Asociación de Profesores de Chile declara que en la lucha por las reivindicaciones sociales no acepta ni aceptará tiranía alguna, incluso la proletaria”64.

Las acaloradas pugnas entre anarquistas y comunistas también fueron llevadas a las hojas de la prensa obrera y estudiantil. Una vez terminada la “Constituyente Chica”, el “órgano oficial del PCCH” publicaba en primera plana, “El grandioso triunfo del Comunismo en la Asamblea Obrera e Intelectual”. En otra nota, firmada por L. Barpany, eran caracterizados los “dos bandos” en que se dividía la concurrencia del Teatro Municipal. Refiriéndose a las tendencias políticas durante las sesiones, el columnista reconocía

a la izquierda federados, comunistas y simpatizantes, gentes de trabajo que perdieron algunos pesos de salario por ir a defender sus convicciones; obreros con tendencias definidas y programa común. A la cabeza su comité directivo elegido en amplia asamblea; a la derecha una amalgama borrosa, desde el blanco más diluido hasta el rojo carmesí: demócratas, radicales, conservadores, electrolíticos, anarquistas, liberales, “sindicalistas”, laboristas, krumiros, electoreros, taberneros, traficantes, y gente bien intencionada65.

Al cabo de un par de semanas, el comunista Carlos Contreras Labarca publicaba un balance de la participación de los representantes de su colectividad en la Asamblea de Trabajadores e Intelectuales, según el cual “nosotros fuimos siempre en el Congreso una minoría, cohesionada y poseída de un ardiente doctrinarismo, es cierto; pero esta minoría no habría logrado, por sí sola imponerse y hacer prosperar sus principios”66.

La revista Claridad, órgano de la FECH (de adscripción libertaria), en su número de mayo denunciaba que “los dirigentes socialdemócratas, que aquí como en otras partes se llaman comunistas para amedrentar a la burguesía, se dedicaron a hacer retruécanos sobre la ‘dictadura del proletariado’”. La crítica contra la participación comunista también consideró el supuesto carácter “mecanizado” de sus partidarios, el cual fue definido como “el sectarismo de los feligreses que continúan rindiendo culto a los pontífices del marxismo moscovita”67.

Así como hubo debates y polémicas entre comunistas y anarquistas, también existieron momentos en que la minoría liberal y radical tomó distancia de ciertos acuerdos colectivos, restándoles la capacidad de suscitar consensos ideológicos transversales. Esta situación se experimentó con motivo de la decisión de la Asamblea de “pedir la inmediata separación de la Iglesia del Estado, previa confiscación inmediata de todos los bienes eclesiásticos, los que se dedicarán a la construcción de habitaciones para obreros y empleados”68. A pesar de la aprobación unánime de la moción en la sesión nocturna del domingo, dos días más tarde algunos miembros de la Comisión Informante –Amanda Labarca, Santiago Lazo y Héctor Álvarez, simpatizantes liberales, junto al radical Carlos Vicuña Fuentes– daban un paso al costado respecto al particular, declarando que “los suscritos, partidarios de la separación de la Iglesia del Estado, no aceptamos, sin embargo, extorsión alguna contra la Iglesia y menos la confiscación de sus bienes y, en este sentido, pedimos reconsiderar el acuerdo que establece dicha confiscación”69. En definitiva, el entuerto sería solucionado por medio de una redacción bastante aséptica, que declaraba “la absoluta separación de la Iglesia y el Estado”70.

4. 2. Consensos: referentes políticos transversales y temas morales

La Asamblea de Asalariados e Intelectuales no sólo fue una instancia de debate doctrinario, sino que también significó un espacio para reconocer formas comunes de pensar y establecer consensos de aprobación transversal. El primer consenso alcanzado por los asambleístas fue el consentimiento, con estruendosos aplausos de una multitud de pie, de la moción presentada por la FOCH para rendir homenaje a Luis Emilio Recabarren, “ante el trágico y heroico sacrificio del apóstol de las reivindicaciones proletarias del país” el cual culminaba con una exhortación “a todos los trabajadores, empleados e intelectuales, a recoger sus enseñanzas y perseverar en el propósito de rescatar a la sociedad del régimen capitalista que la mantiene encarcelada en la miseria, la abyección y el fanatismo”71.

Durante la última sesión fue acordado consensuadamente el envío de “un saludo fraternal a los pueblos que forman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”, precedida por la consideración de que “la existencia de una República Obrera y Campesina en el seno del viejo mundo europeo, reaccionario e imperialista es de un inmenso valor revolucionario mundial”72.

Desde mediados de febrero se había decretado el estado de sitio en las principales ciudades del país, luego de haber desbaratado la Junta de Gobierno un intento de levantamiento militar en el Regimiento Valdivia, el cual habría sido apoyado y planificado por algunos parlamentarios opositores. Junto a esta medida de excepción se había declarado la clausura de algunos periódicos cuya línea editorial criticaba al movimiento del 23 de enero, entre ellos El Diario Ilustrado, de Santiago. Ante estas medidas tomadas por el ejecutivo provisional, “el Congreso de Asalariados e Intelectuales, acuerda protestar por el actual estado de sitio y la censura a la prensa pidiendo la inmediata suspensión de ambas cosas”73.

Otro tema que se puso en el tapete desde las primeras sesiones fue el de la emancipación de la mujer y el sufragio femenino. Durante la sesión de la tarde del domingo 8 de marzo, María Teresa Urbina se dirigió a los asambleístas para reivindicar la capital importancia de los derechos de la mujer, colocándola en igualdad de condiciones con el hombre, por cuanto

no es aceptable que los hombres de este siglo mantengan a la mujer en el estado de abyecta esclavitud en que vegetó en la edad antigua y media. La mujer es la base fundamental de la humanidad, ella educa y prepara al hombre en la lucha por la existencia; ella es la que le ha formado lo poco de noble y de bueno que tiene y, por lo tanto, debe ser respetada y admirada como la madre excelsa de la humanidad74.

Otras feministas, como la educadora Amanda Labarca y las delegadas del Partido Cívico Femenino Bertina Pérez, Isabel Díaz y Berta Recabarren se sumaron a sus palabras, argumentando también por el sufragio femenino. Todas estas intervenciones fueron sintetizadas durante la redacción de la declaración de principios de la Asamblea, la cual establecía que “debe declararse la igualdad de derechos políticos y civiles entre ambos sexos”75.

Entre los acuerdos alcanzados durante la última jornada fue redactado uno según el cual “la Asamblea de Asalariados e Intelectuales pide al gobierno atención preferente hacia la raza aborigen de nuestro país, que vive hoy día en deplorable y abandonada situación”76.

Otros de los acuerdos guardaban relación con la reglamentación de las formas de diversión transgresoras de la moral pública y otras medidas de “profilaxis social”. De este modo, durante la primera jornada fue aprobada “por unanimidad y en medio de atronadores aplausos” la moción que acordaba “exigir la supresión absoluta de las apuestas mutuas en los hipódromos”. Al día siguiente se extendían las mociones “regeneradoras” con la solicitud de “inmediata cancelación de la personalidad jurídica de todos los centros, clubs y sociedades que expendan bebidas alcohólicas, por considerar que es una explotación inhumana que se hace a las personas que a ellos acuden creyendo que estas instituciones trabajan por el perfeccionamiento del pueblo”77.

La unanimidad de criterios entre los asambleístas en torno a las problemáticas de corte moralista puede ser expresada también en el tratamiento que los asambleístas dieron a la prostitución. Durante las sesiones del martes 10 de marzo fue aprobada una moción destinada a prohibir, “bajo las más severas sanciones”, el proxenetismo. La redacción del acuerdo alcanzado criticaba las políticas reglamentaristas que se habían impuesto sobre el cuerpo de las prostitutas, por medio de la inspección médica para las meretrices, cuya obligatoriedad debía ser reemplazada, “a) Por la declaración y tratamiento obligatorio de los dos sexos; b) por la penalidad del contagio y reclusión de los que no se sometan a tratamiento; y c) por la difusión y gratuidad de la profilaxia, del diagnóstico y del tratamiento para todos los ciudadanos que lo soliciten”78.

Más allá de los factores higiénicos y sanitarios asociados a la prostitución –debido a que las enfermedades de transmisión sexual alcanzaban el grado de epidemia–, se buscaba denunciar a los culpables de las llamadas “enfermedades de trascendencia social”, acordando “señalar a la conciencia pública el triste papel que en la actualidad hacen las autoridades municipales y gubernativas al dar carácter legal a la prostitución y aún reglamentarla, desempeñando con esto el protectorado de caftens y rufianes de la República”79.

En definitiva, las discusiones fueron apasionadas mientras los temas abordados tuvieron relación directa con conflictos ideológicos entre las posturas políticas de los participantes en la Asamblea; mientras que los acuerdos consensuados fueron la tónica cuando las mociones correspondían a referentes políticos compartidos. En este sentido, el reconocimiento de la figura de Recabarren y las expectativas que despertaba la revolución rusa eran partes del imaginario colectivo del movimiento obrero y la intelectualidad progresista, al margen de su afiliación política. Asimismo, los consensos entre los asambleístas también podrían haber reflejado la influencia del ideario mutualista de la “regeneración del pueblo”, expresado en una moral que condenaba ciertas formas de entretenimiento popular, como las apuestas o el consumo alcohólico.

Reflexiones finales

Cerca de la medianoche del miércoles 11 de marzo, la “Constituyente Chica” puso término a sus jornadas de trabajo. En palabras de Óscar Ortiz, “los participantes se retiraron del local en un ambiente jubiloso, pero en forma ordenada, entonando canciones socialistas, anarquistas y corridos de la revolución mexicana”80. El clima de camaradería y orden presentado por este autor permite suponer que los participantes anarquistas se habrían retirado del Teatro Municipal después de la trifulca suscitada por las intervenciones contra la “dictadura del proletariado”. Otra circunstancia que abonaría esta conjetura es que la Comisión Informante redactó el preámbulo de la “Declaración de principios de la Asamblea” planteando que éstos “deben servir de base
fundamental a la Constitución Política de la República de Chile”, traicionando el primer acuerdo, ampliamente mayoritario, tomado por la Asamblea.

A pesar de que los representantes libertarios lograron posicionar sus lineamientos a partir de la aprobación de varias mociones –entre las cuales destacó la marginación de los partidos políticos de la Asamblea y la influencia sobre los acuerdos asamblearios de las demandas del movimiento de arrendatarios y de los profesores, de ascendencia libertaria–, hubo otras que tuvieron escasa aceptación. Una de estas últimas fue aquella moción que postulaba “reemplazar al Estado en donde se proponía colectivizar la propiedad, sustituir la autoridad por la solidaridad y el libre acuerdo y la creación de federaciones”81.

En efecto, aquella propuesta parecía sacada de contexto al ser planteada como alternativa a los postulados de mayoría que proponían nuevas formas de organización del Estado. De este modo, su abolición, propuesta por el anarquismo, parecía anacrónica en el contexto de la década del veinte del siglo pasado, cuando la legislación social y el papel mediador del Estado le había dotado de una cierta legitimidad para dirimir los conflictos sociales, a pesar de la crisis institucional que caracterizaba el contexto en que se desarrolló la Asamblea.

Por este motivo, los imaginarios de transformación social aparecían constreñidos al horizonte estatal. No obstante, el proyecto de transformar el Estado propuesto por la “Constituyente Chica” era una propuesta revolucionaria. A partir de esta premisa fundamental, la interpretación historiográfica de este episodio no puede limitarse al fracaso de las posiciones obreras en el proceso de redacción de la Constitución de 1925. En efecto, sólo la separación entre Iglesia y Estado se mantuvo en el texto constitucional redactado por una reducida comisión presidencial conformada en su
mayoría por viejos políticos82.

Sin embargo, más allá de la evaluación inmediatista, la declaración de principios de la Asamblea de Asalariados e Intelectuales puede ser considerada como la expresión del proyecto político de una gran parte de los sectores populares, confeccionado al cabo de años de diversas manifestaciones callejeras, huelgas y formas de organización y asociatividad. Tal proyecto político planteaba que la resolución de la llamada “cuestión social” necesitaba cambios profundos y radicales que no cabían en la concepción vigente de Estado. En definitiva, se trataba de un proyecto revolucionario, cuyos lineamientos deben ser considerados en la coyuntura constituyente actual83.

El llamado “estallido social” del 18 de octubre de 2019 puede ser comprendido como una brecha en la estructura de las oportunidades políticas, abierta por la movilización de los estudiantes secundarios contra el alza del pasaje del transporte colectivo. Así como un siglo atrás lo habían hecho las ligas de arrendatarios, las organizaciones estudiantiles lograron convocar la solidaridad de amplios sectores sociales y extender nuevos repertorios de acción, entre los que destacaron las evasiones masivas y coordinadas del pago del tren subterráneo. Con gran rapidez, las demandas secundarias se articularon con las de organizaciones de pobladores, apropiándose de formas de acción política tradicionales, como los cacerolazos. También se sumarían diversos colectivos feministas y de las disidencias sexuales. Manifestaciones callejeras, ollas comunes, performances, enfrentamientos con la policía, barricadas y algunas acciones de sabotaje se multiplicaron por todo el territorio nacional y, más allá de las fronteras, hubo demostraciones de solidaridad en ciudades tan distantes geográficamente como Nueva York, Atenas o París.

La importancia de la “Constituyente Chica”, en el contexto de radicalización del movimiento social chileno, estriba en la necesidad de plantear lineamientos desde las organizaciones y actores sociales, que sean capaces de articular un movimiento social atento a las diversas demandas que hemos manifestado en las calles antes y después del 18 de octubre del año pasado, construyendo colectivamente una propuesta política de largo plazo del movimiento social chileno, más allá de su eventual incorporación en un texto constitucional.

El choque de lógicas contradictorias entre los delegados obreros y los políticos tradicionales en la comisión constitucional de Arturo Alessandri no debe ser considerado un simple fracaso de las posturas de la Asamblea de marzo, sino un llamado de atención a los movimientos sociales a no ser inocentes y reconocer las trampas de la institucionalización que aparecen en el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, documento hecho a su medida por los partidos políticos, para asegurar la participación de sus representantes por medio del sistema que rige las elecciones de diputados, e imponer sus puntos de vista al movimiento social, con su estructura de quórums y porcentajes de dos tercios84.

Ignacio Ayala Cordero

Extracto de “La asamblea de asalariados e Intelectuales de marzo de 1925: articulación, oportunidad y proyecto. Perspectivas históricas para la coyuntura actual” publicado originalmente en Revista Historia y Justicia, 14, 2020. Pp. 13-19

*Se excluyeron las notas al pie


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