Proceso Constituyente Boliviano de 2006-2009: entre el fuego en las calles y la frustración

by • 27 octubre, 2020 • Artículos, Coyuntura política, Historia social, PoderComments (0)392

¿Qué podemos esperar de un proceso Constituyente? Hay procesos abiertos desde arriba, con adecuaciones institucionales guiadas por intereses políticos inmediatos de gobernantes, que pueden incorporar reformas puntuales o ir más allá con la incorporación de agendas estatales de distintos sectores periféricos del aparato estatal y las políticas públicas. Las reformas de constituciones latinoamericanas en los 80 y 90 fueron de este tipo. Búsqueda de reelección y transformación neoliberal del Estado, que permitió también sumar agendas de indígenas, mujeres, o derechos sociales actualizados.

Otros procesos se abren desde abajo, con movilización, crítica política, presión de las calles. Cambios históricos y revoluciones, fueron acompañados de nuevas cartas magnas: revolución rusa, nacimiento de repúblicas en la fase de revolución burguesa, como con la independencia norteamericana. Y muchas veces encontramos una combinación de factores. El caso chileno parece tener algo de esto: un proceso abierto por las calles pero que rápidamente queda en manos institucionales para su ejecución.

El proceso constituyente boliviano fue abierto por las calles. Las marchas indígenas iniciadas en la década del 90, la guerra del agua en Cochabamba del 2000 y cinco años de luchas por el gas, contra el Estado, con comunidades levantadas y organizadas en coordinación con movimientos sociales que tuvieron el país en vilo. Pero la Asamblea Constituyente se abre como corolario de ese proceso, y no en medio del mismo. En 2006, cuando se votan los constituyentes y se organiza el foro, el MAS (Movimiento Al Socialismo) y Evo Morales, gobernaban el país. Las agendas de las calles todavía abiertas y presionando por cambios, con sectores movilizados y organizados, acompañaban una nueva agenda estatal, de situar a Bolivia en la senda de los progresismos con discurso hacia la clase media y continuidad en la apuesta por la matriz desarrollista del extractivismo, como fuente de recursos para políticas sociales, que llevó a la ruptura con las organizaciones indígenas protagonistas de la lucha de años anteriores.

Las condiciones con que se iniciaba la asamblea no eran favorables para las organizaciones sociales, algunas de ellas orgánicas del MAS, otras solamente aliadas. La oposición se había impuesto consiguiendo que el modo de votación y de representación le garantizara poder de veto. La constituyente tendría su plazo de funcionamiento ampliado después de medio año en que las discusiones por comisiones no se iniciaron. La mayoría del MAS no encontraba forma de superar la limitación impuesta por la oposición y fuerzas menores exigiendo los dos tercios. El foro estaba paralizado, y fuertes protestas amenazaban su continuidad. Un fuerte movimiento en las ciudades donde la oposición era más fuerte, en el sur y oriente del país, había iniciado un proceso de protesta contra la constituyente.

El oriente del país exigía Autonomía Departamental, como modo de asegurar el poder político y el control de recursos de la explotación de recursos naturales en manos de las elites políticas locales. La movilización, sin embargo, envolvía a la población de los estados de oriente, que apoyaron el proceso. En Chuquisaca, donde funcionaba por ley la Asamblea, se exigía la vuelta de los poderes de gobierno, “capitalía”, perdidos en la guerra Federal de comienzos del siglo XX. El MAS cedería con Autonomía, no con capitalía, dispuesta a consensuar el texto constitucional y, por tanto, bajar las pretensiones políticas de la Asamblea. La Media Luna movilizada llegó a votar masivamente por la autonomía en referendos desconocidos por el poder central. En el pico del conflicto hubo ocupación de instalaciones públicas. Una matanza de campesinos, negociación con gobernadores y una votación revocatoria en que Evo Morales se impuso con el 67,4 % de los votos a favor de su permanencia, permitieron una victoria del gobierno, venciendo al sector político que lo desafiaba, aunque también cediendo frente a este en las negociaciones que definieron el texto constitucional. La derecha permanecería en las regiones hasta las elecciones de octubre de 2019, en que aprovecharían la renuncia de Evo Morales para formar un nuevo gobierno.

Durante las discusiones de la Asamblea Constituyente, organizaciones sindicales e indígenas, reunidas en el Pacto de Unidad, hicieron una propuesta de Constitución en que se proponía cambiar la estructura del Estado, con un reordenamiento territorial plurinacional, la transformación de los poderes de gobierno, con la adopción de un modelo unicameral plurinacional, con representación directa de pueblos indígenas, con un cuarto poder, social, con la creación de una justicia descolonizada, que incorporaba principios comunitarios, etc. Nada de eso pudo realizarse, aunque se permitió que el texto incorpore de forma declarativa los conceptos de Vivir Bien, comunidad, autonomía, plurinacionalidad, con un preámbulo que declara dejar atrás el neoliberalismo y la colonización.

Después de la negociación con la Media Luna, en septiembre de 2008, la Constitución sería revisada por la oposición al MAS en el congreso. El poder constituido revisaba la constitución aprobada por la Asamblea en diciembre de 2008, pero que no tenía apoyo político para ser sometida a referéndum. Su aprobación había sido difícil, por la continuidad de las protestas y el boicot de la oposición, pero pudo alcanzarse con mucho juego político y la fuerza que el MAS tenía por entonces, incluso de movilización social. Pero para el gobierno de Evo Morales se trataba de resolver el conflicto constituyente, controlando políticamente la situación del país, y no ya de aprobar una Constitución que atendiera las expectativas populares.

Habría entonces un texto constitucional, un Estado Plurinacional Comunitario, como declaración grandilocuente, pero pocas ganancias concretas para los de abajo y para los objetivos de descolonizar el país. Sin continuar adoptando el nombre de república, Bolivia mantendría la misma forma política, y en línea con la gestión del progresismo sudamericano, con búsqueda de conciliación de clases y sin tocar los intereses de los poderes establecidos.

La lucha en Bolivia tiene una historia que se expresó en la fuerza de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que aprueban la Tesis de Pulacayo en 1946 con un programa clasista que influenciaría por décadas; también en la revolución del 52, con protagonismo obrero y campesino, después desviado por el nacionalismo y los golpes militares. Es una constante que elites políticas (liberales, conservadoras, nacionalistas o de izquierda) se ocupan de la tarea de dejar de lado masas trabajadoras, campesinas, indígenas presentes en distintos momentos de revuelta, guerra o revolución.

La Constitución de 2009 recoge el legado de la organización indianista katarista de la lucha campesino indígena, que dejaría atrás los sindicatos burocratizados que pactaron con los militares. También de luchas más recientes de movimientos sociales que tuvieron un proceso ascendente de luchas aprovechado por el MAS para llegar a la presidencia. Si bien el juego entre poder político de la derecha y gobierno cada vez más alejado de un origen como movimiento dejaron atrás la posibilidad de cambios profundos, la nueva Constitución expresa en su letra muchas contradicciones que futuras luchas podrán desplegar no desde la ilusión de que un texto va a traer grandes transformaciones sino desde organización y luchas concretas que vendrán.

Publicado originalmente en Ya no hay vuelta atrás, octubre del 2020


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