Algunas reflexiones sobre el (simbólico) 26 de abril

by • 27 abril, 2020 • Abya Yala (América Latina), Mundo, Noticias, comunicados y columnasComments (0)421

Ayer, 26 de abril, el artista Caiozzama publicó en sus RR.SS. una imagen para conmemorar el fallido plebiscito que debía realizarse este domingo: en ella, aparece un ángel que lleva en sus manos un lienzo que dice “#SIPO APRUEBO” y que está parado arriba de un torniquete del Metro de Santiago, con un sticker del Negro Matapacos que dice “Evade”. Al mismo tiempo, el ángel está siendo protegido de Carabineros por un par de personas de inspiración clásica que usan escudos con la misma consigna: “Apruebo”. Ahora bien, Caiozzama no fue el único que hizo este ejercicio: en mis propias RR.SS. abundaron interminablemente las fotografías con el #Apruebo: desde mis amigas feministas hasta otras personas sin un posicionamiento político muy articulado. Bueno, al final eso no es importante, porque ¿acaso la Constitución no nos rige a todos/as independiente de nuestro posicionamiento político, género, etnia, orientación sexual y un largo etc.? En este sentido, cuando vi todas esas imágenes de este simbólico 26 de abril, me surgieron algunas preguntas: al final, ¿todo era por un #Apruebo? ¿Toda la revuelta apuntaba a cambiar la Constitución? Y si ella no se modifica, ¿entonces “no logramos nada”? Al parecer no: cambiar la Constitución se convirtió en el único camino válido para instituir y consolidar la revuelta de forma “exitosa”. A partir de esto, tengo dos reparos con esta postura: por un lado, sobre su “forma” y, por otro, sobre su “fondo”.

Por un lado, en relación a la “forma”, creo que se podría decir que la consolidación de este falso problema, entre #Apruebo y #Rechazo, es el gran triunfo del poder sobre la revuelta de octubre. Reconozco que durante los primeros días de la insurrección estaba presente aquella consigna por la “Asamblea Constituyente” en las manifestaciones, aunque no en mayor cantidad que otras cientos de consignas que no gozan del mismo impacto. De esta forma, según los parámetros en que se desarrollará el proceso constituyente, de todos modos el descontento terminó siendo orientado a través de un conducto regulado por los mismos grupos de poder de siempre, instalando aquella retórica que considera el cambio constitucional como la solución estructural de muchos problemas. A final de cuentas, todo se redujo a esa “incesante” e “inagotable desolada dialéctica”, como dice G. Agamben, entre “poder constituyente” y “poder constituido”, que simplemente nos llevará a sufrir una forma de dominación diferente a la que ya hay. A partir de lo anterior, impuestos estos parámetros, el éxito o derrota del #Apruebo es lo que determinaría el éxito o derrota de las movilizaciones y orgánicas nacidas en el contexto de rebelión. En este sentido, no duden que en el futuro, en caso de cambiarse la Constitución, la historiografía progresista exacerbará el 18 de octubre como la fecha en que “Chile cambió”, ¿y por qué “cambio”? Porque gracias a eso se cambió la “constitución de Pinochet”.

Por lo demás, esto no lo planteo de forma arbitraria, ya que hace alrededor de 30 años ocurrió algo que sirve como referencia. Según el discurso de la Concertación, el derrocamiento de la dictadura terminó de forma “exitosa” solamente después del triunfo del “No” en el plebiscito de 1988, indicando que las protestas iniciadas en 1983 fueron el inicio de ese proceso. Evidentemente, no existe ningún vínculo de ambos acontecimientos: primero, las manifestaciones fueron espontáneas y sin mediación de la oposición política a la administración de A. Pinochet: “las protestas nos pillaron en pelotas”, afirmó en su momento el militante de un partido clandestino de la época. Segundo, el plebiscito no fue producto de las manifestaciones o de la actividad de los partidos y movimientos políticos de la oposición, sino que era parte de lo que la misma constitución dictaba. En este sentido, la oposición simplemente utilizó a su favor una herramienta que le entregaron los militares y civiles que estaban en el gobierno. De esta forma, por medio de este ejercicio retórico, la Concertación buscó legitimar su régimen al proponer que el derrocamiento Pinochet nació desde las “bases” para articularse, gradualmente, en una acción ciudadana dentro de los marcos institucionales, lo que les permitió no sólo administrar el Estado, sino que también marcar una “ruptura” con lo anterior, ruptura bastante dudosa por lo demás.

De esta forma, se significan todas aquellas prácticas, acontecimientos, fenómenos y procesos ocurridos a partir del 18 de octubre según este imaginario institucionalista de la clase dominante: “los/as manifestantes lucharon en las calles por un cambio que se concretó exitosamente en una nueva constitución que nos beneficia a todos/as”, dirán en el futuro. No sólo eso, sino que las mismas Asambleas Territoriales serán significadas según este mismo imaginario, como un ejemplo espontáneo de este “poder constituyente”. Sin lugar a dudas, no se puede negar que varias de ellas son parte de este proceso, lo que no implica que todas lo sean o que todas busquen solamente ese objetivo. De esta forma, como diría H. Bey, se cumpliría aquella “curva” que mide el éxito de una rebelión a partir de si logró o no instituir una nueva forma de Estado tanto o más violento que el anterior. Ahora bien, ¿y qué pasa con aquellas personas que no participan de este “poder constituyente”? ¿Qué pasa con esos/as manifestantes que también estuvieron en las calles pero no son parte de este proceso ciudadano? Ni siquiera lo duden: “facciosos/as”, “maximalistas”, “violentistas”, “individualistas”, “egoístas”, “inconformistas”… en fin, “anarquistas”. Como suele ocurrir, todas aquellas personas que actúen fuera de los marcos de esta declaración de principios del poder, de la versión “oficial”, serán patologizadas, excluidas, silenciadas, perseguidas y, en caso de ser necesario, encerradas.

Por otro lado, paralelo a esto, en lo personal creo que se aprecia un excesivo optimismo en torno al cambio del contenido de la Constitución. En general, se tiende a pensar que esta revuelta ha sido contra el “modelo neoliberal”, cuyo sustento institucional es justamente la Constitución. Según esto, se proyecta que, en caso de ganar el #Apruebo y la Convención Constituyente, el nuevo marco legal será indudablemente antagónico al neoliberalismo. Desde mi perspectiva, este tipo de interpretación dialéctica, tristemente naturalizada por el marxismo (dudo que sea por Hegel), ha llevado a gruesos errores de apreciación históricamente: tal como dice aquel bigotón simpático que filosofaba en el siglo XIX, “ninguna cosa puede nacer de su contraria”. En este sentido, las posturas estatistas se han encargado a través de los años de presentar una versión simplista y caricaturesca de lo que es el neoliberalismo, o “economía social de mercado”. A partir de lo anterior, diagnosticar que las personas protestan multitudinariamente por los abusos que sufren, no implica necesariamente que esas personas busquen un modelo económico antagónico al existente, sino que muchas se contentarían, probablemente sin saberlo, solamente con un ajuste del mismo modelo. Quizás, el problema no es que este pedazo de tierra llamado “Chile” sea un “laboratorio neoliberal” o experimente un “neoliberalismo ortodoxo”: quizás el problema es que es un neoliberalismo “a la chilena” o “made in Chile”.

Me explico: es indudable que, efectivamente, se ha buscado promover la competencia para el aseguramiento individual a partir lo que la teoría neoliberal llama “ambiente de inseguridad generalizado”, cuyo mejor ejemplo son las AFP’s. Esto se hace según el dogma, promovido por la Escuela de Chicago, que considera que la racionalidad económica debe operar más allá de lo económico para que, gradualmente, lo “social” vaya mercantilizándose. No obstante, existen otras áreas donde no ocurriría la misma correlación entre teoría y práctica, como por ejemplo en el rol del Estado: en general, el estatismo plantea que la economía social de mercado busca minimizar el poder del Estado por medio de la privatización de lo público, lo que no necesariamente es efectivo. Al revisar los postulados neoliberales, lo que buscan es que efectivamente el Estado se “achique”, lo que no implica que pierda poder: lo que cambia es básicamente el rol del Estado en relación al mercado. Lo anterior implica que, en efecto, el Estado debe ceder espacio para la mercantilización de lo público, pero para así concentrarse en definir las reglas del mercado que permitan la competencia entre individuos y, por sobre todo, velar por su cumplimiento. Esto último es lo que no se cumple en territorio chileno: acá, cuando un grupo empresarial viola las reglas del mercado, como pasó con las colusiones, no le ocurre nada; mientras que, si un individuo lo hace, cae sobre él todo el rigor de la “justicia”.

A partir de lo anterior, el hecho de que las personas se manifiesten “contra” los abusos, no significa que protesten “contra” el modelo, sino que incluso podrían estar promoviendo su afinamiento. Un indicio de esto puede ser la exigencia de “equidad”: durante las movilizaciones, este fue uno de los conceptos que más se repitió, por lo menos perceptivamente, a partir de las personas que participaban en ellas, siendo, por decirlo de alguna forma, “transversal”. En este sentido, una exigencia considerable como “sensata” por la prensa empresarial, es al mismo tiempo el “caballito de batalla” de la teoría neoliberal. Según estos postulados, lo que busca la economía social de mercado es la “equidad” en contraste con la “igualdad”: en el fondo, se debe garantizar que cada individuo tenga el mismo derecho a competir en el mercado, o sea, que todas las personas puedan competir en igualdad de condiciones según sus desigualdades “naturales”. En este sentido, basta con que el Estado intervenga al empresariado coludido de la misma forma en que lo hace con un individuo común y corriente para que esta regla se cumpla, por lo que para que haya “equidad” no es necesario cambiar el modelo, sino que éste cumpla con lo que promete. Esto no es menor, ya que, como indica J. Scott, lo que más indignación produce en las sociedades no es tanto una forma de gobierno en sí misma, sino que esa forma de gobierno no cumpla con sus compromisos.

En fin, a partir de estos dos reparos, me llama la atención las expectativas generadas por este 26 de abril simbólico que vi en las diversas RR.SS. Evidentemente, lo que hago acá son algunas reflexiones, algunos comentarios, en fin, solamente algunas conjeturas al aire. Quizás, todo este proceso constituyente termine con la disolución del Estado, el fomento de Asambleas comunales y con un modelo económico solidario basado en el apoyo mutuo (¿se imaginan?); quizás termina en reformas cosméticas del Estado existente o simplemente termina con un Estado más o menos igual que el de ahora. A final de cuentas, para toda aquella persona que se declara “anarquista”, un Estado más o menos democrático no cambia mucho las cosas desde lo coactivo. En este sentido, es curioso, casi “cómico”, los debates y tensiones que provoca el “poder constituyente”: si estuviésemos en anarquía, estas tensiones y debates carecerían de sentido, ya que cada cuál podría escoger de qué manera quiere organizarse y producir. Pero los/as promotores del “poder constituyente” jamás entenderán eso: para ellos/as, esto simplemente se trata de legalizar la imposición de una mayoría por sobre una minoría. Esa es quizás la mayor limitación de todos estos procesos constituyentes, ya que no problematizan lo más básico, o sea, si el Estado es un tipo de organización territorial que beneficia a mayoría de la población. De esta forma, la Historia sigue demostrando que, mientras exista el Estado, el sueño de unos/as será la pesadilla de otros/as.

Manoel Caringa

Recibido el 27 de abril del 2020


Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net


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