“Proceso constituyente”: hacia un nuevo pacto de dominación capitalista

by • 8 marzo, 2020 • Abya Yala (América Latina), Noticias, comunicados y columnasComments (0)457

A más de 140 días del inicio de la revuelta de octubre es difícil dudar de su continuidad, pues a pesar de los vaticinios que proclamaban su descenso en época de “vacaciones”, esta mantuvo su actividad durante el verano. También hemos sido testigos del derrumbe de la reputación y la desconfianza hacia las fuerzas policiales y militares, al sistema de “justicia” o de la clase política capitalista en su conjunto, que no ha cesado de acentuarse.

Las acciones de subversión a la normalidad capitalista que ha significado el desenlace de la revuelta, se han expresado a través de una ola masiva y difusa de actos de violencia contra instituciones y símbolos de poder, desde una vertiente más negadora, y por otro lado, también en la creación espontánea de lo que es ahora una incipiente y potencial red horizontal de órganos de lucha, como lo son las asambleas territoriales: instancias que han posibilitado un encuentro comunitario y organizativo autónomo al poder estatal. Son, sobre todo, estas dos expresiones de lucha las que al poder estatal/capitalista le preocupan de modo especial para su pretensión de seguir gobernándonos dócilmente.

No obstante, es necesario reconocer que esta última expresión de lucha en su mayoría (pues también hay algunas asambleas que muestran su clara aversión a la “salida” institucional), se ha plegado al llamado estatal de participar en el “proceso democrático” del plebiscito para una nueva constitución planificado a realizarse en el mes de abril que viene, aunque esto no sea determinante del contenido de lucha futuro de estos órganos territoriales o para que nos reste de participar en ellas. Es importante potenciar estas instancias de organización nacidas al calor de la revuelta, por el papel que puedan cumplir cuando quedé en evidencia el fraude de cambio por medio del plebiscito y caigan las “ilusiones democráticas”, transformándose las asambleas en un sustento para sortear las necesidades de los territorios si la crisis capitalista se agudiza.

El poder organizado de la dominación ha sabido responder con unidad, y en efecto la madrugada del 15 de noviembre (en medio de rumores de una nueva salida de los milicos a la calle) la clase política capitalista se cuadró en su función estatal esencial de mantener un “orden y paz estables” para la reproducción óptima de las relaciones sociales mercantilizadas que nos oprimen. El acercamiento y diálogo que se concretó en la firma del “Pacto por la Paz Social y la Nueva Constitución” es el resultado de un acuerdo entre la clase política capitalista para calmar de manera desesperada la amenaza de la subversión a SU orden. A este se adscribió desde la derecha más recalcitrante hasta la izquierda más progre como el Frente Amplio, que pretende gestionar el capital (a excepción del P.C. que por cierto también aspira a lo mismo y tan solo ha sabido jugar mejor sus cartas de la reacción). Sabiendo que se les presentaba una “coyuntura difícil” el partido del orden hizo primar lo que realmente lo une en su rol gobernante (lejos de toda falsa oposición): su pertenencia social a la clase dominante empresarial-propietaria de nuestros medios de vida que necesita comerciar con nuestros cuerpos, tiempos y energías. Los políticos pertenecientes a la institucionalidad estatal, el 15 de noviembre solo tomaron conciencia del “peligro” y cumplieron en bloque su papel de clase dominante. Este es el significado de lo que llaman “razones de estado”, o cuando enuncian que “Chile está por sobre toda diferencia”, en síntesis, una toma de razón de lo que comparten como clase social privilegiada dirigente del proceso de acumulación de capital. Con ello se evidencia la unidad tácita de intereses entre el plano político y económico, entre el Estado y el Capital, pues son una misma clase social elitista.

Es de este modo, en el contexto de la revuelta, que desde la totalidad de clase política burguesa emergió el diálogo y las concesiones mutuas para aceptar la posibilidad de establecer una nueva constitución, viéndose forzada por el resurgir inesperado y agudo de la lucha de clases a levantar este “proceso constituyente” como un mecanismo tendiente a calmar el ambiente de antagonismo social. Debemos ser claros en entender que con este proceso constituyente que se promueve, nos quieren arrastrar a legitimar un nuevo pacto de dominación capitalista orquestado por la clase política en su conjunto, para darle así una reoxigenación al orden democrático que sostiene nuestra miseria, así como sus negocios. Como bien han expresado políticos de la socialdemocracia, este proceso constituyente es “importante” para lograr encausar institucionalmente las posibilidades y experiencias emanadas en la eclosión de la revuelta de carácter proletaria, o sea, para lograr ahogar de antemano sus potencialidades de lucha anticapitalista. Pretenden con el plebiscito de abril hacer cerrar un “ciclo” de subversión y creatividad social originadas en octubre. Ante el actual escenario, como enunciara de manera honesta en febrero un antiguo ministro de la Concertación y ex-MAPU Enrique Correa, “el país (…) no tiene garantizado su futuro mientras no se restablezca el orden público”, es decir, mientras no se restaure la normalidad capitalista, lo cual sería nuestra derrota, y que lo lleva a afirmar que “más precisamente, todo depende de cómo resolvemos la cuestión policial”, pero reconociendo al mismo tiempo que detrás del escaparate del “estado de derecho” se encuentran los militares siempre predispuestos a ser los últimos guardianes del funcionamiento mercantil, si todo se les sale de las manos; es el gran secreto de la existencia del régimen democrático capitalista. Esto porque la democracia es el telón político de fondo en tiempos en que la dominación puede sostener una relativa “paz social” entre clases, pero siempre con el as de la dictadura bajo la manga, cuando las cosas no vayan definitivamente bien para el progreso de la economía capitalista. Democracia y dictadura no son opuestas, y hoy la clase burguesa juega a superponer los bordes de cada una, con la implementación de medidas cada vez más autoritarias como los “estados de excepción” bajo la formalidad de la democracia.

La estrategia comunicacional utilizada por el gobierno y la socialdemocracia ha sido acorralar la legitimidad social de las posiciones y acciones del movimiento de revuelta, dividiendo y diferenciando tajantemente entre sus expresiones “violentas” y “pacificas”, ya que la violencia proletaria de masas ha sido uno de los aprendizaje experienciales que han extraído lxs participantes del movimiento de protesta, que ha surgido desde las necesidades de la lucha misma, que no forma parte de ningún fetichismo o convencimiento teórico a priori por los medios violentos.

Nos quieren hacer creer que ellos (la clase dominante) rechazan la violencia, lo cual es todo lo contrario, pues, justamente han necesitado aplicar una violencia estatal extendida que ha dejado un número considerable de detenidos, torturados, lesionados e incluso muertes; por más que anuncien preocupación o denuncien violaciones a los Derechos Humanos saben que no tienen otro camino para silenciar la subversión social. El monopolio de la fuerza represiva que tiene el Estado/Capital es la propia garantía de su existencia. Es una cuestión de legitimidad de la violencia y es inútil intentar llegar a un acuerdo cuando sabemos y estamos conscientes que se trata de un conflicto de clases.

El cauce institucional con el que se desea sepultar la revuelta, quiere hacer pasar por alto que el “proceso constituyente” a instaurar cumple la funcionalidad de socavar lo que se comenzó en octubre, para no poner en peligro el devenir futuro de sus negocios y para proteger sus propiedades. De ganar la opción de “Sí” a un cambio constitucional, lo que venga después es aún más incierto visto de antemano el fraude de la “convención constituyente”, bajo la propia lógica democrática.

Quieren que olvidamos y avalemos con este “proceso constituyente” la violencia estatal brutal que ha atravesado a esta revuelta desde octubre. Lxs proletarixs no debemos perder memoria de que fue esta misma respuesta la que ejecutó la elite con la radicalización del conflicto de clases y su posterior masacre en 1973, fundante de la fisonomía del orden social capitalista actual, o la represión hacia las formas más directas de lucha anti-dictatorial que se impulsó en los años 80, y que terminó por ser derrotada policialmente a costa de delatores, cárceles especiales, cientxs de torturadxs y decenas muertxs a eso de 1995. La única respuesta que podemos esperar del Estado para resolver sus crisis de dominación capitalista será siempre encausar el conflicto en sus márgenes institucionales y responder a la vez con una cuota variable de violencia estatal dependiendo de la radicalización del enfrentamiento de clase.

Nos negamos a participar del “proceso constituyente” porque creemos necesario extender los horizontes revolucionarios para salir, como humanidad proletarizada, de la catástrofe social y ecológica del modo de vida capitalista, vale decir, de superar las ilusiones democráticas de querer gestionar la relación social capitalista de “mejor manera” o de reestablecer la añoranza por un “Estado de compromiso” que garantice y otorgue derechos sociales. Cambiando la estructuración política-ideológica del Estado (como lo sería una nueva Constitución), no se ataca a la raíz que originó el movimiento de revuelta, que es la crítica un tanto intuitiva pero certera a la precarización y mercantilización entero de nuestras vidas, para lo cual hay que cambiar las relaciones sociales en su totalidad como realidad material y existencial a la vez, la totalidad de la vida autoritaria y jerarquizada en todos sus aspectos, destruyendo la dominación de la tiranía económica que siempre va a sobreponer los intereses de acumulación infinita de dinero a nuestras necesidades humanas.

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