Los fantasmas de la “infraestructura crítica”

by • 7 febrero, 2020 • Abya Yala (América Latina), Mundo, Noticias, comunicados y columnasComments (0)429

Militares resguardando el Congreso, en Valparaíso, para el estado de emergencia de Octubre

Hace algunos días, el Senado del 3% de aprobación dio luz verde al proyecto de ley, presentado por el presidente del 6% de aprobación, que busca la protección de la “infraestructura crítica” a través de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) sin decretar “Estado de emergencia”. Ahora bien, ¿qué sería esta “infraestructura crítica”? Según los/as parásitos/as del gobierno, serían todos aquellos sitios esenciales para el “buen funcionamiento de nuestro país, de nuestra sociedad, para proteger la vida, la seguridad de todos nuestros compatriotas”, como: hospitales, aeropuertos, instalaciones de suministro de gas, electricidad, agua potable, telecomunicaciones e incluso comisarías. En general, esta ley ha provocado polémica en la población de este territorio, más que nada por quiénes serían los defensores de esta “infraestructura crítica”, o sea, las FF.AA. No obstante, esta ley es poco novedosa si la vemos en perspectiva interestatal: desde hace tiempo, diversos Estados, que van desde el mexicano, alemán, italiano y, cómo no, el estadounidense, utilizan militares para proteger estos sitios de las llamadas “amenazas terroristas”, por lo que esta ley sigue una línea que otros aparatos de Estado ya han implementado.

Sin lugar a dudas, la necesidad de este tipo de leyes vendría a demostrar lo que el Comité Invisible y el Consejo Nocturno han indicado desde hace algunos años, o sea, que el poder ya no reside en las instituciones, sino en las infraestructuras: el poder se confunde con el mismo ambiente. Sin embargo, no debemos reducir “infraestructura” a “edificación”: cuando se dice que el poder reside en las “infraestructuras”, que se confunde con el ambiente, quiere decir que es inmanente a la vida y a cómo está organizada tecnológica y mercantilmente. Dicho de otro modo, no basta con destruir edificaciones para destituir el poder, algo que los/as fetichistas de la violencia nos han demostrado de sobra. En este sentido, a pesar de lo nefasta que es la ley de “infraestructura crítica” propuesta por el gobierno, no tiene mayor impacto si no va de la mano con otra ley que, hasta el momento, no ha tenido la misma repercusión mediática: la “Ley anti-barricadas”. Según se ha indicado, esta ley, en conjunto con la “Ley anti-saqueos”, busca tipificar como delito “la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas por estos actos”.

Ahora bien, ¿cuál sería la relevancia de la “Ley anti-barricadas o cómo se relaciona con la “infraestructura crítica”? Básicamente, para que el poder residente en las infraestructuras pueda ser ejercido, necesita “circulación”. En palabras simples: el poder necesita de redes que permitan el flujo para su funcionamiento efectivo. Este ejercicio de circulación es, sin lugar a dudas, una de las características constitutivas de la Modernidad: desde que el médico W. Harvey descubrió en el s. XVII que el calor corporal es producido por la circulación a través de la sangre bombeada por el corazón, en contraste con el pensamiento de la época que consideraba que era el calor corporal el que producía la circulación, ocurrió un cambio drástico en la concepción del “individualismo”. Entre los admiradores de este descubrimiento de Harvey está el mismo A. Smith, que llegó a comparar los beneficios de la circulación de bienes y dinero del Homo economicus con la propuesta del médico: un “individuo” en contante circulación, en movimiento continuo, sin ataduras ni lealtades sociales. Como se puede ver, las repercusiones del descubrimiento de Harvey en pleno s. XVII fueron amplias y abarcaron diversas áreas.

En base a lo anterior, surge una pregunta que puede parecer obvia: ¿qué tiene que ver esto con la “infraestructura crítica” o la “Ley anti-barricadas”? La verdad es que bastante. Una de las disciplinas donde repercutió profundamente el descubrimiento de Harvey fue en el urbanismo: a partir de él, no sólo se consideró que el ser humano funciona gracias a la circulación, sino que también las ciudades. De esta forma, apoyándose en las propuestas de este médico, las urbes comenzaron a entenderse como “organismos vivos”: las ciudades tienen “pulso”, “respiran” y los individuos circulan a través de sus “arterias” y “venas”, ese nuevo “individuo en movimiento” producto del capitalismo. Este paralelismo entre “cuerpo individual” y “cuerpo social” impactó profundamente en el encargado de “modernizar” Santiago: el racista B. Vicuña Mackenna que, a partir de la década del ‘870, impulsó una serie de reformas en esta forma-ciudad. Tomando como punto de apoyo la reforma a París hecha por el barón Haussmann, el genocida Vicuña Mackenna buscó transformar Santiago en una ciudad “higiénica” y moderna a través de la segregación de las masas de obreros y campesinos, los “miasmas sociales”, que “amenazaban” su ciudad oligárquica.

Ahora bien, ¿y cómo lo hizo? ¿Qué características tenía esta “ciudad propia” oligárquica? Lo primero fue aislarla: se constituyó una circunvalación de 11 kms., el llamado “Muro sanitario”, que recorrió desde lo que actualmente es la Chimba por el Norte hasta el Barrio Franklin hacia el Sur y hasta el Cerro Huelén por el Este. Aquel Muro sanitario tenía por función segregar racial y socialmente a la población de Santiago: fuera de esta delimitación quedó el “arrabal”, el espacio popular, aquel lugar infestado de “pocilgas inmundas” que, como describió Vicuña Mackenna, parecían “chozas y tolderías de salvajes, cuya incapacidad intelectual y moral les impidiera mejorar su propia condición”. Dentro del Muro sanitario estaba la antitesis de esta ciudad “bárbara”: la ciudad “civilizada”, con paseos para la circulación individual, pasajes techados y “elegantes” para la circulación comercial y, evidentemente, amplias avenidas que facilitaran la circulación militar, en caso de verse amenazada por las “clases peligrosas” provenientes de los suburbios. En el fondo, las grandes alamedas no están hechas para que camine el “hombre libre”, sino para que marchen los militares.

No obstante, no hay que pensar que esto fue una práctica oligárquica, expresiva de la racionalidad liberal. Un ejemplo tétrico de esto lo encontramos hace un par de décadas durante la administración de la Junta Militar en las llamadas “erradicaciones”: ya desde los años 50’, la “toma de terrenos”, estrategia de acción directa, se había extendido como una peste ante la ineptitud del Estado para solucionar los problemas habitacionales. De esta forma, el movimiento de pobladores transgredió durante varios años las normas de la ciudad “civilizada”, por lo que llegado 1973 fue necesario para la tecnocracia y los militares devolver las cosas al “Orden”. Para esto, se realizó una “reordenación nacional” que obedeció a las necesidades de la nueva racionalidad neoliberal: aquellas personas que sobrevivieron a la necropolítica de los primeros años de la Junta Militar, ahora debían ser gestionadas. Más de 29.000 familias que vivían en campamentos asentados en comunas ricas de Santiago fueron sacadas de ahí para ser trasladadas a sectores periféricos, constituyendo “guetos sociales” que aumentaron las dificultades en las comunas receptoras y permitieron el negocio inmobiliario en las comunas expulsoras.

Al mismo tiempo, el ejercicio de circulación para la racionalidad neoliberal no sólo se expresó en la “regionalización” y las “erradicaciones”, ejemplos claros de una regulación del Estado sobre la población, sino también en la promoción de nuevas arterias y venas que facilitaran el flujo del poder. Quizás, la máxima expresión de esto es la administración de R. Lagos: durante su gestión comenzó a implementarse el llamado “Plan de Transporte Urbano”, que buscó modernizar el sistema de transporte público, integrado por los recorridos de buses, el metro y las autopistas. Según el mismo Lagos, este plan “formó parte de una política pública que permitió la transformación profunda de la infraestructura de transporte de nuestro país y que requería de urgentes planes y programas para adecuarse a la modernidad”. Esto se realizó por medio de dos ejes: por un lado, continuando el programa de autopistas y, por otro lado, ampliando el Metro de Santiago. Esto último se vio materializado en la construcción de la Línea 4, la extensión de la Línea 2 y la aprobación del Transantiago, buscando facilitar la circulación de mercancías en la ciudad y entre ciudades.

Es a partir de estas medidas, implementadas desde hace más de 150 años en territorio chileno, que se hace comprensible la necesidad que tiene la elite político-empresarial de hacer leyes que maximicen las penas por prácticas de resistencia como las barricadas. Las elites le tienen terror a los “bloqueos”. Y cómo no tenerlo si a través de distintas tácticas de acción directa se ha demostrado su efectividad frente a la circulación del poder. Podemos citar algunos ejemplos: por un lado, el “Paro de microbuseros” del año 2002, cuando el Consejo Superior de Transporte bloqueó las 48 principales intersecciones de Santiago, medida que provocó una paralización de toda la ciudad. Por otro lado, la “Revuelta del 4 de agosto” en el año 2011, en plenas manifestaciones estudiantiles: durante ese día, de madrugada a madrugada, diversas columnas de estudiantes secundarios y universitarios inundaron Santiago de barricadas y dispersaron la protesta en distintos puntos de la ciudad, haciendo inoperante la intervención de la policía. Finalmente, también podemos mencionar las primeras semanas de la insurrección del 18 de octubre, que llevaron a diversos territorios el bloqueo de avenidas y saqueo de infraestructuras, dispersando la revuelta, tanto en el centro como la periferia de las ciudades, volviendo ineficaz el actuar de Carabineros.

¿Qué cosas tienen en común estas tres manifestaciones que pueden parecer tan disímiles? Básicamente, un ejercicio de acción directa que consistió en la diseminación del bloqueo de las principales calles y avenidas de la ciudad. Tal como lo demuestran estos casos, a los que podemos agregar las “Jornadas de Protesta Nacional” durante la administración de A. Pinochet, los aparatos coactivos del Estado no tienen la capacidad de controlar este tipo de prácticas de resistencia. Esto provoca consecuencias inmediatas en los flujos del poder, como hemos visto en los últimos meses: así lo asume el economista José De Gregorio cuando habla del impacto que ha tenido la revuelta de octubre en la economía de este territorio, ya que  “tenemos una paralización bastante masiva de la actividad”, porque “La violencia en las calles no solo ha afectado a grandes empresas, a supermercados, sino también a toda cadena que circula entorno a ello”. Esto es lo que llamamos “fantasmas” de la “infraestructura crítica”: si los flujos del poder son efectivos a través de la “circulación” en el territorio, el bloqueo de estas “venas” y “arterias” implica la formación de “coágulos” que imposibilitan el abastecimiento de los órganos que permiten el funcionamiento del Estado y el Capital.

Barricada en Concepción

En este sentido, como se puede ver, la efectividad de la insurrección frente al poder sólo se logra cuando se disemina a partir de los principios rizomáticos. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando los distintos coágulos insurgentes son múltiples, no responden a un eje genético, pueden conectarse unos con otros y al mismo tiempo sufrir cortes en una parte y recomenzar en otras. En palabras de G. Deleuze, el rizoma “No tiene principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y desborda”. Bajo esta óptica, la diseminación de la insurrección a partir de los principios rizomáticos contrasta con las movilizaciones de figura arborescente, como por ejemplo las “marchas”, una táctica funcional a las relaciones de dominación. Las marchas son consentidas, porque necesitan la autorización del poder; son jerárquicas, porque tienen “cabecillas”; son predeterminadas, porque tienen horarios de inicio y fin; son conducidas, porque transitan por rutas establecidas; son vigiladas, porque van escoltadas por Carabineros; y, finalmente, son reformistas, porque son promovidas por diversas “ideologías de la victimización” que exigen garantías y protección al aparato de Estado. En fin, un anticuado estilo de protesta “más aburrido que la mierda”, como diría CrimethInc.

Bajo esta óptica, la “infraestructura crítica” en sí misma es importante, pero no fundamental para el ejercicio de dominación: para que estos sitios sean operativos necesitan del acoplamiento con sus redes, su aparato circulatorio, que les permitan llevar el poder a cada rincón del Estado. Como hemos visto, la ciudad está organizada, distribuida espacialmente con esos fines. Por estos motivos, si las “venas” y “arterias” de la ciudad son bloqueadas, si presentan “coágulos”, la circulación se detiene, las infraestructuras se aíslan y se vuelven inoperantes, o sea, su poder es desactivado por la población. En este sentido, lo anterior se ha logrado de forma eficiente cuando los bloqueos se diseminan bajo la figura rizomorfa: bloqueando las principales avenidas y calles en distintos puntos, lo que limita el accionar de la policía que se ve sobrepasada cuando la acción directa no tiene un centro o punto fijo que facilite su contención y represión. De esta forma, y tal como se ha insinuado en diversos grados durante los últimos meses, cuando se bloquean los flujos de poder, se desactiva la infraestructura y se territorializa la protesta, aflora el “organizarse”. Hace casi 30 años, H. Bey se preguntaba si ya estábamos condenados/as a nunca experimentar la autonomía y a vivir de la nostalgia, a lo que él mismo respondió: “Creo que extrapolando las historias del pasado y el futuro sobre las ‘islas en la red’ podríamos acumular suficientes evidencias como para afirmar que una especie de ‘enclave libre’ no sólo es en nuestro tiempo posible, sino de hecho ya existente”. Quizás, ya estamos experimentando algo de eso.

Empleadxs de sí mismxs

Recibido el 6 de febrero


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