Autogestión y jerarquía – Cornelius Castoriadis y Daniel Mothé

by • 26 octubre, 2014 • Biblioteca -autor, Castoriadis CorneliusComments (0)1219


Publicado, por primera vez, en el nº 8 de CFDT Aujourd’hui, julio-agosto de 1974

Vivimos en una sociedad cuya organización es jerárquica, y esto en el trabajo, la producción, la empresa; o en la administración, la política, el Estado; o incluso en la educación y la investigación científica. La jerarquía no es una invención de la sociedad moderna. Sus orígenes se remontan muy atrás, por más que no haya existido siempre y que haya habido sociedades no jerárquicas que han funcionado muy bien. Pero en la sociedad moderna, el sistema jerárquico (o, lo que viene a ser más o menos lo mismo, burocrático) se ha convertido en prácticamente universal. Dondequiera que se dé una actividad cualquiera, ésta se organiza conforme al principio jerárquico, y la jerarquía del mando y del poder coincide cada vez más con la jerarquía de los salarios y las rentas. De tal suerte que la gente casi no consigue ya imaginar que podría ser de otra manera y que ellos mismos podrían ser otra cosa distinta de lo que establece su posición en la pirámide jerárquica.

Los defensores del sistema actual intentan justificarlo como el único “lógico”, “racional”, “económico”. Ya hemos intentado demostrar que tales “argumentos” no valen nada y no justifican nada, que son falsos tomados separadamente y contradictorios cuando se los considera en conjunto. Tendremos ocasión de volver a ello más adelante. Mas también se presenta el sistema actual como el único posible, supuestamente impuesto por las necesidades de la producción moderna, por la complejidad de la vida social, la gran escala de todas las actividades, etc. Trataremos de demostrar que esto no es cierto y que la existencia de una jerarquía es radicalmente incompatible con la autogestión.

AUTOGESTIÓN Y JERARQUÍA DE MANDO

La decisión colectiva y el problema de la representación

¿Qué significa, socialmente, el sistema jerárquico? Que una capa de la población dirige la sociedad y las demás no hacen más que ejecutar sus decisiones; y también que dicha capa, al recibir los ingresos más elevados, se beneficia de la producción y del trabajo de la sociedad mucho más que las otras. En pocas palabras, que la sociedad está dividida entre una capa que dispone del poder y de los privilegios y el resto, que ha sido desposeído de ambos. La jerarquización –o burocratización- de todas las actividades sociales no es hoy más que la forma, cada vez más preponderante, de la división de la sociedad. Como tal, es a la vez resultado y causa del conflicto que desgarra a la sociedad.

Si esto es así, resulta ridículo preguntarse: ¿es compatible la autogestión, es compatible el funcionamiento y la existencia de un sistema social autogestionado con el mantenimiento de la jerarquía? Es tanto como preguntarse si la supresión del sistema penitenciario actual es compatible con el mantenimiento de los guardias de prisiones, de sus jefes y de los directores de las cárceles. Pero como es sabido, aquello que no hace falta decir se entiende aun mejor cuando se dice. Tanto más cuanto que, desde hace milenios, se hace penetrar en el espíritu de las gentes desde su más tierna infancia la idea de que es “natural” que unos manden y otros obedezcan, que unos tengan demasiado de lo superfluo y otros no tengan bastante de lo necesario.

Queremos una sociedad autogestionada. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad que se gestiona, es decir que se dirige a sí misma. Pero esto aún debe ser precisado. Una sociedad autogestionada es una sociedad en la que todas las decisiones son tomadas por la colectividad que, en cada ocasión, se ve concernida por el objeto de tales decisiones. Es decir, un sistema en el que aquellos que desarrollan una actividad deciden colectivamente lo que van a hacer y cómo hacerlo, con la única limitación que deriva de su coexistencia con otras unidades colectivas. Así, las decisiones que conciernen a los trabajadores de un taller deben ser tomadas por los trabajadores de ese taller; aquellas que afectan a varios talleres a la vez, deben ser tomadas por el conjunto de los trabajadores afectados o por sus delegados elegidos y revocables; aquellas que conciernen a los habitantes de un barrio, por los habitantes del barrio; y aquellas, en fin, que conciernen a toda la sociedad por la totalidad de las mujeres y los hombres que viven en ella.

Pero ¿qué significa decidir?

Decidir es decidir por uno mismo. No es dejar la decisión en manos de “personas competentes” sometidas a un vago “control”. No es tampoco designar a las personas que van a decidir. No porque la población francesa designe una vez cada cinco años a quienes harán las leyes, hace ella misma las leyes. No porque designe, una vez cada siete años, a quien decidirá la política del país, decide por sí misma esa política. No decide, aliena su poder de decisión en “representantes” que, por eso mismo, no son ni pueden ser sus representantes. Ciertamente, la designación de representantes o de delegados por las diferentes colectividades, así como la existencia de órganos –comités o consejos- formados por tales delegados será, indispensable en una multitud de ocasiones. Pero no será compatible con la autogestión más que si dichos delegados representan verdaderamente a la colectividad de la que emanan, y esto implica que permanezcan sometidos a su poder. Lo cual, a su vez, significa no sólo que esta última los elige, sino también que puede revocarlos cada vez que lo juzgue necesario.

En consecuencia, decir que hay una jerarquía de mando formada por “personas competentes” y, en principio, inamovibles, o decir que hay “representantes” inamovibles durante un período de tiempo determinado (y que, como prueba la experiencia, se transforman en prácticamente inamovibles por siempre jamás), es decir que no hay ni autogestión ni siquiera “gestión democrática”. Lo que equivale, en efecto, a decir que la colectividad está dirigida por gentes para las cuales la dirección de los asuntos comunes se ha convertido en un asunto especializado y exclusivo, y que por derecho y de hecho, escapan al poder de la colectividad.

Decisión colectiva, formación e información

Por otra parte, decidir es decidir con conocimiento de causa. No es ya la colectividad la que decide, incluso si formalmente “vota”, cuando sólo alguno o algunos disponen de las informaciones y definen los criterios a partir de los cuales se toma una decisión. Esto significa que quienes deciden deben disponer de todas las informaciones pertinentes. Pero también que puedan definir por sí mismos los criterios a partir de los cuales deciden. Y para esto, es necesario que dispongan de una formación cada vez más amplia. Ahora bien, una jerarquía de mando implica que quienes deciden poseen –o, más bien, pretenden poseer- el monopolio de las informaciones y de la formación o, en todo caso, que tienen un acceso privilegiado a ellas. La jerarquía se basa en este hecho y tiende constantemente a reproducirlo. Pues, en una organización jerárquica, todas las informaciones ascienden desde la base a la cumbre, pero no descienden de nuevo, ni circulan (de hecho, sí circulan, pero contra las reglas de la organización jerárquica). Del mismo modo, todas las decisiones descienden desde la cumbre hacia la base, a la que sólo le queda ejecutarlas. Y así viene a ser más o menos lo mismo decir que hay jerarquía de mando y decir que esas dos circulaciones se producen cada una en un sentido único: la cumbre recolecta y absorbe todas las informaciones que llegan hasta ella y no redifunde entre los ejecutantes más que el mínimo estrictamente necesario para la ejecución de las órdenes que les dirige y que emanan tan sólo de ella. En una situación semejante, es absurdo pensar que podría haber autogestión, o incluso “gestión democrática”.

¿Cómo se puede decidir si no se dispone de las informaciones necesarias para decidir bien? ¿Y cómo se puede aprender a decidir si uno se limita siempre a ejecutar lo que otros han decidido? Desde el momento en que se instaura una jerarquía de mando, la colectividad se vuelve opaca para sí misma y se produce un enorme despilfarro. Se vuelve opaca porque las informaciones son retenidas en la cumbre. Y se produce un despilfarro porque los trabajadores no informados o mal informados no saben lo que deberían saber para llevar a buen fin su tarea, pero sobre todo porque las capacidades colectivas para dirigirse a sí mismos, así como la inventiva y la iniciativa, formalmente reservadas al mando, resultan bloqueadas e inhibidas en todos los niveles.

Por consiguiente, querer la autogestión –o incluso la “gestión democrática”, si el término democracia no es utilizado con fines puramente decorativos- y querer mantener una jerarquía de mando es una contradicción en los términos. Sería más coherente, en el plano formal, decir como hacen los defensores del sistema actual: la jerarquía de mando es indispensable, luego no puede haber sociedades autogestionadas.

Sólo que esto es falso. Cuando se examinan las funciones de la jerarquía, es decir, para qué sirve, se constata que, en su mayor parte, no tienen sentido y no existen más que en función del sistema social actual, mientras que las demás, aquellas que guardarían un sentido y una utilidad en un sistema social autogestionado, podrían ser fácilmente colectivizadas. No podemos, dentro de los límites de este texto, discutir la cuestión en toda su amplitud. Intentaremos esclarecer algunos aspectos importantes, refiriéndonos sobre todo a la organización de la empresa y de la producción.

Una de las funciones más importantes de la jerarquía actual es la de organizar la coacción. En el trabajo, por ejemplo, ya se trate de talleres u oficinas, una parte esencial de la “actividad” del aparato jerárquico, desde los jefes de equipo hasta la dirección, consiste en vigilar, controlar, sancionar, en imponer directa o indirectamente la “disciplina” y la ejecución conforme a las órdenes recibidas por quienes las tienen que ejecutar. ¿Y por qué es necesario organizar la coacción? ¿Por qué hace falta que haya coacción? Porque en general los trabajadores no manifiestan espontáneamente un entusiasmo desbordante por hacer lo que la dirección quiere que hagan. Y esto ¿por qué? Porque ni su trabajo ni su producto les pertenecen, porque se sienten alienados y explotados, porque no han decidido por sí mismos lo que han de hacer y cómo hacerlo, ni lo que pasará con lo que ya han hecho; en pocas palabras, porque hay un conflicto perpetuo entre los que trabajan y los que dirigen el trabajo de los otros y sacan provecho de él. En suma: es necesario que haya jerarquía para organizar la coacción, y es necesario que haya coacción porque hay división y conflicto, o lo que es lo mismo, porque hay jerarquía.

Más a menudo se presenta la jerarquía como estando ahí para arreglar los conflictos, enmascarando así el hecho de que la existencia de la jerarquía es, en sí misma, fuente de un conflicto perpetuo. Pues mientras haya un sistema jerárquico, se dará, por esa misma razón, el renacimiento continuo de un conflicto radical entre una capa dirigente y privilegiada y las demás categorías, reducidas a roles de ejecución.

Se dice que si no hubiese coacción, no habría ninguna disciplina, que cada cual haría lo que le diera la real gana y que sería el caos. Pero también esto es un sofisma. La cuestión no es saber si hace falta disciplina, o incluso coacción, sino qué disciplina, decidida por quién, controlada por quién, bajo qué formas y con qué fines. Cuanto más ajenos son los fines a los que sirve una disciplina con respecto a las necesidades y los deseos de quienes deben realizarla, tanto más exteriores son las decisiones que atañen a tales fines y las formas de la disciplina, y mayor necesidad de coacción existe para hacer que se respeten.

Una colectividad autogestionada no es una colectividad sin disciplina, sino una colectividad que decide por sí misma sobre su disciplina y, llegado el caso, sobre las sanciones contra aquellos que la violen deliberadamente. Por lo que respecta, en particular, al trabajo, no se puede discutir seriamente la cuestión presentando a la empresa autogestionada como rigurosamente idéntica a la empresa contemporánea, salvo que le hubiésemos quitado el caparazón jerárquico. En la empresa contemporánea se impone a la gente un trabajo que le resulta ajeno y sobre el cual no puede decir nada. Lo asombroso no es que la gente se oponga a él, sino que no se oponga infinitamente más de lo que es habitual. No se puede creer ni por un instante que su actitud frente al trabajo sería la misma si su relación con él se hubiese transformado y hubiesen comenzado a convertirse en sus dueños. Por otro lado, tampoco en la empresa contemporánea hay una sola disciplina, sino dos. Está la disciplina que, a golpes de coacción y de sanciones financieras o de otro tipo, el aparato jerárquico trata constantemente de imponer. Y está la disciplina, mucho menos aparente pero no menos fuerte, que surge en el seno de los grupos de trabajadores de un equipo o de un taller y que hace, por ejemplo, que no sean tolerados quienes hacen demasiado ni quienes no hacen lo bastante. Los grupos humanos no son ni han sido nunca los conglomerados caóticos de individuos movidos únicamente por el egoísmo y en lucha los unos contra los otros que quisieran hacer creer los ideólogos del capitalismo y de la burocracia, y que de este modo no expresan más que su propia mentalidad. En los grupos, y en particular en aquellos que están unidos en una tarea común permanente, surgen siempre normas de comportamiento y una presión colectiva que hace que se respeten.

Autogestión, competencia y decisión

Pasemos ahora a esa otra función esencial de la jerarquía que aparece como independiente de la estructura social contemporánea: las funciones de decisión y de dirección. La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿por qué las colectividades implicadas no podrían cumplir ellas mismas dicha función, dirigirse a sí mismas y decidir por sí mismas? ¿Por qué sería necesaria la existencia de una clase particular de personas, organizadas en un aparato aparte, que decida y que dirija? A esta cuestión, los defensores del sistema actual ofrecen dos tipos de respuesta. La una se sustenta en la invocación al “saber” y a la “competencia”. La otra afirma, con palabras más o menos encubiertas, que en todo caso es necesario que algunos decidan, porque de otro modo sobrevendría el caos, o dicho de otro modo, porque la colectividad sería incapaz de dirigirse a sí misma.

Nadie niega la importancia del saber y de la competencia, ni, sobre todo, el hecho de que hoy en día un cierto saber y una cierta competencia están reservados a una minoría. Pero también en este caso los hechos no son invocados más que para ocultar algunos sofismas. No son en general los que poseen mayor saber y competencia los que dirigen en el sistema actual. Los que dirigen son los que se han mostrado capaces de ascender en el aparato jerárquico o aquellos que, en función de su origen familiar y social, se han encontrado desde el principio en la buena senda, después de haber obtenido algunos diplomas. En ambos casos, la “competencia” exigida para mantenerse o para elevarse en el aparato jerárquico se refiere mucho más a la capacidad de defenderse y de vencer en la concurrencia a la que se libran individuos, camarillas y clanes en el seno de ese mismo aparato que a la aptitud para dirigir un trabajo colectivo. En segundo lugar, no porque alguien o algunos posean un saber o una competencia técnica o científica, es la mejor manera de utilizarlos confiarles la dirección de un conjunto de actividades. Uno puede ser un excelente ingeniero en su especialidad, sin ser capaz, sin embargo, de “dirigir” el conjunto de un departamento en una fábrica. Por otro lado, no hay más que constatar lo que pasa actualmente a este respecto. Técnicos y especialistas están generalmente confinados en su dominio particular. Los “dirigentes” se rodean de algunos consejeros técnicos, obtienen sus opiniones sobre las decisiones que se han de tomar (opiniones que a menudo divergen entre sí) y finalmente “deciden”. Se ve claramente aquí el absurdo del argumento. Si el “dirigente” decidiese en función de su “saber” y de su “competencia”, debería ser experto y competente en todo, sea directamente, sea para decidir, cuál, entre las opiniones divergentes de los especialistas, es la mejor. Esto es evidentemente imposible, así que los dirigentes zanjan de hecho las divergencias arbitrariamente, en función de su “juicio”. Ahora bien, este “juicio” de uno solo no tiene ninguna razón de ser que lo haga más válido que el juicio que se formaría en una colectividad autogestionada a partir de una experiencia real infinitamente más amplia que la de un solo individuo.

Autogestión, especialización y racionalidad

Saber y competencia son, por definición, especializados, y lo son mucho más cada día que pasa. Fuera de su dominio especial, el técnico o el especialista no es más capaz que cualquier otro de tomar una buena decisión. Por lo demás, incluso en el interior de su dominio particular, su punto de vista está fatalmente limitado. Por un lado, ignora los otros dominios, que se encuentran necesariamente en interacción con el suyo, y tiende a descuidarlos. Por eso, tanto en las empresas como en las administraciones actuales, la cuestión de la coordinación “horizontal” de los servicios de dirección es una pesadilla perpetua. Hace ya tiempo que se han creado especialistas de la coordinación para coordinar las actividades de los especialistas de la dirección, que de este modo se reconocen incapaces de dirigirse a sí mismos. Por otro lado y sobre todo, los especialistas emplazados en el aparato de dirección se encuentran, por ese mismo motivo, separados del proceso real de producción, de lo que pasa en él, de las condiciones en las cuales los trabajadores deben efectuar su trabajo. La mayor parte del tiempo, las decisiones tomadas en los despachos, después de sesudos cálculos, perfectos sobre el papel, se demuestran inaplicables tal cual, pues no han tenido suficientemente en cuenta las condiciones reales en las que habrán de ser aplicadas. Ahora bien, tales condiciones reales, por definición, sólo las conoce la colectividad de los trabajadores. Todo el mundo sabe que este hecho es, en las empresas contemporáneas, una fuente de conflictos perpetuos y de un inmenso despilfarro.

Por el contrario, saber y competencia pueden ser racionalmente utilizados si quienes los poseen vuelven a sumergirse en la colectividad de los productores, si se convierten en uno de los componentes de las decisiones que dicha colectividad tendrá que tomar. La autogestión exige la cooperación entre quienes poseen un saber y una competencia particulares y quienes asumen el trabajo productivo en sentido estricto. Es completamente incompatible, pues, con una separación entre estas dos categorías. Sólo si se instaura una cooperación semejante, el saber y la competencia podrán ser plenamente utilizadas; mientras que, hoy en día, no son utilizadas más que por una pequeña parte, pues quienes los poseen están confinados en tareas limitadas, estrechamente circunscritas por la división del trabajo en el interior del aparato de dirección. Además, sólo dicha cooperación puede asegurar que saber y competencia sean puestos efectivamente al servicio de la colectividad y no de fines particulares.

¿Podría desarrollarse tal cooperación sin que surgiesen conflictos entre los “especialistas” y los demás trabajadores? Si un especialista afirma, a partir de su saber especializado, que tal metal, puesto que posee tales propiedades, es el más indicado para tal útil o tal pieza, no se ve por qué ni basándose en qué podría provocar las objeciones gratuitas de los obreros. Por lo demás, incluso en este caso una decisión racional exige que los obreros no sean ajenos a la cuestión; por ejemplo, porque las propiedades del material elegido desempeñan un papel durante la fabricación de las piezas o de los útiles. Pero las decisiones verdaderamente importantes que conciernen a la producción comportan siempre una dimensión esencial relativa al rol y al lugar de los hombres en esa misma producción. A este respecto no existe –por definición- ningún saber ni ninguna competencia que pueda superar el punto de vista de quienes tendrán que efectuar realmente el trabajo. Ninguna organización de una cadena de fabricación o montaje puede ser ni racional ni aceptable si ha sido decidida sin tener en cuenta el punto de vista de quienes trabajarán en ella. Puesto que no se tiene en cuenta, tales decisiones son actualmente casi siempre erradas, y si la producción marcha a pesar de todo, es porque los obreros se organizan entre ellos para hacerla marchar, transgrediendo las reglas y las instrucciones “oficiales” sobre la organización del trabajo. Pero, incluso si las suponemos “racionales” desde el estrecho punto de vista de la eficacia productiva, dichas decisiones son inaceptables precisamente porque están, y no pueden más que estar, exclusivamente basadas en el principio de la “eficacia productiva”. Lo cual quiere decir que tienden a subordinar íntegramente a los trabajadores al proceso de fabricación y a tratarlos como piezas del mecanismo productivo. Ahora bien, esto no se debe a la maldad de la dirección, ni a su estupidez, ni siquiera a la simple búsqueda del beneficio (como prueba que la “Organización del trabajo” es rigurosamente la misma en los países del Este y en los países occidentales), sino que es la consecuencia directa e inevitable de un sistema en el que las decisiones son tomadas por quienes no habrán de realizarlas. Un sistema semejante no puede tener otra “lógica”.

Pero una sociedad autogestionada no puede seguir dicha “lógica”. Su lógica es completamente otra; es la lógica de la liberación de los hombres y de su desarrollo. La colectividad de los trabajadores puede muy bien decidir –y, en nuestra opinión, tendría razón al hacerlo- que, para ella, las jornadas de trabajo menos penosas, menos absurdas, más libres y más felices son infinitamente preferibles a algunos pedazos suplementarios de chucherías. Y para tales elecciones, absolutamente fundamentales, no hay criterio “científico” u “objetivo” que valga; el único criterio es el juicio de la colectividad sobre lo que ella misma prefiere, a partir de su experiencia, de sus necesidades y de sus deseos.

Esto es verdad a la escala de la sociedad entera. Ningún criterio “científico” permite a nadie decidir que es preferible para la sociedad tener, el año próximo, más ocio que consumo o a la inversa, un crecimiento más o menos rápido, etc. Quien dice que tales criterios existen es un ignorante o un impostor. El único criterio que en este ámbito tiene sentido es lo que los hombres y las mujeres que forman la sociedad quieren, y esto sólo ellos, y nadie en su lugar, pueden decidirlo.

AUTOGESTIÓN Y JERARQUÍA DE LOS SALARIOS Y LOS INGRESOS

No hay criterios objetivos que permitan fundamentar una jerarquía de las remuneraciones

Del mismo modo que no es compatible con una jerarquía de mando, una sociedad autogestionada no es compatible con una jerarquía de los salarios y de los ingresos.

Para empezar, la jerarquía de los salarios y los ingresos se corresponde actualmente con la jerarquía de mando –totalmente en los países del Este, y en buena medida en los occidentales-. Lo que hace falta es ver cómo es reclutada dicha jerarquía. El hijo de un rico será un hombre rico, el hijo de un ejecutivo tiene todas las oportunidades para convertirse en ejecutivo. De esta manera y en una amplia medida, las capas que ocupan los estratos superiores de la pirámide se perpetúan hereditariamente. Y esto no se debe al azar. Cualquier sistema social tiende siempre a auto-reproducirse. Si hay clases sociales que tienen privilegios, sus miembros harán todo lo que puedan –y sus privilegios significan precisamente que tienen un poder enorme a este respecto- para transmitirlos a sus descendientes. En la medida en que, en un sistema semejante, tales clases tienen necesidad de “hombres nuevos” –porque los aparatos de dirección se extienden y proliferan-, seleccionan, entre los descendientes de las clases “inferiores”, a los más aptos para cooptarlos en sus filas. En la misma medida, puede parecer que el “trabajo” y las “capacidades” de quienes han sido cooptados han desempeñado un papel en su carrera, que recompensa su “mérito”. Pero, una vez más, “capacidades” y “mérito” significan aquí esencialmente la capacidad para adaptarse al sistema dominante y mejor servirlo. Tales capacidades no tienen sentido para una sociedad autogestionada, ni desde su punto de vista.

Ciertamente la gente puede pensar que, incluso en una sociedad autogestionada, los individuos más valerosos, los más tenaces, los más trabajadores, los más “competentes”, deberían tener derecho a una “recompensa” particular, y que dicha recompensa debería ser financiera. Y esto alimenta la ilusión de que podría haber en ella una jerarquía de ingresos que estuviese justificada.

Tal ilusión no resiste al examen. Igual que en el sistema actual, no resulta posible ver sobre qué podrían fundamentarse lógicamente y justificar de manera calculada las diferencias de remuneración. ¿Por qué tal competencia debería valerle a su posesor unos ingresos cuatro veces mayor que a otro, y no diez o doce? ¿Qué sentido tiene afirmar que la competencia de un buen cirujano vale exactamente lo mismo –o más, o menos- que la de un buen ingeniero? ¿Y por qué no vale exactamente lo mismo que la de un buen conductor de trenes o la de un buen maestro?

Fuera de algunos ámbitos muy estrechos y privados de significación general, no hay criterios objetivos para medir y comparar entre sí las competencias, los conocimientos y el saber de individuos diferentes. Y si es la sociedad la que soporta los gastos de adquisición de un saber determinado por un individuo –como ya es prácticamente el caso-, no se ve por qué ese individuo, que ya se ha beneficiado una vez del privilegio que dicha adquisición constituye en sí misma, debería beneficiarse una segunda vez en la forma de unos ingresos superiores. Lo mismo vale, por lo demás, para el “mérito” y la “inteligencia”. Hay sin duda individuos que nacen más dotados que otros para realizar ciertas actividades, o bien llegan a estar más dotados. Tales diferencias son, en general, reducidas y su desarrollo depende sobre todo del medio familiar, social y educativo. Pero, en cualquier caso, en la medida en que uno tiene un “don”, el ejercicio de ese “don” es en sí mismo una fuente de placer si no se ve coartado. Y para los escasos individuos que están excepcionalmente dotados, lo que importa no es una “recompensa” financiera, sino crear lo que irresistiblemente se ven empujados a crear. Si Einstein hubiese estado interesado por el dinero, no habría llegado a ser Einstein, y es probable que, como patrón o financiero, hubiera resultado bastante mediocre.

En ocasiones se resalta ese argumento increíble que dice que, sin una jerarquía de salarios, la sociedad no podría encontrar a personas que aceptasen cumplir las funciones más difíciles, y se presenta como tales las del ejecutivo, el dirigente, etc. Es conocida la frase que repiten a menudo los “responsables”: “si todo el mundo gana lo mismo, yo prefiero coger la escoba”. Pero en países como Suecia, donde las diferencias de salario son ahora mucho menores que en Francia, las empresas no funcionan peor y nadie ha visto que los ejecutivos se abalancen sobre las escobas.

Lo que se constata cada vez más en los países industrializados es más bien lo contrario: las personas que abandonan las empresas son aquellas que ocupan los empleos verdaderamente más difíciles; es decir, los más penosos y los menos interesantes. Y el aumento de los salarios del personal correspondiente no consigue detener la hemorragia. Por esa razón, tales trabajos se van dejando cada vez más para la mano de obra inmigrante. Es un fenómeno que se explica si se reconoce la siguiente evidencia: que a no ser que se vea obligada por la miseria, la gente rehúsa cada vez más emplearse en trabajos idiotas. Jamás se ha constatado el fenómeno inverso, y podemos apostar a que continuará siendo así. Llegamos, pues, a la conclusión, conforme a la lógica misma de este argumento, de que son los trabajos más interesantes los que deberían estar peor remunerados, ya que, bajo cualquier condición, son éstos los trabajos más atrayentes para la gente; es decir, que la motivación para elegirlos y desempeñarlos se encuentra ya, en gran medida, en la propia naturaleza del trabajo.

Autogestión, motivación en el trabajo y producción para las necesidades

Pero ¿adónde conducen finalmente todos los argumentos que pretenden justificar la jerarquía en una sociedad autogestionada? ¿Cuál es la idea oculta que les sirve de fundamento? Que la gente no elige un trabajo y lo lleva a cabo más que para ganar más dinero que los otros. Pero esto, que se presenta como una verdad eterna que concierne a la naturaleza humana, no es en realidad más que la mentalidad capitalista que, en mayor o menor medida, ha penetrado en la sociedad (y que, como demuestra la persistencia de la jerarquía de salarios en los países del Este, sigue siendo dominante también en éstos). Ahora bien, tal mentalidad es una de las condiciones para que el sistema actual exista y se perpetúe; e, inversamente, no puede existir a menos que dicho sistema se mantenga. La gente atribuye importancia a las diferencias en los ingresos porque tales diferencias existen y porque, en el sistema social actual, son consideradas importantes. Si uno puede ganar un millón al mes, en lugar de cien mil francos, y si el sistema social alimenta por todos los medios la idea de que quien gana un millón vale más, es mejor que quien no gana más que cien mil francos, entonces, en efecto, mucha gente (aunque no toda, ni siquiera hoy) se verá motivada a hacer cualquier cosa para ganar un millón en lugar de cien mil francos. Pero si una diferencia semejante no existe en el sistema social; si se considera tan absurdo querer ganar más que los demás como hoy consideramos (al menos, la mayor parte de nosotros) querer a todo precio que una partícula preceda al apellido, entonces otras motivaciones, que, éstas sí, tienen un valor social auténtico, podrán hacer su aparición o, mejor dicho, eclosionar: el interés por el trabajo en sí mismo, el placer de hacer bien lo que uno mismo ha elegido hacer, la invención, la creatividad, la estima y el reconocimiento de los otros. Inversamente, mientras la miserable motivación económica siga ahí, todas estas otras motivaciones quedarán atrofiadas y deformadas desde la infancia de los individuos.

Pues cualquier sistema jerárquico se basa en la concurrencia de los individuos y en la lucha de todos contra todos. Dirige constantemente a los hombres los unos contra los otros y los incita a utilizar todos los medios para “ascender”. Presentar la concurrencia cruel y sórdida que se desarrolla en la jerarquía del poder, del mando, de los ingresos, como una “competición” deportiva en la que los “mejores” ganan en un juego limpio, es tomar a la gente por imbécil y creer que no ven cómo pasan las cosas realmente en un sistema jerárquico, ya sea en la fábrica, en los despachos, en la universidad, e incluso, cada vez más, en la investigación científica, desde el momento en que ésta se ha convertido en una inmensa empresa burocrática. La existencia de la jerarquía se basa en la lucha sin misericordia de cada uno contra todos los demás, y exacerba tal lucha. Ésta es la razón, por otra parte, por la que la jungla se hace cada vez más despiadada a medida que uno asciende en los escalones de la jerarquía, y por la cual no se encuentra cooperación más que en la base, donde las posibilidades de “promoción” son escasas o inexistentes. La introducción artificial de diferenciaciones en este nivel por la dirección de las empresas pretende precisamente romper dicha cooperación. Ahora bien, desde el momento en que haya privilegios de cualquier naturaleza, pero en particular de naturaleza económica, inmediatamente renacerá la concurrencia entre los individuos, y al mismo tiempo la tendencia a aferrarse a los privilegios que ya se poseen y, con este fin, a intentar también adquirir mayor poder y a sustraerlo al control de los otros. Desde ese momento mismo, ya no puede hablarse de autogestión.

Finalmente, una jerarquía de los salarios y de los ingresos es asimismo incompatible con una organización racional de la economía en una sociedad autogestionada. Pues una jerarquía semejante falsifica inmediata y gravemente la expresión de la demanda social.

Una organización racional de la economía en una sociedad autogestionada implica, en efecto, que, mientras los objetos y los servicios producidos por la sociedad sigan teniendo un “precio” –mientras no se puedan distribuir libremente- y mientras, en consecuencia, exista un “mercado” para los bienes de consumo individual, la producción esté orientada por las indicaciones de ese mercado, es decir, por la demanda solvente de los consumidores. Pues no hay, para comenzar, otro sistema defendible. Contrariamente a lo que dice un eslogan reciente, al que no podemos dar nuestra aprobación más que metafóricamente, no es posible ofrecer a todos “todo y a toda prisa”. Sería absurdo, por otro lado, limitar el consumo mediante racionamiento autoritario, lo que equivaldría a una tiranía intolerable y estúpida sobre las preferencias de cada cual: ¿por qué distribuir entre todos un disco y cuatro entradas para el cine cuando hay gentes que prefieren la música a las imágenes, y otros lo contrario, y eso sin hablar de los sordos y de los ciegos? Pero un “mercado” de bienes de consumo individual no es verdaderamente defendible más que si es verdaderamente democrático; a saber, si las papeletas de voto de cada uno tienen en él el mismo peso. Tales papeletas de voto son los ingresos de cada cual. Si los ingresos son desiguales, el voto queda inmediatamente trucado: hay personas cuya voz cuenta mucho más que la de los demás. Así, hoy en día, el “voto” del rico por una villa en la Costa Azul o por un avión particular pesa mucho más que el voto de quien vive en una infravivienda por una vivienda decente, o el de un peón por un viaje en tren en segunda clase. Y es preciso darse cuenta de que el impacto de la distribución desigual de los ingresos sobre la estructura de la producción de bienes de consumo es inmenso.

Un ejemplo aritmético que no pretende ser riguroso, pero que está cercano a la realidad en orden de magnitud, permite ilustrar lo anterior. Si suponemos que podría agruparse al 80% de la población francesa con los ingresos más bajos en torno a una media de 20000 francos por año después de impuestos (los ingresos más bajos en Francia, que corresponden a una categoría muy numerosa, los viejos sin pensión o con una pensión muy pequeña, son muy inferiores con diferencia al SMIP) y al 20% restante en torno a una media de 80000 francos por año después de impuestos, vemos, mediante un cálculo simple, que estas dos categorías se repartirían a medias el ingreso disponible para el consumo. En estas condiciones, una quinta parte de la población dispondría de tanto poder adquisitivo como los otros cuatro quintos. Esto quiere decir también que alrededor del 35% de la producción de bienes de consumo del país está exclusivamente orientado por la demanda del grupo más favorecido y destinado a su satisfacción, después de la satisfacción de las necesidades “elementales” de ese mismo grupo; o dicho de otro modo, que el 30% de todas las personas empleadas trabajan para satisfacer las “necesidades” no esenciales de las categorías más favorecidas (dando por supuesto que la relación consumo / inversión es de 4 a 1, que es a groso modo el orden de magnitud observado en la realidad).

Vemos, pues, que la orientación de la producción que el “mercado” impondría en estas condiciones no reflejaría las necesidades de la sociedad, sino una imagen deformada en la cual el consumo no esencial de las clases favorecidas tendría un peso desproporcionado. Es difícil creer que, en una sociedad autogestionada, en la que estos hechos serían conocidos por todos con exactitud y precisión, la gente toleraría una situación semejante; o que podría, en tales condiciones, considerar la producción como su propia labor y sentirse concernida por ella; sin lo cual, dicho sea en una aparte, no puede hablarse en ningún momento de autogestión.

La supresión de la jerarquía de salarios es, pues, el único medio de orientar la producción hacia las necesidades de la colectividad, de eliminar la lucha de todos contra todos y la mentalidad económica y de permitir la participación interesada, en el verdadero sentido del término, de todos los hombres y mujeres en la gestión de los asuntos de la colectividad.

  Edición digital de la Fundación Andreu Nin, 2011
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